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Wednesday 24 Apr 2024 | Actualizado a 21:45 PM

20 años de marchas y los indígenas sienten que aún no son atendidos

Movilización. La medida se inició el 23 de junio; las dolencias físicas ya se sienten

/ 4 de julio de 2010 / 05:00

A 20 años de su primera marcha, los indígenas de tierras bajas aún se movilizan por similares motivos. El 23 de junio comenzó en Trinidad su séptima caminata nacional, con dos pedidos principales: autonomía y saneamiento de territorios.

«Luchamos durante muchos años por nuestra reivindicación, para ser reconocidos (como pueblos indígenas) y hoy que tenemos incluso un Gobierno indígena. Pese a esto, está claro que nuestra calidad de vida no ha mejorado, a pesar de que tanto se habla de vivir bien»,  dice entre lágrimas Viviana Navia, del sector Anexo El Carmen, localidad a 90 kilómetros de Cobija, en Pando.

Viviana integra al grupo de marchistas que busca llegar a La Paz. Cuando habló con La Razón, el jueves pasado en Ascensión de Guarayos, vestía una polera larga y un pantalón negro de tela doblado hasta las rodillas que descubrían sus tobillos con ronchas por las picaduras de los zancudos. Cuando tenía 11 años ella participó en la primera gran movilización nacional.

El criterio de que las cosas siguen igual es compartido por otros marchistas con los que se conversó; Precisamente por esto, todos aseguran que seguirán con su medida.

INICIO. En 1990 se realizó la primera marcha indígena en Bolivia impulsada por el pueblo mojeño. Partió desde Trinidad, llegó a La Paz y consiguió la aprobación de un decreto supremo que reconoció la existencia de los primeros territorios indígenas en las zonas bajas.

Ya son siete movilizaciones que han girado en torno a similares pedidos.  La marcha actual tiene dos grandes demandas: el saneamiento de tierras y la implementación de la autonomía plena.

El apoyo de las comunidades por donde pasan los marchistas no se ha dejado esperar. La gente regala pan recién horneado, ofrece mandarinas, aplaude y da apoyo.

Cuando la muchedumbre llegó el jueves a las 10.50 a San Pablo de Guarayos fue recibida con aplausos y baldes de chicha.  Hubo incluso petardos y banda de músicos indígenas que amenizaron el movimiento. Las ampollas son las principales dolencias de la gente, que en su mayoría calza chancletas.

Los marchistas duermen en carpas y comen de ollas comunes. El arroz, la yuca y el plátano son infaltables y en los últimos días hubo carne en abundancia.

No tienen una fecha definida para llegar a La Paz, ya que todo depende del diálogo con el Gobierno.

Primeras seis marchas

1990, una marcha consigue un decreto que reconoce a indígenas de tierras bajas.
1996, se logra la Ley INRA y el reconocimiento de 33 territorios comunitarios.
2000, se consigue modificar la Ley INRA y el reconocimiento de lenguas de las tierras bajas.
2002, una marcha impulsa la Constituyente.
2006, dos marchas consiguen la Ley de Reconversión Comunitaria de la Reforma Agraria.

«La gente nos humilla cuando quiere, casi nada  ha cambiado»
Viviana Navia (31).
 Indígena de Pando.

