El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, aseguró que el expresidente no tiene la obligación de presentarse a declarar en el caso Golpe de Estado I. Argumentó que la citación forma parte de una estrategia para dilatar el proceso y generar confusión en la opinión pública.

En entrevista con La Razón Radio, el jurista explicó que el momento procesal para probar la acusación ya pasó. “Nosotros nos ratificamos en la aclaración de que no corresponde ni la citación Evo Morales, ni la aprehensión, ni mucho menos que se presente en este proceso en el que ya está comprobada la comisión y solamente deben entrar a una fase de alegatos y culminar”, sostuvo.

Añadió que la citación de Morales, del actual presidente Luis Arce y de otras exautoridades es un intento de distracción por parte del gobierno para desviar la atención de la crisis económica.

Además, argumentó que no tiene sentido la convocatoria de Arce al no haber sido participe de la investigación, la acusación y “no tiene por qué participar en la fase final de este juicio oral”.

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El martes se conoció el comparendo judicial que convoca al expresidente Morales, además del actual presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presenten a declarar el lunes 31 de marzo.

El juez advirtió que en caso de “incomparecencia” se emitirá la correspondiente orden de aprehensión “en su contra”.

Ante la advertencia del juez, Cox afirmó que el equipo jurídico tiene mecanismos para evitar cualquier acción en contra de Morales.

Morales enfrenta al menos 14 procesos judiciales, según su abogado, todos supuestamente promovidos por el gobierno con fines políticos

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty presentó una querella contra los políticos que “promovieron” la renuncia de Morales en noviembre de 2019, al que se denominó como Golpe de Estado I.

Entre los imputados están Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, exjefes policiales y militares, quienes jugaron un papel particular en la crisis tras las elecciones de octubre de 2019, calificadas de “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este miércoles, el presidente Luis Arce anunció que el Gobierno se declaró en emergencia nacional, debido al intenso periodo de precipitaciones que afecta a todos los departamentos del país y a más de 200 municipios.

“Se ha evaluado todo lo que ha estado pasando, se han realizado mesas técnicas para llegar a la conclusión que, en vista de todo lo que está ocurriendo, estos desastres naturales nos están exigiendo la declaración de situación de emergencia nacional”, informó el Presidente en conferencia de prensa.

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Emergencia

De acuerdo con Arce, esta medida permitirá que se pueda “agilizar” la respuesta y la atención a los afectados, a través de compras extraordinarias y gestión de nuevos créditos de financiamiento externo, además de movilizar mayor personal a las regiones afectadas y preparar un plan posterior a las inundaciones.

El Presidente señaló que Beni se declaró en desastre departamental, mientras que Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca activaron la emergencia departamental.

Según el último reporte, la temporada de lluvias afecta a 209 municipios, 378.885 familias afectadas, 2.596 viviendas afectadas y 818 fueron totalmente arrasadas por las inundaciones y precipitaciones. Además, las pérdidas humanas ascienden a 51, número que podría incrementar en caso de confirmarse el fallecimiento de otras ocho personas desaparecidas.

Arce afirmó que, una vez se tenga controlada la situación, se evaluará cómo realizar la reconstrucción de todas las viviendas destruidas.

De acuerdo con el Mandatario, el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi) reportó que estas lluvias intensas y precipitadas, que golpean al país desde noviembre de 2024, no se habían visto en 40 años, por lo que el país se encuentra atravesando un momento complicado.

Asimismo, anunció que el próximo lunes se realizará una reunión con los gobernadores para poder coordinar las acciones entre las gobernaciones, alcaldías y el Gobierno central.

“Estamos convocando a un Consejo Nacional de Autonomías extraordinario para poder evaluar, mucho más detenidamente, cómo el Gobierno puede ayudar a responder las necesidades de mucha gente”, indicó el Mandatario.

Arce aseguró que el Gobierno está respondiendo a todas las inclemencias del clima y no abandonará las familias que se encuentran atravesando “esta situación lamentable”.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, señaló que el Órgano Electoral deberá pagar al exembajador Diego Pary alrededor de Bs 1,3 millones por su inhabilitación como candidato a senador en el proceso electoral de 2020.

“Hace poco se pronunció el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) y señala que tenemos que pagarle daños y perjuicios. Estaría rondando 1.300.000 bolivianos que hay que pagarle a Diego Pary porque se le habría vulnerado su derecho de no participar en la elección presidencial 2020 en su calidad de senador”, indicó el vocal electoral a Cadena A.

Ya en octubre de 2024, el TCP se pronunció en favor de Pary y ordenó indemnizarlo por daños, perjuicios, costas, gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas.

En febrero de 2020, el TSE inhabilitó la candidatura de Pary a primer senador por el departamento de Potosí. Lo mismo pasó con el expresidente Evo Morales, que iba como candidato a primer senador por Cochabamba. 

