Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este jueves que presentó un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que dejen sin efecto el Decreto Presidencial 5141 y pueda ser restituida al cargo de vocal del Órgano Electoral.

“En estas jornadas pasadas se ha presentado un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce, pidiendo a la Justicia, esta vez, ya no directamente a él que resuelva la situación en la que me han colocado el pasado 4 de abril, cuando un decreto presidencial, totalmente inconstitucional me ha sustituido en mi cargo en el Tribunal Supremo Electoral”, dijo.

Chuquimia entonces delegada por el presidente Arce al TSE fue destituida por un decreto presidencial el 4 de abril y en su lugar se designó a Gustavo Ávila como nuevo delegado presidencial ante el Órgano Electoral.

Tras su destitución, el Gobierno señaló que Chuquimia asumiría otras funciones. Al respecto, Chuquimia indicó que recibió una llamada de Cancillería, pero que no asistió a ninguna reunión con esta entidad, debido a que ya había hecho llegar una queja formal al presidente Arce.

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Chuquimia reiteró que el amparo constitucional fue presentado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además contra el acto “de suspensión o acortamiento” de mandato constitucional. “Este decreto me ha acortado el mandato constitucional dado por la Constitución Política del Estado que es de seis años inamovible a todos los vocales del Órgano Electoral”.

“Yo desde abril pasado he ido presentado los reclamos en antecedente, lo que estaba pasando tanto el presidente del Estado como a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

Indicó que el decreto es inconstitucional y que no existe la figura de sustitución que utilizó el Gobierno el 4 de abril.  “Estoy pidiendo que los vocales o jueces ordenen para que los servidores recurridos, es decir, el Presidente y la Ministra de la Presidencia, en un plazo de 48 horas, abroguen y dejen sin efecto legal el Decreto Presidencial 5141, que prácticamente ha designado al vocal Antonio Ávila. O, en su caso, el tribunal de garantías anule o deje sin efecto el decreto supremo”.

En medio de una ola de dichos por el escándalo de supuesto estupro que involucra al expresidente Evo Morales, éste apareció y respondió en redes sociales: “¡No me extraña ni me preocupa!”.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce y otros “neoliberales” lo amenazaron, lo persiguieron, intentaron encarcelarlo y hasta “matarlo”.

“¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera”, dijo en alusión al apoyo que tiene por parte de algunos sectores indígenas.

Evo Morales

Si bien el caso de Morales data de 2016, cobró fuerza el miércoles, cuando se conoció una orden de aprehensión en su contra y, casi en paralelo, una acción de libertad de su defensa que frenó su captura.

La Fiscalía Departamental de Tarija inició la investigación, con fecha 26 de septiembre, y fue impulsada por la ahora exfiscal departamental Sandra Gutiérrez.

Según la exfiscal, la orden de aprehensión contra Morales fue frenada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de presionar para su destitución.

Sin embargo, en conferencia de prensa en Sucre, Lanchipa se defendió. “En la tramitación de la causa, el suscrito fiscal general del Estado, en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado”, afirmó.

Juicio

Y aclaró: “(Es) por una determinación de una jueza de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad, en la que dispuso la nulidad de las mismas, al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes”.

Asimismo, develó que la destitución de la exfiscal Gutiérrez responde a “negligencia” en su trabajo.

“Tenía la inexcusable obligación de ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones llevadas adelante por los fiscales de materia (…), siendo éste y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional, los motivos principales para que el Fiscal General determine su alejamiento de la institución y no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión”, justificó.

En las investigaciones de la comisión de fiscales de Tarija se señala que Morales mantuvo relaciones sexuales con una adolescente, con el presunto consentimiento de los padres de la menor.

La analista argentina Emilia Trabucco aseguró que los adjetivos en el comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina sobre el retiro de refugio del expresidente Evo Morales en el vecino país deben “encender las alarmas”.

La administración de Argentina se expresó en un duro mensaje el miércoles.

El último párrafo señala: “Este Gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran terror y atentan contra la democracia”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Trabucco indicó que llama la atención el último párrafo del comunicado por la forma en la que el gobierno argentino utiliza los adjetivos.

“Esto debería prendernos las alarmas porque esta categoría de terroristas es grave. No sé qué accionar puede ser tachado de terrorista o de intento de dictador”, dijo.

En el documento del Ministerio de Justicia de Argentina, se recuerda que Morales llegó a ese país “tras huir” de Bolivia en 2019 luego de intentar “perpetuase en el pode mediante un fraude electoral”.

Hasta el momento, la Cancillería de Bolivia no se ha manifestado al respecto.

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Los diputados opositores Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), y María René Álvarez, de Creemos, ratificaron su rechazo al proyecto de ley de redistribución de escaños remitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Asamblea Legislativa.

