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lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 03:24

MAS plantea autonomía plena desde el 1 de junio

Propuesta. El traspaso de las competencias será inmediato

CÁMARA DE SENADORES. El ministro Carlos Romero informó ayer en una audiencia pública los alcances de la Ley Transitoria de Autonomías.

/ 14 de mayo de 2010 / 05:00

El proyecto de Ley Transitoria para las Autonomías que aprobó el oficialismo plantea que los gobiernos departamentales podrán hacer uso de sus 36 atribuciones exclusivas inmediatamente se constituyan las asambleas departamentales, lo que ocurrirá el 30 de mayo.

El documento, titulado «Proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de la Autonomía Regional del Chaco», determina además que las asambleas departamentales podrán empezar a legislar en el ámbito de las competencias exclusivas que se encuentran definidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

« Los gobiernos autónomos departamentales ejercerán las competencias exclusivas expresamente establecidas en el artículo 300 de la Constitución Política del Estado. Las asambleas departamentales ejercerán directamente su facultad legislativa en el ámbito de sus competencias exclusivas», señala uno de los artículos del proyecto, que será enviado al Legislativo.

COMPETENCIAS. La CPE fija 36 competencias exclusivas para los gobiernos departamentales, entre ellas «la creación y la administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales  o municipales» (Inc. 22 del Art. 300).

También son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales: la convocatoria a referendos departamentales, la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, la otorgación de personería jurídica a organizaciones sociales y ONG, la expropiación de inmuebles «por razones de utilidad y necesidad pública» y la promoción de la inversión privada en la región.

MECANISMO. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que la idea inicial era optar por la transferencia progresiva de competencias en función de lo que definan los estatutos autonómicos, pero esa vía habría implicado un retraso de al menos un año.

«Entonces, lo que estamos haciendo en la ley transitoria es traspasar de manera directa las competencias ejecutivas y legislativas exclusivas de las asambleas, y esto tiene una gran connotación jurídico-política porque representa el ejercicio de la potestad legislativa de las autonomías, que es la esencia de los gobiernos autonómicos», señaló la autoridad.

Dijo además que esto «le permitirá a las asambleas departamentales definir la agenda política de sus regiones, porque podrán asumir iniciativas para proyectar políticas públicas».

Insistió en que este es «un gran salto» para el funcionamiento de las autonomías «porque no va a supeditar el ejercicio de las competencias a la Ley Marco de Autonomías, ni siquiera a los estatutos autonómicos».

El proyecto de ley consta de seis capítulos y 16 artículos, en los cuales se define un marco jurídico base para la organización y funcionamiento de los gobiernos autónomos departamentales y la Asamblea del Chaco.

El caso del Chaco

El proyecto define que la Asamblea del Chaco aprobará por 2/3 el estatuto que se someterá a referéndum y que los ejecutivos seccionales de desarrollo ejercerán las labores del subprefecto de Yacuiba y los corregidores de Villamontes y Caraparí.

Romero no ve necesidad de diálogo

A pesar de que el vicepresidente Álvaro García lo anunciara, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, informó ayer que no convocará a los gobernadores para socializar la ley de transición a las autonomías.

«Antes que entrar en un proceso de concertación, no consideramos que  haya temas que sean necesariamente de concertación porque son temas en lo fundamental administrativos y económicos que no requieren mayor reparo», afirmó Romero.

Un día antes, García anunció lo contrario. «El presidente Evo Morales ha encargado al Ministro de Autonomías reunirse, en los siguientes días, con las autoridades electas para explicar los contenidos de este proyecto de ley», sostuvo.

Consultado sobre el tema, Romero insistió en que esta posibilidad no estaba contemplada. «No hemos previsto una convocatoria».

El contenido del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de la Asamblea Regional del Chaco fue explicado ayer a los legisladores.

Esta norma establece, entre otros aspectos, la transferencia directa de competencias exclusivas a las gobernaciones.

Esta norma regirá  a partir del 30 de mayo, fecha en la que los gobernadores serán posesionados en sus cargos.

El proyecto

1.- Presupuesto
Autoriza a los gobiernos departamentales » incrementar excepcionalmente y por única vez, hasta el 2% el presupuesto destinado al gasto de funcionamiento, a objeto de garantizar con este porcentaje» las actividades administrativas de la Asamblea.
2.- Continuidad
El proyecto de ley también determina que «los gobiernos autónomos departamentales deberán dar continuidad a los programas y proyectos de inversión enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo en el marco de la normativa legal vigente».
3.- Reglamento
En tanto la Asamblea Departamental no cuente con reglamento de debates, señala que aplicará exclusivamente para sus deliberaciones, sus sesiones preparatorias como para elaborar su reglamento, el reglamento de debates de la Cámara de Diputados.
4.- Auditoría
Determina además que en un plazo no mayor de 30 días calendario computables a partir de la fecha de entrega de estados financieros de cierre, los gobiernos autónomos instruirán el inicio de auditorías a las transferencias de bienes y recursos humanos.
5.- Transmisión
Los prefectos convocarán a la última sesión de los consejos departamentales para el 21 de mayo y designarán delegados para el proceso de transición. Las asambleas departamentales se reunirán en las capitales de departamento cinco días antes de su instalación.
6.- Juramento
«El 30 de mayo de 2010 el Presidente del Estado Plurinacional tomará juramento de posesión a las gobernadores o gobernadores, en acto oficial a programarse para el efecto», señala uno de los artículos del proyecto de ley de transición. Las nuevas autoridades comenzarán a gobernar desde el 1 de junio.

