El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, anunció que enjuiciará al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de desacato. La decisión surgió 48 horas después que el líder cruceño acusó al Segundo Mandatario de recibir dinero del narcotráfico. Aquél dijo que no le teme.
«Con paciencia y respeto espere que se presenten las pruebas y hoy a 48 horas puede decir que es mi obligación defender a la Vicepresidencia, al Gobierno, no puedo quedarme tranquilo… Es por eso que estoy anunciando que hoy (ayer) … voy a entregar el memorial dirigido al Fiscal de Distrito para iniciar un juicio al señor Costas», afirmó García Linera.
Sin embargo, hasta el cierre de la Fiscalía de La Paz (18.00), la denuncia no se concretó.
El delito por el que se acusa a Costas es desacato. El Código Penal señala al respecto que: «El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años». Además agrega que «si los actos anteriores fueron dirigidos contra el Presidente, Vicepresidente … la sanción será agravada en una mitad».
Desde Santa Cruz, Costas respondió que «me tiene sin cuidado» el juicio que le iniciará García Linera, y que por el contrario será «noticia internacional» que le enjuicien por denunciar que hay narcotráfico en Bolivia y que el Gobierno no lo controla.
Para Costas, todo se trata de un «show para disfrazar la imposición que seguramente habrá con la ley marco para no respetar las autonomías ni los estatutos… para distraer y provocar enfrentamiento entre los bolivianos».
Cuestionó el delito por el que se le acusa, pues aseguró que éste ha sido desechado en la mayoría de los países «porque coarta la libertad de expresión». Afirmó que lo mismo le hicieron al presidente de la empresa AeroSur, Humberto Roca, con quien se reunió.
Para el Vicepresidente, lo que hizo Costas es dañar la institucionalidad boliviana. «Atacar a la Vicepresidencia sin fundamento, sin prueba, es un ataque al pueblo de Bolivia que ha elegido democráticamente a sus autoridades, es un ataque al pueblo boliviano, a su voto, a sus instituciones y yo no puedo quedarme tranquilo».
Afirmó que por eso decidió iniciar el proceso en contra de Costas y luego advirtió que aunque éste pida disculpas públicas, continuará con su demanda. Asimismo, le pidió a Costas que «no se ampare, no se proteja, ni en su cargo ni en su región ni en su demanda política. Estoy defendiendo al Estado de una falsa acusación».
Paralelamente al anuncio del Vicepresidente, el fiscal Marcelo Soza —que investiga el caso terrorismo y que fue tildado de «bufón» por Costas— indicó que el Gobernador cruceño «ha tratado de denigrar a las personas, al fiscal que habla, y las consecuencias tendrán que plasmarse en una demanda. Estoy pensando seriamente en iniciar una acción penal».
Soza sostuvo que cuando presenten la acusación, «solicitaremos la suspensión o la cesación de sus funciones».
Para el Gobernador cruceño, «de aquí en adelante van a haber miles de juicios contra Rubén Costas y contra su familia, van a inventar juicios por corrupción, por malversación, por desacato, y van a hacer juicios hasta porque me saco los bigotes».
En todo caso, el Vicepresidente concluyó con la advertencia de que «voy a ser ciudadano vigilante de que este juicio llegue a buen término y que se haga justicia con la Vicepresidencia, con el Estado, con la dignidad del pueblo boliviano».
El trabajo conjunto continuará
Gobierno
El Vicepresidente afirmó que el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la Gobernación cruceña continuará.
Aclaración
Acotó que la denuncia es contra Rubén Costas y no contra el pueblo cruceño. «No estoy atacando a la región», aclaró García.
Costas deberá demostrar sus denuncias en el Legislativo
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, deberá presentarse a declarar ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados el martes 20 de julio a las 10.30, para aclarar sus acusaciones en contra del vicepresidente Álvaro García Linera, a quien sindicó de terrorismo, narcotráfico y corrupción.
El anuncio lo realizó ayer el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Garvizu, quien el miércoles solicitó a la Comisión de Gobierno aprobar una petición de informe oral.
Garvizu aseveró que el Gobernador de Santa Cruz deberá explicar ante la comisión el por qué de sus acusaciones.
Para ello, el diputado presentó un cuestionario de cuatro preguntas: «Diga usted en qué pruebas se basa para realizar declaraciones a la prensa que buscan incriminar al señor vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en hechos de narcotráfico, terrorismo y corrupción». Además, le piden que explique «las razones que le llevan a convocar a la ciudadanía cruceña para movilizarse».
En la tercera pregunta le solicitan que explique cuáles y cuántos procesos judiciales enfrenta. Finalmente, le consultan si conoce la petición de informe oral al ex prefecto interino Roly Aguilera, relacionada a la creación de vigilantes departamentales.
Juicios contra Costas podrían alejarlo de la Gobernación
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, podría ser suspendido de su cargo si la Fiscalía emite una acusación formal en su contra. Hasta ahora, Costas enfrenta un proceso por la realización del referéndum de estatutos autonómicos, aunque se anunciaron más procesos en su contra.
En el caso del referéndum autonómico, el Ministerio de Transparencia lo demandó por no brindar información sobre los gastos que hicieron en esa consulta, calificada de ilegal por el Gobierno. La Fiscalía lo imputó y ahora tiene seis meses para emitir una acusación formal o un sobreseimiento.
Álvaro La Torre, uno de los fiscales que atiende el caso, explicó que «esta es una investigación técnica y no política, entonces puede concluir con una acusación o puede concluir con un sobreseimiento, y eso vamos a investigar».
De acuerdo con la Ley Corta de Autonomías, los gobernadores y alcaldes deben ser suspendidos de sus cargos si pesa sobre ellos una acusación formal del Ministerio Público.
Según el procedimiento, la Fiscalía primero debe investigar la denuncia contra el acusado y si encuentra suficientes elementos para procesarlo, entonces puede imputarlo. Posteriormente debe continuar con la indagación para ratificar su hipótesis y sacar la acusación formal e ir a juicio, o en su caso dejarlo libre de delitos.