El presidente en ejercicio de la Cámara de Senadores, René Martínez, del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo hoy que las vejaciones sufridas hace dos años en Sucre (capital de Bolivia) por campesinos e indígenas quechuas, a manos de grupos xenófobos, aún en la impunidad, entrará a la historia boliviana con el tristemente célebre rótulo de «día de la vergüenza».
«El 24 de mayo es el día de la vergüenza ajena, porque no todos los chuquisaqueños o sucrenses son culpables, sino un grupo minoritario vinculado a intereses políticos de la oligarquía oriental cruceña fue la que provocó estos hechos que creíamos ya habían sido superados en el desarrollo de la humanidad», resaltó.
Oriundo de Sucre -donde el 24 de mayo de 2008 entre 50 y 70 indígenas, llegados desde la provincia para asistir a un mitin que debía presidir Evo Morales, fueron obligados a desnudarse y reverenciar, prosternados, los símbolos heráldicos de esa ciudad- Martínez ejerce una senaturía por esa región emplazada en el sudeste de Bolivia.
«No se puede generar una humillación pública de la magnitud que se ha dado el 24 de mayo, hecho que denunciamos en el contexto nacional e internacional», deploró.
Martínez dijo que hay una deuda, en ese sentido, de las instancias de la justicia, particularmente del Ministerio Público.
«Sabemos que hay un avance (en el proceso abierto contra líderes de un autodenominado Comité Interinstitucional por las humillaciones inferidas a los campesinos), pero se trabajó con mucha lentitud y ya pasaron dos años», expresó.
Pese a las diligencias desplegadas por la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, entre 2008 y 2009, el caso, aún estado embrionario, no ha determinado formalmente responsabilidades.
El legislador recordó que «el mayor delito que tuvieron nuestros hermanos de las provincias fue que fueran convocados para recibir al presidente Evo Morales, con la esperanza de tener un diálogo directo con el jefe de Estado y también para recibir unas ambulancias».
Martínez denunció, en tal crimen, una articulación corporativa de varias instituciones opositoras de tinte ultraconservador.
Mencionó entre las autoridades que azuzaron las agresiones figuran la ex alcaldesa Aidée Nava; el entonces líder del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, alcalde electo de Sucre; la prefecta saliente Savina Cuéllar, y al titular de un Comité Cívico, John Cava.
Añadió que también estuvieron involucrados varios parlamentarios de ese momento (2008).
Denunció que el Comité Interinstitucional se coludió con grupos de poder económico y en su afán de tumbar a Morales de la Presidencia retrocedió el desarrollo de Sucre, principalmente.
«Le decimos a la opinión pública y en especial a la sucrense, que la reivindicación por la capitalía (que fue levantada como bandera local para torpedear la Asamblea Constituyente, que sesionó en Sucre entre agosto de 2006 y fines del año siguiente) terminó en el basurero del (político empresarial) Comité Cívico de Santa Cruz, desde el momento en que levantaron las banderas de la autonomía», remarcó