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El Procurador asegura que los datos de la revisión de actas serán ‘enrostrados’ a la OEA

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que los resultados de la revisión de las actas electorales de 2019 también tendrán efectos legales

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 17 de octubre de 2021 / 12:52

Los resultados de la revisión de las actas electorales de las elecciones anuladas de 2019 tendrán efectos legales y serán “enrostrados” a la Organización de Estados Americanos (OEA) para demostrarles que no hubo fraude electoral, aseguró el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

El viernes, y tras una semana de trabajo, acabó la revisión de las actas electorales con la conclusión de que no hubo fraude electoral porque no se encontró ninguna alteración de las actas.

“Este análisis va a tener efectos legales, se lo hará valer en las causas abiertas en contra de exautoridades y personas por el supuesto fraude electoral. Por otro lado, nos va a servir como un dato para poder enrostrar a la OEA y a quienes han indicado que ha habido fraude de que no ha existido”, explicó en una entrevista en medios estatales.

Las elecciones de 2019 fueron anuladas como consecuencia de las denuncias de irregularidades de la OEA, y se procesó a las exautoridades electorales. La Fiscalía no encontró pruebas del fraude y archivó las denuncias. Se convocó a nuevas justas para 2020 que ganó el presidente Luis Arce con más del 55% de la preferencia electoral.

La crisis que se vivía en 2019, protagonizada por cívicos, fue alentada por denuncias de fraude electoral, que luego fueron respaldadas por la OEA.

Chávez aseguró que la revisión demostró la inexistencia de irregularidades en las actas de votos.

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Novillo: ‘Vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado y paralizado’

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que “grupos de poder” están sumando demandas para generar conflictividad, en alusión a la decisión del bloque de oposición política-cívica de sumarse a protestas y paros

Ministro Edmundo Novillo. Foto de archivo: APG.

/ 17 de octubre de 2021 / 12:11

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que el Gobierno “evitará por todos los medios” que se paralice al país “utilizando banderas artificiales”, en alusión a la demanda de gremiales y el bloque de oposición política-cívica.

“Vamos a ser muy firmes en el marco de la Constitución y las leyes y en la institucionalidad del estado de Derecho, vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado y paralizado, víctima de estos grupos de poder que usan a sectores con falacias”, aseguró.

En entrevista con el canal estatal, Novillo afirmó que los comités cívicos del país se han convertido en operarios de actores que tienen “intereses obscuros” en torno al rechazo a ciertas normativas.

El gobierno decidió retirar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas debido a los conflictos que generó su tratamiento en el Legislativo. El pasado lunes, los comités cívicos y otros sectores de oposición cumplieron un paro cívico convocado por gremialistas. 

Sin embargo, luego de que se anunciara el retiro del proyecto, surgió la iniciativa de derogar la vigente Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y su Anexo y oras cuatro.

En un pronunciamiento conjunto, Comunidad Ciudadana, Creemos, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz determinaron movilizarse “hasta lograr la abrogación” de esas normas, además de otras exigencias como la liberación de “presos políticos”, el cese de la persecución política y la renovación de autoridades judiciales y fiscales.

“Al retirar esta ley (el proyecto) el pueblo debe darse cuenta que el problema no es la ley, no es el objetivo, es una bandera engañosa, en el fondo lo que se pretende es que los grupos económicos de poder, desde los comités cívicos están sumando a otros sectores con falacias, (ahora) se plantea el retito de esta ley y la derogatoria de otras cuatro leyes, hay una acción conspirativa que lleva a desestabilizar la economía”, advirtió Novillo.

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Bloque de oposición política y cívica se une a exigencia de gremiales y suma demandas

Los partidos políticos del expresidente Carlos Mesa y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, además del Comité pro Santa Cruz y el Conade, se suman al paro

/ 16 de octubre de 2021 / 19:45

Como lo hizo el anterior lunes, el bloque de unidad político-cívico decidió sumarse a la demanda de los gremiales para anulación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y su anexo, así como otro paquete de normas vigentes o en trámite que, sostiene un comunicado, afecten los derechos ciudadanos.

Este bloque fue constituido en Santa Cruz y lo conforman comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). Este sábado emitieron el comunicado que lleva la firma de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, el Conade y el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo. Para ello, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno, que corre desde el lunes; caso contrario, se realizará un paro desde el jueves.