Entonces, el TSE estaba presidido por el vocal Salvador Romero. El exembajador calificó su inhabilitación como una “decisión política”.

Ante la primera decisión de su inhabilitación, Pary presentó un “recurso extraordinario de revisión” ante el TSE con el objetivo de revertir su inhabilitación, pero Romero ratificó su decisión.

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Tahuichi justificó la inhabilitación e indicó que Pary no “cumplía” los requisitos de residencia porque éste estaba registrado en La Paz y no en Potosí.

“Quiero recordar que la normativa electoral señala que para ser candidato a senador o diputado es haber residido en la circunscripción a la que se postula. Históricamente, por jurisprudencia, siempre hemos cotejado ese dato mediante el certificado de domicilio electoral. El señor Diego Pary presentó un domicilio electoral con residencia en la ciudad de La Paz, en Alto Obrajes, y por ese efecto fue aquella vez inhabilitado”, dijo.

Pary fue canciller en la última parte de la gestión presidencial de Evo Morales y este último estaba de embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, advirtió de la renuncia de “algunos” vocales electorales ante la “incertidumbre” y falta de aprobación de leyes electorales en la Asamblea Legislativa ante el inicio del calendario electoral.

“Cuidado que existan algunas renuncias de algunos vocales (del TSE). Estamos en un absoluto proceso de incertidumbre (y) lo que están buscando es que los vocales, de verdad, repensemos nuestra actuación en este proceso electoral”, dijo el vocal.

Tahuichi reiteró que, si no se cumple el acuerdo suscrito en el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del 17 febrero hasta la emisión del calendario electoral, el 2 de abril, se ingresará a un escenario de “incertidumbre y con enormes riesgos” en el proceso electoral.

Indicó que uno de los riesgos es que pueda existir una disposición de un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que pueda paralizar o prorrogar esta elección presidencial.

Está en riesgo de que no se apruebe “el proyecto de ley de preclusión electoral”, por lo que “hacemos este llamado a la conciencia de los diputados y senadores para que le demos certidumbre”, afirmó.

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Y añadió: “Es bien conocido, los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirlos y eso podría suceder”.

El pedido de Tahuichi también está dirigido a la incorporación mediante una ley a los vocales del TSE a la Ley 044, sobre juicio de responsabilidades, para garantizar su independencia.

“Queremos tener certidumbre, queremos tener seguridad jurídica en nuestras funciones. Si no se aprobara la ley, no vamos a esperar sus ganas. Que quede claro, vamos a ir con todo el civismo, con todo el coraje de los vocales, a esta elección presidencial 2025. Eso sí, crujiendo los dientes, a ver qué es lo que pasa”.

La autoridad electoral señaló que el proceso electoral no solo empieza la siguiente semana, sino que desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril se arrancó con el empadronamiento permanente de lunes a domingo, de 8.30 a 16.30.

El senador evista Luis Adolfo Flores señaló el martes que algunos proyectos de ley que tienen su origen en el Órgano Electoral serán debatidos, aunque —dijo— esto no implica necesariamente su aprobación.

“La inclusión de los vocales a la Ley 044 no creo que sea necesario. Están intentando no ser procesados. La impunidad es lo que se quiere en caso que cometan algún delito. No voy a aprobar la impunidad de personas que están planificando cometer delitos en Bolivia”, dijo.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista, Renán Cabezas, afirmó que el expresidente Evo Morales no saldrá del Trópico de Cochabamba por determinación de sus bases luego de que la justicia lo convocó para que declare como testigo en el caso Golpe de Estado I. 

“Por una determinación orgánica, Evo Morales se va a quedar en Lauca Ñ custodiado. Vamos a defender la soberanía del Estado, (porque) esas son intenciones extranjeras (de detenerlo). En realidad, es la embajada americana la que quiere que sea apresado”, señaló el legislador.

Además, argumentó que la aprehensión de Morales está dirigida a “intereses económicos” e indicó que por esa razón la justicia se presta “a ese juego” en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno.

Según el asambleísta, el comparendo judicial busca que Morales salga del Trópico para ser aprehendido con fines políticos. “Es una acción política”.

El martes se conoció el comparendo judicial que convoca al expresidente Morales, además del actual presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presenten a declarar el lunes 31 de marzo.

El juez advirtió que en caso de “incomparecencia” se emitirá la correspondiente orden de aprehensión “en su contra”.

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El abogado Martín Camacho, defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, aclaró que, ante la no presentación de un testigo sin justificativo, la justicia deberá librar un mandamiento de aprehensión con la única finalidad de que cumpla su deber de declarar y someterse al interrogatorio y luego puede retirarse a su domicilio.

“Como defensa del gobernador Camacho vamos a solicitar, en todo caso, que, habiendo sido notificado, si no se presentan los testigos pueda librarse el mandamiento de aprehensión, porque es sumamente importante para el esclarecimiento de los hechos”, mencionó. 

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.

Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).