-Son las 19.00 del jueves y la oscuridad se apodera del pueblo de San Pablo de Guarayos.  Sin dinero, Viviana Navia se da modos para llegar hasta  Ascensión de Guarayos, a 18 kilómetros del lugar donde está, para poder ver a sus compañeros que fueron dados de baja de la marcha.  Aprovecha una camioneta del Defensor del Pueblo.  «Tenía que verlos porque ayer (miércoles), fueron internados de emergencia porque se deshidrataron por tanto sol y caminata», dijo. Tenía la intención de animarlos, pero en pleno diálogo la tristeza la venció y se sumió en llanto. «Esto no cambia desde lo sucedido en aquella gran marcha de 1990.  Los indígenas seguimos siendo marginados». Tenía 11 años cuando participó en esa movilización denominada «la marcha por el territorio y la dignidad». Llegó de la mano de sus padres, que «decidieron ser parte de esa lucha». Cuando la multitud estaba por Rurrenabaque su madre enfermó, pero se mantuvo firme hasta que llegaron al primer hospital que vieron. La mujer comenta que además de la gran cantidad de gente, jamás olvidará que en esa movilización indígena muchos de los participantes ni siquiera tenían zapatos. Ella y sus progenitores no eran la excepción. «Recuerdo que muchos no tenían ni chancletas, incluso yo andaba sin nada, así que tuvimos que marchar descalzos. Recuerdo que los pies de mi padre sangraban, pero aún así nos ayudaba y cargaba a mi mama y a mí».
Las lágrimas vuelven a apoderarse de ella cuando rememora las circunstancias en las que su familia y cientos de indígenas marcharon hace 20 años. «Marchamos para ser reconocidos, pero ahora si uno ve las cosas, casi nada ha cambiado, porque la gente nos humilla cuando quiere. Por ejemplo, me da rabia que cuando entramos a una institución, y nos preguntan de nuestros orígenes nos tratan muy mal, y nos miran como un bicho raro».  En todo caso, Viviana destaca que la lucha por la dignidad de los pueblos indígenas «continúa en esta nueva marcha que comenzó en Trinidad. Y a pesar de tanto sacrificio no nos vamos a dejar vencer».

«Estamos para luchar y defender lo que el pueblo quiere y pide»
Miguel Mahuari
 Subalcalde de San Pablo Guarayos.

-«Estoy muy contento de recibir a los hermanos marchistas que han llegado a la comunidad de San Pablo de Guarayos, quiero agradecer a los marchistas de las 34 etnias y estoy de acuerdo con sus demandas y voy apoyarles en lo que pueda». Éstas fueron las primeras palabras del subalcalde de esa localidad, Miguel Mahuari, cuando aparecieron los indígenas tras casi seis horas de caminata continua. La autoridad brindó hospitalidad para que los recién llegados descansaran y organizó un almuerzo de recepción. El plato especial fue chancho al horno con arroz y yuca. En la mesa donde estaba él no faltaron las cervezas. «Estamos para luchar y defender lo que el pueblo quiere, defender el territorio indígena, que es una demanda de muchos años y con esta colaboración queremos demostrar eso».
La autoridad edil manifestó que los comunarios de la población de San Pablo de Guarayos realizaron aportes voluntarios para apoyar a los marchistas y descartó enfáticamente el financiamiento de organizaciones como lo había indicado el Gobierno, que aseguró que la medida está financiada con recursos externos. «Absolutamente todo es colaboración del pueblo que apoya y sigue esta movilización tan justa». Mahuari asumió su cargo hace tres semanas y manifestó que siempre apoyó al sector. «También soy dirigente indígena y de las organizaciones sociales, así que es mi responsabilidad recibir a todas las poblaciones».  Cuando los marchistas llegaron a la plaza de la población, el Subalcalde y los comunarios ofrecieron el colegio de la localidad para que pasen la noche. «Me gustaría que se queden en la comunidad porque aquí está lo legítimo, está la lengua y la cultura indígena, acá la gente habla guarayo, ellos están como en su casa, deben sentirse bienvenidos siempre».  En el lugar en el que les dieron alimento, los pobladores también colocaron una amplificación que estuvo funcionando todo el día.

«Somos 34 pueblos indígenas que marchamos un gran trecho»
Ricardo Moye (28).
 Dirigente indígena por Beni.

