Después de más de cinco años de estar al frente del proceso, los fiscales Milton Mendoza y Mirna Arancibia dejaron el caso «octubre negro» para asumir otros cargos. Las víctimas de octubre advierten que se pone en riesgo el éxito del caso.
Los fiscales postularon a vocalías de las cortes de Distrito. La Corte Suprema de Justicia designó a Mendoza como vocal en la Corte de Chuquisaca, mientras que Arancibia irá a la Corte de Distrito de Santa Cruz. La designación implica que dejen sus funciones como fiscales.
El abogado de las víctimas de octubre del 2003, Rogelio Mayta, pidió a los fiscales reflexionar sobre su designación, porque su alejamiento pondría en riesgo el éxito del juicio por octubre 2003.
«O se quedan con el juicio hasta lograr la sentencia o se van con todas las implicaciones negativas que eso puede significar», sentenció Mayta en una conferencia de prensa junto a los representantes de las víctimas de la violencia del 2003. «Les imploro de corazón que sigan ayudando hasta que se termine el juicio de responsabilidades», expresó Luis Castaños, una de las víctimas.
Mendoza dijo que se reunirá con las víctimas y las escuchará, aunque aclaró que su alejamiento no perjudicará el desarrollo del juicio. «Dejaremos todo en orden, informes, documentos, sugerencias y estrategias para continuar el caso», precisó.
Las Fiscalía deberá designar a otros fiscales, empero ellos, sin desmerecer su capacidad, no conocen los detalles del caso como lo conocen Mendoza y Arancibia, explicó Mayta, quien recordó que hasta fin de año se puede concluir con el juicio. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su gabinete y jefes militares son acusados por los hechos de octubre 2003.
Proceso judicial de octubre
El 14 de octubre del 2004 se autorizó el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. El 16 de agosto del 2005 se dispuso que se levante el secreto militar sobre las acciones de octubre del 2003.
El 10 de abril y el 5 de septiembre del 2006 se amplía la imputación contra el Alto Mando Militar que operó durante los hechos de octubre, que concluyó con más de 60 muertos y la dimisión del presidente Sánchez de Lozada.
El ex presidente y sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague están en Estados Unidos. Los ex ministros Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas, Javier Torres Goitia, Hugo Carvajal y Yerko Kukoc también están fuera de Bolivia.
El juicio radica en Sucre y hasta el momento más de 280 personas testificaron sobre la violencia vivida en El Alto y La Paz. El abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, informó que hasta fin de año se tendría la sentencia del juicio.