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Tuesday 27 Sep 2022 | Actualizado a 03:49 AM

Una decisión repentina selló suerte de Rosales

Quiso saber si era cierto que pedían por él un millón de dólares

/ 23 de mayo de 2010 / 05:00

* La suerte de William Rosales Suárez la echó una decisión repentina, motivada por la curiosidad. Desvió su camino y fue en busca de la verdad sobre la recompensa de un millón de dólares por su cabeza; hasta ahora, no se conoce su suerte. 

Esta versión fue recogida por el abogado de la familia Rosales, Denver Pedraza, quien conversó con los sobrevivientes de los hechos del 14 de mayo, cuando un grupo de colombianos y ex policías bolivianos interceptó al grupo de William Rosales.

Ese día fue secuestrado Rosales y se ejecutó a seis de sus guardaespaldas, tres bolivianos y tres serbios. Un día antes estuvo con su familia en Santa Cruz y salió anunciando que iba a una fiesta en Ascensión de Guarayos.
Estaba también con su primo, Édgar Suárez Terrazas. Tenía datos sobre una recompensa de un millón de dólares que se ofrecía por su cabeza en Paraguay, por narcos colombianos.

«Él se había enterado que habían ofrecido un millón de dólares por su cabeza. En el trayecto hacia la fiesta de Guarayos, en San Ramón, quiso verificar en el camino si era cierta esa información. Parece que resultó serlo, porque sucedieron los hechos de violencia», explicó el abogado.

En ese objetivo desvió su camino para contactar a gente que le confirmara o refutara la información que tenía. El hecho de violencia se perpetró cerca a las 13.00 de ese viernes, a 10 kilómetros de San Ramón, sobre el camino a Guarayos. «Parece que todo estaba planificado», dijo.

Rosales estaba acompañado por nueve personas en tres vehículos. Además de los asesinados, estaban Suárez Terrazas, el colombiano Jahir Repizo Rengifo y Juan Carlos Maras, quien sobrevivió a los disparos de armas.

En el camino fueron detenidos por supuestos agentes de la fuerza anticrimen, quienes «a la altura del kilómetro 12 de la ruta San Ramón-Guarayos colocaron conos para detenerlos».

«Allí, todos fueron sorprendidos y, luego de sometidos, enmanillados y llevados hasta el Atajado Nueva Esperanza (al sur de San Ramón), donde, por orden de un colombiano, golpearon y dispararon contra ocho de los enmanillados fuera y dentro de los vehículos. Luego se llevaron a Rosales», informó.

Una vez huyeron los atacantes, Repizo habría cargado los cuerpos de los muertos y viajado hasta Santa Cruz. Hoy está detenido, junto  a Suárez Terrazas y Dogoberto Burgos.

No se conoce la suerte de Rosales. El capitán Dagner Paz, de la Policía, fue detenido acusado de ser uno de los sicarios que ejecutó a los guadaespaldas.

LAS HIPÓTESIS

Venganza
Presumiblemente, William Rosales y su clan operaban en coordinación con traficantes paraguayos de droga. La organización rival estaría compuesta por colombianos y brasileños, quienes habrían estado buscando vendetta por una falta de provisión de droga.

Soplón
Habría revelado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) la existencia de una megafábrica de cocaína donde fueron detenidos varios colombianos. Esta actitud habría provocado que los narcotraficantes pidieran la cabeza del delator.

Venganza
Durante sus actividades en el narcotráfico, habría ganado enemigos. Esto, sumado a la pugna por el control del negocio, habría desencadenado en los hechos que derivaron en su secuestro y la ejecución de 6 de sus guardaespaldas.

Fechos sucedidos  en varias regiones

Masacre
El 16 de abril del 2009, la Policía halló siete cadáveres en una fosa común en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. 6 cuerpos correspondían a brasileños, entre ellos una mujer y el otro era colombiano.

Equipetrol
El 12 de mayo del 2009, sicarios a bordo de un vehículo en movimiento, dispararon a otro motorizado matando a sus dos ocupantes en el barrio Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz.

Linchados
En diciembre del 2009, una turba en Ivirgarzama (a 220 km de Cochabamba) linchó a 3 presuntos «volteadores» de droga. La Policía inició la investigación por «probable ajuste de cuentas entre narcos».