-Con carácter firme, Ricardo Moye fue el primer dirigente que el jueves a las 18.00 planteó que si el Gobierno no atendía los pedidos de los indígenas
marchistas, éstos tomarían la decisión de bloquear las principales carreteras del eje troncal de Bolivia. «Los compañeros han asumido una lucha que la estamos llevando a cabo desde Trinidad hasta llegar aquí a Santa Cruz», enfatizó. Con sus palabras, Moye, de 28 años, consiguió apoyo, sobre todo de los jóvenes que aplaudieron cada vez que se dirigió a ellos. El miércoles pasado, cuando la marcha partió del poblado de Santa María, a 37 kilómetros de Ascensión de Guarayos, Ricardo y los demás indígenas se despertaron muy temprano, al promediar las 05.00. La multitud caminó sin descanso durante 20 kilómetros hasta llegar a San Pablo. «Somos 34 pueblos indígenas que hemos marchado un largo trecho y mantendremos esta lucha. Y lo que no queremos es que nos sigan utilizando», aseveró el representante de tierras bajas.
La mañana del jueves, cerca de las 11.00, y al igual que los demás marchistas, Ricardo instaló su carpa en inmediaciones de la cancha  del colegio de la población de San Pablo, a 17 kilómetros de Ascensión de Guarayos. Al igual que sus compañeros movilizados, tras varias horas de caminata lo que más esperaba era descansar. Por la tarde, cuando el defensor del Pueblo, Rolando Villena, y su comitiva llegaron hasta el lugar para dar a conocer un pronunciamiento respecto a la movilización, Moye fue uno de los dirigentes que rechazó la visita porque consideró que el diálogo y las negociaciones debían realizarse en el municipio de Ascensión de Guarayos. «Tomamos la decisión que se determinó, con casi toda la gente, que estamos en la disposición de que nos escuchen y decidimos que debíamos respetar lo que se decida en Guarayos».
Rolando Villena, este viernes, insistió en un llamado al diálogo.

«Seguiré hasta que se solucione el problema y nos escuchen»
Amalia Vaca (52).
 Indígena de la provincia Guarayos.

-Amalia Vaca, de 52 años, dejó a su familia en su comunidad y decidió participar en la movilización indígena para que el Gobierno escuche sus demandas. «Estamos en la marcha, descansamos y luego retomamos la medida. Dejé en Ascensión de Guarayos a mi nieta y a mi marido y hasta ahora no logré comunicarme», relata la mujer que es además presidenta de las Representantes de Indígenas Guarayas. 
El jueves pasado, el cansancio impidió que la gente movilizada continúe con su rumbo y obligó a descansar en la comunidad de San Pablo de Guarayos. El sol calentaba el asfalto de la carretera, lo que provocó aun más dolor en los pies afectados por las ampollas e hinchazón de las extremidades.
«Me siento cansada, me duele mi garganta, me duele mi dedo y mi pie está hinchado», dice Amalia, quien reconoce en todo caso que hubo atención médica y que se distribuyeron líquidos rehidratantes e inyecciones contra algunas enfermedades y dolencias. 
A sus 52 años, el cansancio le golpea fuerte. Al llegar a San Pablo de Guarayos, se sienta en la calzada de una calle de tierra y mira a su alrededor. Ve agotamiento, pero pese a todo, eleva el tono de voz y exclama: «Seguiremos adelante».
«Voy a seguir hasta que se solucione el problema y nos escuche el Gobierno y también aunque digan que nos van a bloquear en San Julián o el Chapare. Nosotros no estamos contra el Gobierno, sino queremos que se respeten nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos de mujer y hombre indígenas».
Ya dentro del colegio de San Pablo se ocupa de resguardar celosamente las pertenencias de sus compañeros, entre maletines, carpas y alimentos.  Pese al cansancio, sigue parada mientras conversa con La Razón.
«Casi todos los que participamos en la marcha tenemos ampollas en nuestros pies, pero no descansamos porque éste es un reclamo justo y ya es hora de que nos tomen en cuenta», dice emocionada esta mujer que participa en la movilización desde que ésta comenzó, el 23 de junio en Trinidad.