El miércoles, el TSE confirmó que el departamento de Santa Cruz ganó un escaño parlamentario, mientras que Chuquisaca perdió uno. De acuerdo al cálculo, Santa Cruz tendrá 29 escaños y Chuquisaca se quedará con nueve de los 10 que posee actualmente.

Al conocerse la noticia, legisladores de Chuquisaca advirtieron que no permitirán la aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Mientras que los de Santa Cruz aseguraron que no tienen nada qué festejar por el escaño “ganado”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Pedrazas y Álvarez indicaron que no aprobarán el proyecto de ley, debido a que —en su criterio— los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda no son legítimos ni transparentes.

“Los chuquisaqueños no vamos a respaldar porque se trata de un censo cuestionado que no tiene legitimidad. Hasta se habla de un fraude censal”, lamentó Pedrazas.

Indicó que la posición de los parlamentarios chuquisaqueños se basa en no permitir la modificación hasta que los resultados sean legítimos. 

Por su parte, Álvarez coincidió en que, más allá de la redistribución de escaños, el problema de fondo es que el Censo se desarrolló de forma “política”. “No se podría aprobar un proyecto de ley en base a los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha cometido un fraude censal”.

La parlamentaria recordó que, en mayo de 2023, el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) presentó su reporte Levantamiento Estadístico Departamental, Resultados del Conteo Poblacional. Dicho informe estableció que Santa Cruz cuenta con un total de 4.000.143 habitantes.

“Si bien no tiene un resultado vinculante, ya era un reflejo de un parámetro de la cantidad de habitantes”, consideró.

En la misma línea, Pedrazas aseguró que no solo son curules, sino que, si la Asamblea aprueba la redistribución, se legitimarán los resultados.

El Censo se ha visto politizado desde 2023, cuando un sector de Santa Cruz pedía el conteo poblacional para esa gestión. Incluso, se instauró un paro de 36 días que no tuvo resultados más que violencia, ya que el Censo se desarrolló en marzo de 2024.

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Al referirse al caso de presunto delito de trata y tráfico que involucra al expresidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, felicitó a la destituida fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y reclamó un informe del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Quiero “felicitar y resaltar el trabajo de la fiscal departamental de Tarija, que, sabiendo las consecuencias, ha tenido la plena hidalguía de llevar a cabo esta denuncia penal que nadie antes se había animado”, dijo en rueda de prensa en puertas del Palacio Quemado.

Del Castillo se refirió al caso que implica a Morales, cuya aprehensión fue dejada sin efecto a raíz de una acción de libertad presentada por la defensa del exmandatario. Una comisión de fiscales apuntó a Morales de haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente.

Lamentamos el actuar de “algunos malos administradores de justicia” y algunos “encargados del Ministerio Público que no están permitiendo que se llegue a dar justicia con las víctimas de violación”, dijo el ministro.

Gutiérrez

Se refirió a la destitución de Gutiérrez por parte de Lanchipa, en medio de las diligencias del Ministerio Público contra el exmandatario, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El miércoles, la ahora exfiscal denunció que la orden de aprehensión fue filtrada y no se ejecutó. “Faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales”, contó a los medios de información.

Gutiérrez lamentó que, a raíz del caso, fue destituida por el fiscal Lanchipa. “Para mí es una persecución”, denunció

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La mañana de este jueves, Lanchipa deslindó responsabilidad en la suspensión de la orden de aprehensión contra Morales y otros implicados en el caso. “En la tramitación de la causa, el suscrito fiscal general del Estado, en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado”, afirmó.

Lanchipa

Justificó la destitución de Gutiérrez con una supuesta negligencia en las investigaciones del caso.

Al respecto, el ministro Del Castillo demandó explicaciones de parte del Fiscal General. Lanchipa “deben rendir un informe al pueblo boliviano”, desafió.

Además, denunció que la suspensión de la orden de aprehensión contra Morales resultó de una “injerencia” política. Que se deje y “cese de injerencia de algunas personas en contra de algunos fiscales de materia que han realizado un excelente trabajo en Tarija”, dijo.

Consultado sobre si conocer más casos que vinculan a Morales con el ilícito, Del Castillo respondió: “No descartamos que existan otros presuntos hechos de violación presuntamente cometidos por el autor que todo el pueblo boliviano conoce”.

Asamblea

Aprovechó la oportunidad para reclamar de la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes presentado en diciembre de 2023 por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Ellos son, los que están al frente (NdR: apuntó al edificio legislativo), los responsables de que sigan existiendo delitos de violación a niñas y niños”, denunció Del Castillo.

Consideró que algunos senadores y diputados no aprueban la norma “por cálculos políticos”. Ellos “están promoviendo la pedofilia, la pederastia y la violación de niñas y niños”, espetó.

El caso que vincula a Morales ha generado nuevas disputas entre las facciones arcista y evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Unos demandan proceso al exmandatario y otros reivindican a éste.