Nacional

martes 25 ene 2022 | Actualizado a 06:21

Gobierno rechaza pedidos de la CIDOB y vuelve la marcha

Movilización. Los indígenas reanudan hoy su medida de presión

/ 9 de julio de 2010 / 05:00

El Gobierno ratificó ayer que no atenderá las demandas inconstitucionales de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y cerró el debate sobre las autonomías indígenas. Los aborígenes respondieron con el anuncio de que hoy reiniciarán la marcha que comenzó el 21 de junio.

En una extensa conferencia de prensa que duró más de una hora en el Palacio de Gobierno, el ministro de Autonomía, Carlos Romero, justificó en detalle los motivos por los que algunos puntos de la plataforma de 13 demandas de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano no será atendida.

De los 13 puntos planteados por la CIDOB, Romero aludió a tres: titulación de tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, autonomías indígenas y el incremento de las circunscripciones especiales.  En los tres casos, Romero coincidió en que rompen la armonía de la Constitución Política del Estado.

«Comprometer la dotación exclusiva de todas las tierras fiscales a favor de las comunidades indígenas del lugar transgrede la CPE y afecta los derechos de otras colectividades o personas individuales», aseveró. En el caso de las autonomías indígenas, Romero manifestó que no queda nada pendiente por dialogar.

Sobre el pedido de subir de siete a 18 representaciones indígenas en la Asamblea Legislativa, Romero dijo que afectará la representación de los departamentos en el Legislativo.

«En el instante en que el Ejecutivo atienda demandas que trastocan la Constitución, se constituiría en un Gobierno que pierda autoridad moral y política para pedir el respeto a las leyes», puntualizó la autoridad. Romero lanzó críticas a otros 10 puntos del pliego de la CIDOB y dijo que, más que una marcha para la operativización de las demandas, se necesitan «acciones administrativas».

La autoridad censuró, por ejemplo, el punto 13 que demanda la presencia de indígenas en las estructuras del Gobierno. Según Romero, la CIDOB sólo busca cuotas de poder en el Ejecutivo. Para Romero, «no se puede pedir cuotas de poder al pueblo».

Finalmente, el Ministro de Autonomía ratificó la apertura del Ejecutivo al diálogo y pidió a los indígenas sentarse en una mesa de trabajo para analizar punto por punto su pliego.

El pliego de la CIDOB, entre otros puntos, consigna la aprobación de proyectos por el Fondo Indígena, la modificación de la Ley del Régimen Electoral, la aprobación de decretos a favor de los indígenas.

En respuesta, el miembro de la Comisión Política de la CIDOB, Johnny Rojas, acusó al Ejecutivo de manejar un doble discurso y negó que los indígenas de tierras bajas hayan pedido tierras fiscales. «Nunca hemos pedido tierras fiscales, sólo saneamiento», dijo.

Rojas criticó a Romero por decir que los indígenas buscan cuotas de poder. Para el dirigente, ser parte del Gobierno es un derecho ganado. Lamentó que el Gobierno no haya querido dialogar y le recordó que la CIDOB llegó a un acuerdo de 8 puntos con el Legislativo en base al diálogo.

Asimismo, la dirigente de la CIDOB, Mariana Huasani, anunció para hoy la reactivación de la marcha a partir de las cinco de la mañana.

«No van a manejarnos»

El diputado indígena por el departamento del Beni, Pedro Nuny, dijo que ni el presidente Evo Morales ni las organizaciones campesinas del Pacto de Unidad pueden decirles a los indígenas de tierras bajas qué hacer o qué no hacer.

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Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará

El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil

El exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila.

/ 24 de enero de 2022 / 23:45

La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.

El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.

Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.

En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.

El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.

Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.

Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.

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Tras 14 días, Cox vuelve a la función pública como Director Jurídico del Ministerio de Culturas

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con Arturo Murillo

Nelson Cox

/ 24 de enero de 2022 / 21:55

Nelson Cox fue destituido el 10 de enero del Viceministerio de Régimen Interior y 14 días después volvió a la función pública, esta vez como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

“Desde hoy he empezado en Culturas como Director de Asuntos Jurídicos (…) La hermana (la ministra) Sabina Orellana gentilmente me ha invitado a trabajar con ella como su Director Jurídico”, explicó Cox a La Razón.

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.

Cox aseguró en ese entonces que no renunció e insistió en que fue destituido.

Fue exdelegado defensorial en Cochabamba, exviceministro de Justicia y candidato a la alcaldía de Cochabamba por el MAS.

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Ministro de Justicia acusa a CC y Creemos de obstaculizar juicio de responsabilidades contra Áñez

Dice que hay un “manto de impunidad” de ambas organizaciones políticas para blindar a la expresidenta y que no se investigue las masacres de Sacaba y Senkata, donde unas 20 personas perdieron la vida.

El ministro de Justicia, Iván Lima

/ 24 de enero de 2022 / 21:09

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que hay un “manto de impunidad” de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa para obstaculizar el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, acaecidos en noviembre de 2019.

“Tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, a través de sus bancadas, están blindando (a Jeanine Áñez), están otorgando un manto de impunidad a ella y no permiten que los casos vayan a un juicio de responsabilidades”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Dentro del caso denominado como Golpe de Estado II, Lima aclaró que no corresponde un juicio de responsabilidades contra Áñez porque no era presidenta constitucional, “ni de facto, ni de ningún otro tipo” y recordó que sólo ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Lo que se juzga es toda la parte previa a la decisión que asume (de presidir el país) y esto no necesita de un juicio de responsabilidades; es un juicio ordinario, porque ninguno de los actores que están siendo imputados en ese momento tenía la protección o el privilegio constitucional de ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se habilita la vía ordinaria para su juzgamiento”, explicó.

El sábado, Lima aseguró que la sanción que podría recibir la exmandataria y las otras ocho personas, entre jefes policiales y militares durante el gobierno transitorio, puede ser de hasta 12 años de privación de libertad. Ese Juicio comenzará el 10 de febrero y la primera persona en declarar será, justamente, la expresidenta.

En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas de 21 días alentadas por denuncias de fraude electoral (luego puestas en duda), un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.

Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado en la cárcel de Miraflores.

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La Fiscalía de Tarija imputa a Montes y Torres por el paro de noviembre

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre

Oscar Montes y Johnny Torres. Foto: RRSS

/ 24 de enero de 2022 / 20:40

El Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado y colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se lee en la imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores, según informó el diario El País de Tarija.

También figuran el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez.

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.

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Justicia envía al exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila a la cárcel de San Pedro por seis meses

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue detenido en Villazón, cuando pretendía fugar hacia Argentina

Presentación del exdirector de la FELCN a la prensa en La Paz, la noche del domingo.

/ 24 de enero de 2022 / 18:45

El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas.

Fue aprehendido la noche del sábado en Villazón, Potosí, cuando pretendía pasar a Argentina, en un intento de fuga. Se lo trasladó por vía terrestre a La Paz y desde el domingo permaneció en celdas policiales, luego de haber sido presentado a los medios enmanillado.
Como solicitó la Fiscalía, Dávila fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) lo investigaba por delitos vinculados al narcotráfico y como parte de una red delictiva que envió droga a Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el domingo que se requirió información a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia sobre la investigación al exjefe de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente”, sostuvo.

También fueron realizados cuatro allanamientos en inmuebles relacionados con Dávila en Santa Cruz y Cochabamba.

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