«Es la marcha en la que más he sufrido, pero no me voy a ir»
Gilberto Maitana (14).
 Escolar

-La planta del pie derecho de Gilberto Maitana Guasaní, de 14 años, está cubierta de ampollas. El dolor le impide caminar bien y le obliga a cojear; sin embargo, esto no amedrenta al adolescente oriundo de la comunidad beniana de Magdalena (a 294 kilómetros de Trinidad), que no duda en asegurar que si es necesario seguirá «marchando hasta La Paz».
Gilberto acompaña a la movilización indígena desde el primer día, en Trinidad. Cuando partió de su casa, cogió su mochila con cinco mudas de ropa y se sumó a la multitud, entre la que está su hermano de 22 años y su cuñada.
«Pedí permiso en mi escuela, la San Simón donde estoy en octavo básico. Tuve que adelantar mi vacación para marchar. Agarré mi mochila. Traigo sombrero, cinco mudas de ropa y un par de zapatos, nada más. Mi mamá me ha mandado todo eso», dice el jueves pasado mientras descansa echado cerca de la cancha de fulbito de la localidad de San Pablo de Guarayos, a 18 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
 Nadie le obligó a participar en la movilización y si bien asegura que se «sufre» mientras camina, calzando sus chancletas, no quiere dejar de hacerlo.
 «Yo marcho no más para apoyar. Estoy lastimado, tengo los pies con ampollas y el sol quema. Uno sufre de sed, de las ampollas, de hambre, pero no quiero dejar la marcha».
Dice que no es nuevo en estas lides y que en un par de ocasiones ya ha participado en movilizaciones; sin embargo, reconoce que ahora es «la marcha en la que más he sufrido», pero «no me voy a ir, voy a seguir marchando y es posible que si sigamos hasta La Paz. Me animaría a marchar hasta ahí».
«Hay muchos jóvenes marchando incluso más chiquitos que yo. Todo esto es fuerte. Ahora recién con la caminata me hice las ampollas, pero no me he desmayado, así que todo bien, todo tranquilo».
Cuando llega la noche, él, su hermano y su cuñada descansan en una carpa que llevan. Dice que duermen sin muchos problemas, salvo por los mosquitos que pican a diestra y siniestra.

«Quizás mi esposo no quiere que marche, pero soy yo la que camina»
Amparo Rivero (25).
 Indígena Isiboro Sécure.

-El vientre abultado de Amparo Rivero, de 25 años, no pasa inadvertido. Su blusa larga, de color celeste, no disimula los cinco meses de embarazo de esta mujer del Isiboro Sécure (Beni) que marcha junto a sus dos hijos, de seis y de un año y ocho meses, y su marido Balvino Ortiz.
La gestación no ha sido impedimento para que Amparo se anime a participar en la movilización.  «Yo vine porque varias compañeras están caminando. Quizás, un poco, mi esposo no quiere que marche , pero yo soy la que vengo caminando. Recién ahora he empezado a marchar». Su marido, en cambio, participa en la movilización desde sus inicios, el 23 de junio, en Trinidad.
Tiene las piernas y los pies hinchados, pero no pierde su sonrisa mientras cocina junto a otras cuatro mujeres el almuerzo común para un grupo de marchistas. El reloj marca las 16.30 y el sol y el calor se ensañan con la muchedumbre que descansa en el poblado de Santa María, a 37 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
«Me he sentido bien no más, ahora he caminado y he estado bien nomás.  Me aumenta el hambre por la caminata, pero voy a seguir hasta terminar la marcha», dice entre risas.
Dice que si tuviese alguna complicación «siempre hay un médico» que la puede ayudar, aunque reconoce que desde que quedó embarazada «hasta ahorita no me he hecho chequear». Y, pese al cansancio, vuelve a reír junto a sus compañeras con las que cocina.
Comenta que la preparación de los alimentos corre por cuenta de ellas. Y para esto se han organizado en turnos. «Las cocineras tienen que ver siempre lo que van a cocinar. En todo caso, no nos falta comida y estoy tranquila por eso», aclara la mujer.
Agrega que lo que sí empiezan a escasear son los medicamentos.
Amparo explica que su pueblo basa su subsistencia en la agricultura. Las tierras producen arroz, yuca y plátano.

