El resarcimiento y la condena de 12 a 20 años de cárcel contra empleados públicos, entre ellos policías y militares, que torturen, prevé el anteproyecto de ley contra la Tortura, impulsado por la Cancillería y diseñado por una entidad especializada en el tema.
El anteproyecto denominado «Ley contra la Tortura, trato cruel, inhumano o degradante y del Mecanismo Nacional de Prevención» busca la prevención, el resarcimiento y la condena de los hechos tipificados como violatorios de los derechos humanos.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (Itei) diseñó el anteproyecto apoyado por la Cancillería y con aportes del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras instituciones.
Se define como tortura, el hecho de que el «servidor público o quien actúe en el ejercicio de funciones públicas que deliberadamente inflija a una persona dolores, penas o sufrimientos físicos o mentales severos, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva u otros fines cuyo medio para alcanzarlos sea la tortura».
La coordinadora ejecutiva del Itei, Emma Bravo, destacó que es importante contar con una norma de estas características, sobre todo cuando Bolivia ratificó, el 2006, el Protocolo de la Convención contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.
La propuesta de ley prevé una condena de 12 a 20 años contra los torturadores y una «indemnización justa y adecuada, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna, incluidos los medios para la rehabilitación completa posible».
También se propone la creación del Mecanismo Nacional de Prevención; instancia que estará integrada por instituciones ajenas al Gobierno y que tendrán como potestad, por ejemplo, ingresar a recintos policiales, militares y de Migración, donde se tenga información que se esté violando los derechos humanos de detenidos.
Esta instancia tendrá reparticiones a nivel departamental y una comisión de las naciones y pueblos indígena originario campesino. Bravo explicó que los delitos de tortura serán imprescriptibles y tendrán carácter de lesa humanidad cuando se ejerza, desde el Estado, violencia contra grupos determinados de la sociedad.
Bravo informó que el abogado Gonzalo Quintanilla diseñó esta iniciativa legal que, anunció, será sometida a un proceso de socialización antes de su aprobación.
Inician Proceso de socialización
El anteproyecto será entregado hoy a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Marianela Paco. La propuesta de ley se constituirá en un documento base para la discusión sobre la legislación contra la tortura y otros tratos inhumanos.
Se cometen abusos en la pesquisa
La coordinadora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (Itei), Emma Bravo, aseguró que la tortura es uno de los métodos usados en la investigación policial.
Informó que se denunció la aplicación del denominado «submarino», cubrir la cabeza y rostro con una bolsa nylon; quemaduras, insultos, amenazas, entre otras acciones en procesos de investigación policial.
Fuentes de la institución aseguraron que los operativos y la investigación policial «se enmarcan en las normas y en el respeto a los derechos humanos».
El proyecto de ley contra la Tortura menciona varios lugares de intervención para prevenir la violación de los derechos humanos, entre ellos, celdas de comisarías, reclusorios, cárceles, centros penitenciarios, centros de detención preventiva, unidades móviles de detención y aprehensión, instalaciones y albergues para menores de edad, establecimientos de internación de personas con discapacidades físicas, mentales, adicciones; centros de las fuerzas de seguridad, militar y policial, y otros establecimientos policiales, militares.