Ejecución y violaciones
También en diciembre, la Policía Boliviana informó que un joven había sido ejecutado en Ivirgarzama y que se registraron violaciones a mujeres que se dedicaban al tráfico de drogas.

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Ratifican seis meses de cárcel para Machicado, de Adepcoca; estará con el resto de los internos

“Se llevo la apelación de Freddy Machicado y se confirmó la detención”, informó su abogado Dayner Quispe, tras la audiencia en la que se solicitó dejar sin efecto la detención del dirigente cocalero.

El dirigente Freddy Machicado, cuando fue aprehendido. Foto: APG

/ 27 de septiembre de 2022 / 02:13

La Sala Penal Segunda de La Paz, ratificó el lunes la detención preventiva, durante seis meses, del dirigente cocalero Freddy Machicado; esta semana, el procesado será trasladado con el resto de la población, en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

“Se llevo la apelación de Freddy Machicado y se confirmó la detención”, informó su abogado Dayner Quispe, tras la audiencia en la que se solicitó dejar sin efecto la detención del dirigente cocalero.

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El recurso legal presentado la pasada semana, pero el lunes fue rechazado y deberá permanecer tras las rejas, mientras duran las investigaciones.

La Fiscalía imputó a Machicado por 14 delitos, tras el proceso que se le inició por la toma violenta del “mercado paralelo” de Adepcoca en Villa El Carmen, el pasado 8 de septiembre.

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Un juzgado determinó la detención del dirigente, quien ingresó a San Pedro, al sector denominado La Grulla, un área de aislamiento en el que deben permanecer los nuevos internos, como medida de bioseguridad, informó el coronel David Machicado, gobernador del penal paceño.

“En el transcurso de esta semana pasará a la sección de población (…). Al momento de su internación en el recinto, se ha hecho las pruebas correspondientes y no evidencia ningún tipo de enfermedad”, explicó el jefe policial.

Agregó que similar situación ocurrirá con el dirigente cocalero, César Apaza, quien fue encarcelado la pasada semana, por este mismo caso. “Va a tener que estar dos semanas en aislamiento hasta que pase el tema de bioseguridad”, precisó el gobernador de San Pedro.

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El caso Terrorismo se cerró en 2020 porque el ministerio de Murillo dejó de ser denunciante

Murillo calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.

El ministro de Gobierno en el mandato de Áñez, Arturo Murillo. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 22:53

En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, el denominado caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.

Calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.

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Asimismo, el entonces ministro de Gobierno confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.

«Hemos trabajado, se ha retirado las acusaciones y ahora el Ministerio Público nos hace conocer que se retira este tema. Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso, por este trabajo”, agregó Murillo en la oportunidad.

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El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro).

Esa madrugada de 2009, inició una investigación que acabó descabezando a la cúpula política y cívica cruceña. Entonces, muchos huyeron de Bolivia, como Branco Marinkovic y Guido Nayar, entre los más conocidos.

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Ese año, la administración de Evo Morales denunció que la facción irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores de Santa Cruz para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero luego fue involucrado en el caso. Huyó a Brasil, se declaró “perseguido político” y desde su asilo denunció que “se fabricaron” pruebas en el caso Terrorismo. En mayo de 2018 fue condenado, en ausencia, a 12 años de cárcel por extorsión.

Hasta 2019, el Gobierno fue el principal acusador en este caso, pero tras la renuncia de Evo Morales, durante una crisis política-social, la situación cambió.

Áñez asumió la presidencia del país. Los jueces ciudadanos y jueces renunciaron y dejaron, prácticamente, paralizado el proceso que llevaba más de 10 años de investigación.

El entonces ministro Murillo, en 2020, dijo que el caso fue armado y ratificó que el Gobierno se retiró del caso como parte acusadora.

La noche de este lunes, el Gobierno ratificó que el caso fue archivado “arbitrariamente” durante el gobierno Áñez.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que hace esa afirmación luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, el documento señala que respecto al Informe Final de la CIDH, en este proceso registrado como CASO 13.546, “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

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Viceministro Silva: La venta de coca en cualquier punto que no esté autorizado es ilegal

Este lunes, el dirigente Alanes informó que los productores asociados a su bloque asumieron esta determinación ante la necesidad de reactivar su economía, pues deben continuar trabajando para generar sustento para sus familias.

Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 22:41

El viceministro de Defensa y Derechos del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la venta de coca en cualquier punto que no esté autorizado es ilegal; la afirmación fue hecha luego de que cocaleros afines a Arnold Alanes reanudaron la comercialización en las afueras del mercado de Villa El Carmen.

“La ley señala claramente que los únicos mercados reconocidos son el de Adepcoca, en la ciudad de La Paz, y en Cochabamba, el del Chapare, después no reconoce ningún otro mercado, por lo tanto la venta de este producto en cualquier otro punto que no esté autorizado es ilegal”, explicó la autoridad, según una publicación de Radio Éxito.

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Este lunes, el dirigente Alanes informó que los productores asociados a su bloque asumieron esta determinación ante la necesidad de reactivar su economía, pues deben continuar trabajando para generar sustento para sus familias.

“No les estoy obligando, no les estoy pidiendo que vengan a vender, pero es la necesidad  y tiene que entender el pueblo boliviano, tienen que entender las autoridades de Estado que esto sí o sí va a pasar”, afirmó Alanes.

El bloque de Alanes fue sacado por la fuerza del centro de abasto de Villa El Carmen, el 8 de septiembre, por cocaleros afines al dirigente Freddy Machicado, que califican de “ilegal” ese mercado.

Tras esa toma violenta, ese centro de abasto quedó precintado luego de los incendios y destrozos que sufrió por parte del bloque contrario a Alanes.

Actualmente, Machicado está recluido en la cárcel de San Pedro, justamente por ese caso; junto a él hay más dirigentes procesados y otros, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, emitidos por la Fiscalía que inició una investigación de oficio al respecto.

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La Fiscalía dice que aún no tiene elementos para ampliar pesquisas del caso ABC contra Nina

En el marco de estas investigaciones, el presidente de la ABC brindó hace poco su “entrevista informativa” en calidad de testigo.

El presidente de la ABC, Henry Nina. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 21:39

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, aún no será incluido en la investigación de la presunta coima de Bs 18 millones para adjudicar la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

La información fue ofrecida este lunes por Javier Gorena, fiscal que investiga este caso en que se involucró a funcionarios y autoridades de la estatal ABC y a Jin Zhengyuan, el representante de la constructora china Harbour Engineering Company (Chec), quien ya fue detenido preventivamente.

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“A la fecha no se cuenta con elementos que aún permitan a la comisión de fiscales poder ampliar la investigación contra el señor Henry Nina y si en su momento surgieran estos elementos, se va a proceder conforme a derecho, se lo va a convocar a declarar en calidad de denunciado”, afirmó Gorena.

En el marco de estas investigaciones, Nina brindó hace poco su “entrevista informativa” en calidad de testigo.

Este lunes, se prevé la declaración de otras personas contra quienes se amplió la investigación y están siendo procesados, tanto en Sucre como en La Paz.

A principios de este mes, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció irregularidades en la adjudicación de esta obra, pues se habría beneficiado a la firma china gracias a una presunta coima.

En ese marco, se determinó indagar todas las actividades y contratos que suscribió esa empresa extranjera con el Estado boliviano, desde el inicio de sus actividades en el país.

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Lima: El caso Separatismo y Terrorismo fue archivado en el gobierno de Áñez; informe de la CIDH está bajo reserva

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como “CASO 13.546”, el comunicado establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: Ministerio de Justicia

/ 26 de septiembre de 2022 / 21:05

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ratificó que el caso Separatismo y Terrorismo fue archivado “arbitrariamente” en 2020, durante el gobierno transitorio Jeanine Áñez.

“En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala parte de un comunicado de esa cartera de Estado.

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El documento agrega que esas acciones son “objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso”.

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como “CASO 13.546”, el comunicado establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

En ese marco, “el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, agrega la nota.

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El Ministerio de Justicia emitió este documento la noche de este lunes luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la CIDH.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa.

Entonces, la administración de Evo Morales denunció que ese grupo irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores cruceños para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. En 2020, durante el gobierno de Áñez, el proceso fue cerrado debido a que el Ministerio de Gobierno, al mando de Arturo Murillo, retiró la denuncia.

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