«Las comunidades están esperando, si esto sigue así habrá más gente»
Tomás Candia.
 Comunicador

-El chiquitano Tomás Candia habla con fluidez ante la grabadora. No por nada, se desempeña como comunicador en radios comunitarias del oriente.  Si bien espera que la medida de presión no llegue a mayores, advierte que la movilización indígena aumenta paulatinamente en número de personas.
 «Las comunidades están esperando y si esto sigue habrá más gente, dice Candia, procedente de Concepción (provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz) .
No se queja de dolores, pese a que marcha desde el primer día y destaca que no hubo bajas considerables entre los marchistas, «lo que es muy alentador».
Tomás ya conoce el esfuerzo que exige este tipo de movilizaciones. Cuando tenía unos 12 años participó en la segunda marcha a nivel nacional de los pueblos indígenas, que se realizó por la tierra (ley INRA y el saneamiento de territorios). Pese a su corta edad y a no saber muy bien de qué se trataba, asistió como delegado de su comunidad.
«No entendía mucho lo que se estaba pidiendo y lo que se quería, pero como joven fui aprendiendo de qué se trataban las demandas»
«Yo fui viendo todo y me gustó, como  joven, ir conociendo el trabajo orgánico político que se venía desempeñando en diferentes organizaciones».
Recuerda que en 1996 las comunidades aportaron con los víveres para los marchistas. El arroz, la yuca y el plátano fueron la base de la alimentación. Ahora ocurre lo mismo.
«Nuestras comunidades son productivas y mandaban alimentos que podían sustentar a la mayoría de las personas de diferentes lugares que participábamos en la movilización.  Hemos podido compartir con todo lo poco que nos llegaba», dice Candia instantes después de almorzar en San Pablo de Guarayos el jueves. Ese día el comunicador, al igual que otros marchistas, comió arroz, yuca y carne al fogón e invitó a periodistas que cubrían la movilización.

«Somos hartas mujeres y aguantamos lo que venga»
Pilar Julio Moya (45).
 Indígena San Ignacio de Moxos.

-A Pilar Julio Montoya, de 45 años, le duelen los huesos por la caminata y el «surcito que se siente». Por eso, esta dirigente de San Ignacio de Moxos comenta que, sobre todo, hace falta medicamentos de diversos tipos para combatir las dolencias propias de un esfuerzo físico como una marcha.
«Necesitamos mentisán, paracetamol, pomadas e  infusión Vita contra la tos», dice Pilar quien advierte además que los niños que acompañan a sus padres se están resfriando.
«Nosotras, ya viejas, igual nos da calambres. Se nos ampollan los pies y tenemos que andar así, aunque rengas no dejamos de marchar. Seguimos marchando. Ya nosotros hace una semana que marchamos», dice el jueves pasado, en San Pablo de Guarayos, mientras se fricciona fuertemente los pies y las piernas para calmar el dolor.
Pese al malestar y las ampollas en los pies dice que ella y los otros marchistas están decididas a seguir con la movilización hasta conseguir su objetivo: Ser atendidos por el Gobierno.
«Hay hartas mujeres y seguimos aguantando todo, lo que venga. Estamos aguantando para seguir en la marcha hasta conseguir lo que buscamos».
Cuando ella habla del Gobierno en realidad se refiere al presidente Evo Morales. «Ya no queremos hablar con sus ministros, porque ésos no valen nada». «Queremos verlo (al Presidente) de frente, Nosotros no le vamos a hacer nada. Queremos conseguir lo que él nos ha prometido. Deseamos que Dios le toque el corazón a él para que vea, pues».
La mujer, que ya participó en la marcha del 2006, recuerda al Mandatario que los indígenas son sus bases y los que lo han «puesto» en el poder.
Pilar participa en la marcha a solicitud de su comunidad, que le pidió que la represente en la movilización. Me han dicho «vaya usted, compañera, el Gobierno tiene que entenderle a usted. Háblele». «Nosotros queremos que él esté acá, porque nosotros lo necesitamos como él también nos ha necesitado. Él nos ha dado la confianza como nosotros también se la hemos dado».

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Bolivia denuncia intromisión y distorsión en informe de EEUU sobre derechos humanos

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, el informe omite avances importantes en materia de derechos humanos y distorsiona la realidad boliviana.

El frontis del edificio de la Cancillería de Bolivia.

Por Daniel Zenteno

/ 24 de abril de 2024 / 15:03

El Ministerio de Relaciones Exteriores fustigó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, al cual calificó como un acto de intromisión en la política interna, además de distorsionar la realidad boliviana.