El bloque decide “sumarse de forma pacífica, activa y movilizada a esta protesta contra el gobierno nacional, hasta lograr la abrogación de la Ley N° 1386 y su Anexo, así como la anulación de los oficios e instructivos que han anticipado la aplicación del proyecto de Ley N° 218, que fue retirado por el gobierno de su tratamiento legislativo” (sic), establece el documento.

El Gobierno retiró el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como exigían los gremiales, a los que se sumó este bloque de oposición. Sin embargo, como lo hicieron el lunes, reiteraron que hay un paquete de leyes en vigencia o en proceso que deben ser anuladas, además exigen el cese de la persecución política, la libertad de “presos políticos” y la renovación de autoridades de judiciales y fiscales.

“Alertamos a la ciudadanía que existen otras leyes, algunas promulgadas y otras en proyecto, que contienen disposiciones para la instauración por parte del gobierno nacional de un Estado policiaco, que quiere que la represión contra los ciudadanos sea la regla y el ejercicio de nuestros derechos y libertades la excepción. Dichas leyes son: ‘Ley de Emergencia Sanitaria’, ‘Ley del Registro de Comercio’, ‘Ley de Ascensos de la Policía Boliviana’, ‘Ley de Estadísticas Oficiales’, ‘Anteproyecto de Ley de Ascensos en las Fuerzas Armadas’, ‘Anteproyecto de Ley de Derechos Reales’, entre las más importantes”, enumera el documento.

También exigen la “restitución de los dos tercios en todos aquellos artículos de los reglamentos de las dos Cámaras que fueron suprimidos”.

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Áñez le dice a Arce que su gobierno fue constitucional con una ley de la Asamblea y una declaración del TCP

La expresidenta Jeanine Áñez se declaró presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada”.

La expresidenta Jeanine Áñez está detenida desde marzo. Foto: APG

/ 16 de octubre de 2021 / 12:59

En una carta dirigida al presidente Luis Arce, la expresidenta Jeanine Áñez defiende la constitucionalidad de su mandato transitorio sobre la base de una ley y la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró constitucional la ampliación del mandato de las autoridades electas.

“Las arbitrariedades de su Gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como Presidenta Constitucional, un absurdo inconcebible porque mi mandato se ejerció en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución respecto a la sucesión constitucional, además refrendado por la Declaración Constitucional Plurinacional Nº 001/2020 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 15 de enero de 2020 y la Ley Nº 1270 de 20 de enero de 2020. Mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional –integrada en más de dos tercios de sus miembros por parlamentarios de su partido- ratificó la constitucionalidad de mi mandato”, se lee en la nota manuscrita y también transcrita en computadora.

El control constitucional declaró constitucional la ley excepcional de prórroga de mandato de la presidenta, de los asambleístas nacionales y de autoridades electas de las entidades territoriales autónomas. 

Este viernes, a través de la Sentencia Constitucional 052/2021 del 29 de septiembre de este año, determinó que la sucesión presidencial ipso facto no alcanza a los titulares de las cámaras legislativas. Así, puso en cuestión la legalidad de la presidencia de Áñez.

El tribunal consideró que en la crisis poselectoral de 2019, tras las renuncias del entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Diputados, Víctor Borda y Senadores, Adriana Salvatierra, no hubo la figura de vacío de poder.

Áñez está detenida de manera preventiva desde hace siete meses a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en el caso conocido como golpe de Estado.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” del alto mando de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez.

En la carta publicada por su familia en sus redes sociales, la expresidenta denunció que personeros del Ministerio de la Presidencia, de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado, “junto a los administradores de justicia, cometen abuso de autoridad a través de continuas y reiteradas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, con el único afán de humillarme y maltratarme de las formas más bajas y crueles”.

Hace un llamado a la reflexión a Arce y a “la reconducción de las acciones ilegítimas e ilegales, abusivas y tortuosas”.

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Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo Wilfredo Chávez

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:14

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en 2019 no existió fraude electoral. El informe final será puesto a disposición de la ciudadanía, informó el procurador Wilfredo Chávez.

“En conclusión final, podemos decir al pueblo boliviano que el único engañado de todo ese proceso ha sido infelizmente el pueblo, la única burlada ha sido la democracia que la hemos recuperado en las elecciones de 2020”, afirmó Chávez, en el acto de cierre de la revisión de las actas, cuyo trabajo comenzó el lunes y estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, puntualizó.

Fueron revisadas 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales de 2019. Chávez afirmó que criticará y observará el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que existió “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo y criticó la ausencia de la oposición en la verificación de las actas.

La OEA denunció que la “manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Observó también irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. “El informe detalla además un significativo número de errores e indicios”.

Chávez precisó que la revisión de las actas arrojó “datos interesantes” sobre la participación de delegados de mesa, sobre todo porque éstos podrían haber denunciado alteración de datos u otras irregularidades, “eso no lo han hecho porque no era cierto”, indicó.

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