El MAS en la Comisión de Autonomías del Senado aprobó la Ley Transitoria para Gobiernos Autónomos y garantizó el juramento de gobernadores de oposición el 30 de mayo, pero no su continuidad. Dos regiones se movilizan hoy contra la norma.
La decisión fue adoptada en una maratónica sesión declarada por tiempo y materia y que duró aproximadamente 12 horas. En ella se cambió la redacción de los artículos 8 y 10, referidos a la toma de juramento de los gobernadores y los motivos por los que luego pueden ser suspendidos.
Al mediodía las bancadas del MAS en Diputados y Senadores llegaron a un consenso para modificar los mencionados artículos «para evitar movilizaciones que no tendrían sentido», según explicó la presidenta de la mencionada comisión, Gabriela Montaño. No obstante, los cambios al final no consiguieron su objetivo.
Ahora el artículo 8 señala: «La Gobernadora o Gobernador será suspendida o suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese sobre ella o él acusación formal luego de concluida la investigación penal de acuerdo al artículo 323, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal. La suspensión durará durante toda la substanciación del proceso para asumir su defensa».
Entretanto, el parágrafo I del artículo 10 establece que «En caso de ausencia temporal de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental, la suplencia será designada por la Asamblea Departamental, de entre sus miembros, por el tiempo de duración de la misma. Esta designación se realizará por mayoría absoluta de votos».
También se modificó el parágrafo II de ese artículo. «En caso de ausencia definitiva por renuncia, muerte o inhabilidad permanente se procederá a una nueva elección de acuerdo al artículo 286 parágrafo II de la Constitución Política del Estado», señala.
«Con estos (cambios) queremos que la población tenga absolutamente claro que acá no hay ninguna intencionalidad detrás de esta ley de afectar a nadie y menos a las autoridades electas el 4 de abril», argumentó Montaño.
No obstante, en criterio de la oposición en la Asamblea Legislativa, si bien se cambiaron algunas palabras en los artículos polémicos del proyecto de ley, persiste el espíritu de la norma, que sería la intención del oficialismo de anular al menos a tres gobernadores de oposición: Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni).
En el caso de los dos primeros existen acusaciones formales por diferentes delitos y sobre el tercero pesan denuncias presentadas por el Ministerio de Transparencia.
«Todo nos encamina a pensar que tratarán de imputar a los gobernadores electos para destituirlos después de que juren y hacer toda una pantomima para hacer creer que cumplieron con su palabra. No creemos en el MAS porque en la Asamblea no mueven un punto ni una coma sin ir a consultar al Ejecutivo y vuelven con alguna nueva triquiñuela que dice lo mismo», afirmó la senadora Centha Reck (PPB-CN).
El jefe de bancada del PPB en el Senado, Germán Antelo, advirtió que «la esencia del proyecto de ley no cambia. Lo que intentan es desmoralizar a los gobernadores». El cívico tarijeño Delmar Méndez advirtió que la aprobación del artículo 8 abre un mecanismo que puede ser «usado en cualquier momento como un instrumento de chantaje político».
Una vez aprobado en la Comisión de Autonomías, el proyecto de ley pasa al pleno del Senado.
Cívicos inician huelga hoy
Cívicos de Beni y Tarija instalarán hoy, a las 18.00, un piquete de huelga de hambre indefinida en contra de la Ley Transitoria de Autonomías.
Representantes del denominado Movimiento Cívico Nacional, integrado por los comités cívicos de Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija, se reunieron ayer en la ciudad de Santa Cruz y resolvieron asumir las medidas «que sean necesarias para defender el voto del pueblo».
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Núñez, mencionó que entre las resoluciones que adoptó esa institución se contempla el «rechazar la validez de las disposiciones injustas que el régimen pretende aprobar, utilizando su circunstancial mayoría parlamentaria».
Asimismo, estipula «desconocer la imposición de cualquier ciudadano que usurpe las funciones de los gobernadores en contraposición con el resultado electoral del 4 de abril».
Los cívicos de los mencionados departamentos se declararon en estado de emergencia «para defender, con energía y tenacidad, el voto del pueblo, la autonomía departamental, integridad territorial y la democracia, además del Estado de Derecho». Por otra parte, se determinó impulsar una campaña de recolección masiva de firmas de ciudadanos, con el objetivo de promover la conformación de una Comisión Internacional que «investigue los hechos ilegales y delitos que han quedado en la impunidad y con el propósito de aplicar la ley. Recurriendo a los organismos multilaterales de la Comunidad Internacional».
Asimismo, hoy se realizará una marcha de protesta contra la normativa transitoria en Beni. Así lo adelantó la senadora de la oposición Janine Áñez.
Por su parte, el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, recordó que cualquier autoridad electa en los comicios del 4 de abril no podría asumir su mandato únicamente en caso de contar con una sentencia ejecutoriada.
García dice a gobernadores que no habrá inmunidad
El presidente en ejercicio, Álvaro García, advirtió ayer a los gobernadores de la oposición que no lograrán la inmunidad y que deberán someterse, como cualquier autoridad, a procesos de investigación.
La declaración la hizo al referirse al rechazo de estos gobernadores a la aprobación del artículo 8 del proyecto de ley transitoria.
«El Presidente y Vicepresidente somos también objeto de investigación y fiscalización, y nos sometemos a lo que establece la ley y la Constitución. ¿Por qué alguna autoridad electa tiene miedo a ser investigada y fiscalizada? A no ser que haya cometido algún delito y que sepa que ha cometido algún delito, entonces ahora quiere inmunidad.
Sólo Dios puede tener inmunidad, los mortales, el Presidente, Vicepresidente, ministros, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, tienen un procedimiento de enjuiciamiento. No pueden atribuirse la potestad de ser Dios los gobernadores y decir ‘a mí nadie me juzga’, toda autoridad pública puede ser objeto de investigación o de enjuiciamiento».