Bolivia “expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna. El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana”, reza el comunicado emitido el miércoles por la Cancillería.

Informe

El martes se conoció el informe, que afirma que en Bolivia se vulneran los derechos. Señala casos de presunta tortura para obtener información y la impunidad de algunos delitos.

De igual manera, el informe advierte de una falta de independencia del Órgano Judicial y las detenciones arbitrarias.

Puede leer: Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

“El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”, critica al respecto la nota de la Cancillería.

Tras el informe, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, detenidos en La Paz, afirmaron que los resultados son prueba de la ilegalidad de sus detenciones. Pidieron que se acuda a instancias internacionales.

Compromiso

De acuerdo con la nota de la Cancillería, el informe omite “los avances significativos en materia de derechos humanos que ha realizado el Gobierno”.

“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estado”, insiste el mensaje.

El informe de Estados Unidos fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales. Las mismas investigaron la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de 2023.

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El Senado aplaza el debate sobre la ampliación del plazo de preselección de postulantes

“No podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo (para la preselección de postulantes)”, dijo el senador Luis Adolfo Flores, del MAS.

Sesión en la Cámara de Senadores.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de abril de 2024 / 14:05

La Cámara de Senadores aplazó el debate del proyecto de ley para la modificación de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que contempla una ampliación de plazos para la preselección de postulantes.

La solicitud fue planteada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores, que consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

“Estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúa tomando exámenes en dos o tres días las constituciones y pasa ese plazo, ya sería ilegal. Ahí, cualquiera puede hacer un amparo y, con seguridad, le van a dar la razón. Tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo”, defendió Flores.

Aprobada la solicitud por 20 de los 29 senadores presentes, el debate se reinstalará el jueves.

Preselección

La propuesta del legislador oficialista ocurre luego de la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

La audiencia por ese amparo estaba programada para el lunes de esta semana, en la capital cruceña. Sin embargo, el acto judicial fue suspendido para este viernes.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, reclamó que un amparo haya frenado la preselección y reivindicó la independencia de los órganos del Estado.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Plazos

Según el cronograma establecido en la Ley 1549, el 21 de abril debió culminar la evaluación de méritos y los exámenes de los postulantes. Del 22 al 26 de abril, las Comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección, estaba prevista la elaboración del informe con la lista de postulantes y su remisión a la Presidencia de la Asamblea legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, se prevé el debate de la lista de candidatos en la Asamblea legislativa. Finalmente, la remisión de la lista de 192 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ocurrir entre el 5 y 6 de mayo.

Luego de eso, el TSE tiene hasta 150 días para la organización de las elecciones judiciales.

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Camacho apela al informe de EEUU sobre derechos humanos para ‘levantar la voz’

El gobernador electo Luis Fernando Camacho y detenido considera que la comunidad internacional reacciona "ante un gobierno que persigue".

Luis Fernando Camacho durante su traslado a La Paz.

Por Daniel Zenteno

/ 24 de abril de 2024 / 12:40

Luego de que un informe sobre derechos humanos revelara una presunta arbitrariedad en las detenciones en el país, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, afirmó que es un argumento para levantar la voz y el momento de recurrir a las instancias internacionales.

“En su informe (…), ha observado que el gobierno de Luis Arce está cometiendo atropellos, detenciones y torturas en contra de ciudadanos bolivianos. Este informe y las pruebas que presenta, puede constituirse en un argumento para llevar nuestra voz a todos los foros y a todas las instancias internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos”, dijo el miércoles el líder político en su cuenta de X.

El documento al que hizo referencia Camacho es el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023. El mismo, enfatiza en una falta de independencia del Órgano Judicial, torturas para extraer confesiones y ‘detenciones arbitrarias’.

Lea más en: Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

Detención

Camacho aseguró que el informe hace énfasis en su “secuestro” y su detención preventiva.

