La Comisión de Autonomías de la Cámara de Senadores aprobó anoche en su etapa en grande el proyecto oficialista de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales. La oposición comenzó a articular la resistencia.
A la aprobación en grande siguió la etapa de aprobación en detalle, que avanzó hasta el artículo 4 de los 17 que incluye el proyecto, entre ellos los polémicos 8, 9 y 10, que definen un mecanismo de suspensión de los gobernadores electos en caso de que sobre ellos pesen acusaciones formales en materia penal.
La presidenta de la comisión, Gabriela Montaño (MAS), explicó que se tomó la decisión de aprobar un cuarto intermedio hasta las 7.30 de hoy con el objetivo de buscar consensos con la oposición, que rechaza los tres artículos antes mencionados y que ayer presentó un proyecto alternativo que al final no fue considerado en el debate.
«Nos detuvimos en el análisis en detalle del artículo quinto porque la oposición pidió un cuarto intermedio y mañana retomamos el análisis a las siete y media de la mañana», confirmó la senadora Centa Rek (PPB).
Los artículos aprobados ayer en detalle se refieren a la fecha de la última sesión de los consejos departamentales (21 de mayo del 2010) y a la entrega del despacho e informe de gestión de los actuales prefectos.
Ante las críticas de la oposición, la senadora Montaño justificó la sustitución de una autoridad electa que confronte un proceso judicial arguyendo que la misma se aplica «inclusive» al Presidente del Estado.
Además, dijo que esta disposición llena un vacío legal que, por ejemplo, también se aplica en el caso de las autoridades municipales.
No obstante, el senador opositor y jefe de bancada de Convergencia (PPB-CN), Germán Antelo, aseguró que la mencionada norma es una provocación del oficialismo y luego denunció que el MAS busca acceder a las gobernaciones de los departamentos en los que perdió en las elecciones del 4 de abril.
«Es un abuso, una prepotencia y una provocación a la confrontación. Se busca generar problemas. Si no ganaron democráticamente por el voto popular, ¿por qué provocar este tipo de enfrentamiento?», cuestionó.
La oposición en la Asamblea Legislativa y a nivel de Santa Cruz, Beni y Tarija considera que esta ley pretende «descabezar» a los gobernadores electos por estos departamentos: Rubén Costas, Mario Cossío y Ernesto Suárez.
Según el oficialismo, al menos los dos primeros reunirían las condiciones para ser suspendidos.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aclaró ayer que sobre Cossío pesan 25 denuncias que se están procesando, mientras que Costas registra nueve. Ambos tienen imputaciones formales presentadas en su contra, en tanto que sobre Suárez pesan dos denuncias.
De aprobarse la ley transitoria, Costas y Cossío no podrán ejercer sus funciones, pero el proyecto del MAS no especifica un impedimento para la posesión en el cargo, sino para la suspensión.
El mandatario Evo Morales presentó el miércoles 12 a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Transitoria de Autonomías, el cual abre la posibilidad de que las asambleas departamentales puedan sustituir a un gobernador que tenga acusación penal formal y reemplazarlo por otra autoridad con carácter interino y posteriormente revocarlo.
Norma se aprobaría esta semana
El senador Marcelo Antezana dijo que el oficialismo tiene planificado aprobar la norma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa durante esta semana, pues el 21 de este mes se registrará la «última reunión de los consejos departamentales para dar paso a las sesiones preparatorias de las asambleas departamentales. Luego algún fiscal presentará acusación formal».
Oposición presenta otra propuesta
La oposición presentó ayer un proyecto alternativo a la Ley Transitoria de Autonomías que elimina los artículos 8, 9 y 10 que posibilitan la suspensión de gobernadores electos y en un plazo de 90 días la respectiva sustitución.
El senador opositor Germán Antelo dijo que este proyecto motivó el fin de semana reuniones institucionales y cívicas en Tarija, Santa Cruz y Beni, las cuales reflejaron el rechazo a la norma que el oficialismo pretende aprobar esta semana en la Asamblea Legislativa.
«La ley transitoria propuesta por el Gobierno es violatoria a la Constitución porque pretende legislar más allá de lo que significa el proceso transitorio de conversión de las prefecturas a gobernaciones autonómicas», dijo Antelo al leer una de las conclusiones a las que se llegó en las regiones.
El proyecto de ley alternativo de la oposición se restringe sólo a aspectos administrativos de transición de las prefecturas a las gobernaciones. Sin embargo, la Comisión de Autonomías, con mayoría oficialista, aprobó la ley en grande sin considerar el proyecto alternativo de la oposición.
Dos posiciones
El oficialismo
Entre los varios argumentos que esgrime el oficialismo en defensa de los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de ley transitoria, menciona la necesidad de llenar un vacío legal para que los gobernadores electos también puedan ser suspendidos si existen denuncias formales en materia penal en su contra, tal como establece la Ley de Municipalidades para el caso de los concejales. La diputada Betty Tejada dijo además que, en su contexto general, «la ley busca llenar vacíos jurídicos, como es el traspaso de prefecturas a gobernaciones y sus disposiciones correspondientes». El oficialismo está decidido a aprobar los artículos sobre la suspensión de mandato.
La oposición
La oposición considera que el proyecto de ley vulnera los derechos políticos y ciudadanos que están garantizados en la Constitución Política del Estado, como la presunción de inocencia. Además, observa que en el proyecto no se hubieran incorporado a los asambleístas departamentales electos y que se utilice una figura que no está clara, como la acusación formal. El Movimiento Sin Miedo observó además que estos temas no corresponden a una ley transitoria, por lo que propuso su debate durante la aprobación de la futura Ley Marco de Autonomías, que por mandato constitucional debe estar avalada hasta el próximo 22 de julio.