En diciembre de 2022, el entonces gobernador de Santa Cruz fue detenido debido a su implicancia en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

Camacho tuvo un rol protagónico ese año. Convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e inclusive llegó a irrumpir en Palacio Quemado con una biblia en mano. Así lo confesó en diciembre de ese año en una reunión con su fraternidad en Santa Cruz.

“Creo que ha llegado el momento de recurrir a todas las instancias e instituciones internacionales para identificar y procesar a los responsables de las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos”, escribió en relación al informe.

Dentro del caso Golpe de Estado I, también están implicados la expresidenta Jeanine Añez y el excívico Marco Pumari. Ambos fueron aliados de Camacho en 2019 y ahora están detenidos en La Paz y Potosí, respectivamente.

“La comunidad internacional está empezando a reaccionar ante un gobierno que persigue, tortura y encarcela a la oposición, en abierta violación a los principios constitucionales y democráticos”, insistió el también líder de Creemos.

Camacho

Además del caso Golpe, Camacho enfrenta otros como el Decretazo, cuando delegó funciones de forma arbitraria, o Carro Bombero, cuando compró un vehículo antincendios con presunto sobreprecio.

El tribunal para el caso Golpe de Estado I ya se sorteó y la audiencia debería comenzar en las próximas semanas. En caso de que se lo declare culpable, Camacho podría enfrentar una condena de 20 años.

Está pendiente su audiencia en Santa Cruz en el caso Decretazo, suspendida por contradicciones entre las partes acusadora y defensa. Debido a la presencia física de Camacho.

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Cae a un cuarto implicado en ‘irregularidades’ en las piscinas de la planta de litio

El Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión contra los implicados en el caso de las “irregularidades” en las piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Referencial

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de abril de 2024 / 12:13

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.

La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.

Piscinas

Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.

La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.

A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.

Aprehendidos

Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.

Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.

Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.

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Abogado denuncia irregularidades en la aprehensión del exministro Echazú

La Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para el exministro Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la planta de litio.

Luis Alberto Echazú, cuando era trasladado a la FELCC.

/ 24 de abril de 2024 / 10:57

Vladimir Ochoa, abogado del exministro de Minería Luis Alberto Echazú, denunció que hubo irregularidades en la aprehensión de su cliente, quien es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El martes, la Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el salar de Uyuni, Potosí.

En entrevista con La Razón Radio, Ochoa contó que la denuncia fue presentada el jueves de la semana pasada con más 4.000 hojas de pruebas y, dos días después, la Fiscalía ya tenía la tuición del caso y ejecutó el mandamiento de aprehensión.

“En un plazo de dos días, la Fiscalía ha leído 4.000 hojas”, reclamó.

Develó que Echazú ni siquiera fue convocado por la Fiscalía para declarar antes de ser aprehendido. “Se ejecutó la aprehensión de manera directa. Luego de eso, recién se enteró de qué delitos se lo estaba acusando”

“Estaba cocinado, es una persecusión política arbitraria”, sentenció.

Consideró que la aprehensión “exprés” de su defendido es parte de un intento del Gobierno para justificar la falta de mantenimiento de las piscinas de litio y el retraso de los trabajos en la planta de litio.

A su vez, explicó que las piscinas 18 piscinas de la planta del Salar de Uyuni están funcionando parcialmente, pero algunas están paralizadas “por falta de mantenimiento”. Afirmó que Echazú no se hizo cargo de la planta de litio desde el 2017. “Él no estuvo vinculado”.

“Si existía un grave hecho, porque el Gobierno tardó cuatro años en identificarlo”, cuestionó.

Negó que el exministro Echazú sea culpable del delito de supuesto daño económico. Develó que, durante el juicio, se comprobó que Echazú no compró las geomembranas para las piscinas de litio con ningún tipo de sobreprecio o irregularidades.

“Él adquirió las membranas de 0,55 siendo que se requerían una de 0,75. Éste es un debate técnico”, aclaró Ochoa.

Indicó que se acreditó que no hubo sobreprecio ni negociados con la empresa proveedora del material. Reclamó que en el caso hubo contradicciones por parte de los denunciantes. “Tratan de lavarse las manos y acallar la voz del compañero Echazú”.

El pasado jueves, YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

Lea también: Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

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