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jueves 28 oct 2021 | Actualizado a 16:06

Diferencias ideológicas bloquean la solución al pedido marítimo

Soberanía. Expertos aseguran que aún no se podrá resolver el conflicto con Chile

En Argentina. Morales y Piñera participan en la celebración del bicentenario. 25 de mayo, 2010.

/ 12 de julio de 2010 / 05:00

La Razón consultó a ex cancilleres, ex cónsules y ex legisladores sobre las posibilidades actuales que tiene Bolivia de acceder a un territorio soberano de acceso al mar. Todos coincidieron que con la asunción de Piñera, al Gobierno de Chile, la situación para el país se complica.

Piñera es parte del partido de centroderecha Renovación Nacional (RN). Asumió el poder en marzo de este año y relevó a la socialista Michelle Bachelet con quien Morales, de la misma tendencia política, logró concertar la inclusión de la demanda marítima en la agenda de diálogo.

El ex cónsul de Bolivia en Chile, Roberto Finot, afirmó que «ahora que asumió la presidencia del país la derecha más conservadora de Chile, eso dificulta las cosas y no podemos pretender que el nuevo Gobierno de Chile dé continuidad a la política internacional de sus antecesores. Obviamente que respetarán la agenda de los 13 puntos, pero ellos están siendo duros en sus declaraciones».

Finot, quien cumplió funciones diplomáticas en Santiago en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y parte del primer año de gestión de Evo Morales, afirmó que la demanda boliviana de una salida  con «soberanía» al mar está incluida en la agenda de los 13 puntos.

El ex senador Gastón Cornejo (MAS), quien impulsó la diplomacia de los pueblos, a través de la gestión de varios encuentros entre legisladores de Bolivia y Chile, ratificó que el tema de soberanía está incluido en la agenda de los 13 puntos. «Sería criticable si lo sacaron», advirtió Cornejo.

Desde su campaña política (2009), Piñera afirmó que a Bolivia se le podrían facilitar los accesos al mar, pero no ceder un territorio soberano. La semana pasada su canciller Alfredo Moreno ratificó esa posición.

CAMBIO. Sin embargo, la situación para Bolivia se complicó ya en la gestión de Bachelet, que el 2007 retrocedió en su posición inicial de dialogar sobre la demanda de soberanía marítima, según explicó Finot.

Los motivos de ese cambio de posición se habrían debido a la presión de la oposición chilena y a una encuesta de opinión sobre el tema, coincidieron Finot y el diputado chileno del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), Jorge Tarud. 
El 2006, una encuesta publicada en el periódico La Tercera de Santiago reveló que el 75% de la población chilena acepta dar acceso al mar a Bolivia, pero sin cederle un territorio soberano. El estudio fue publicado una semana después de que el presidente Morales pidiera una «reunión urgente» a la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la demanda marítima boliviana.

El ex canciller de Bolivia, Armando Loaiza, coincidió que las diferencias políticas entre los gobiernos de Morales y de Piñera complicarán las negociaciones bilaterales.

«En el tema de soberanía marítima Chile no demostró voluntad política, no sólo el señor (Sebastián) Piñera sino también la señora (Michelle) Bachelet. Todos saben que en esta época Chile no quiere negociar. En los hechos no hay posibilidad de negociación por el momento», advirtió Loaiza.

El diputado chileno ratificó que el tema de soberanía es «innegociable», incluso pidió que la demanda de ceder un territorio soberano a Bolivia sea relegada de la agenda de los 13 puntos. «Estamos de acuerdo con dar acceso al mar a Bolivia, pero sin ceder soberanía. Incluso ese tema debe ser excluido de la agenda en tratamiento», advirtió el legislador.

Para el ex senador Gastón Cornejo, la solución a la demanda marítima  «está desahuciada porque no hay voluntad política por parte del Gobierno de Chile».

Según el ex legislador «la subida de la derecha conservadora nos cierra toda posibilidad de acceder a un territorio soberano. Nuestra tesis siempre fue aceptada por los partidos socialistas, pero rechazada por la derecha», explicó Cornejo.

POSTERGACIÓN. El senador opositor del Partido Socialista (PS) de Chile, Alejandro Navarro, quien visitó Bolivia el 2006, recomendó suspender la negociación del tema de soberanía para posteriores años pues, según dijo, ahora no hay las condiciones para tratar la demanda boliviana.

«En 20 años habrá otro concepto de soberanía para poder negociar la demanda de soberanía de Bolivia. Ahora no hay valentía política, pero estoy seguro de que este tema se resolverá en un tiempo mediano. En ese sentido, comparto la idea de entregar un espacio marítimo para que Bolivia pueda emplear un mercado comercial», afirmó Navarro.

Según el congresista chileno, la actual política gubernamental de Chile no tendría que influir en la negociación de la agenda bilateral. «Piñera no puede retroceder en lo avanzado con Bachelet más allá de los signos políticos. Las decisiones no tienen que ser en base a las ideologías. La política internacional es cuestión de Estado a Estado y no de Gobierno a Gobierno», subrayó.

Finot aseveró que Bolivia no debería negociar ningún punto con Chile si se excluye el tema de soberanía marítima de la agenda.

DEMANDA ESTABLECIDA EN LA CARTA MAGNA

La demanda boliviana de salida al mar con soberanía está incorporada en la Carta Magna. El inciso I del artículo 267 determina que «El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo». El inciso II dice: «La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano».

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Aún está en construcción la ‘reparación integral’ a las víctimas de la represión en 2019

El resarcimiento económico para las víctimas de las masacres de 2019 es una parte y se buscan opciones viables; se dejó de lado la ‘renta vitalicia’.

David Inca en la entrevista con Claudia Benavente. Foto: Rubén Atahuichi

/ 28 de octubre de 2021 / 14:00

La ‘reparación integral’ a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata está en pleno proceso de construcción, especialmente en el tema económico, dejó entrever el representante de los marchistas David Inca en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Si bien es cierto que entre los 22 puntos de su pliego está el pedido de ayuda de Bs 10.000 para gastos de sepelio, otra de Bs 50.000 como nivelación de los grados de invalidez y un trabajo con un salario mínimo de Bs 5.000, el activista de derechos humanos precisó que todo esto se encuentra en proceso de análisis y diálogo.

Para el 5 de noviembre, que es cuando volverán a reunirse con las autoridades gubernamentales, se quedó en que el Gobierno presentará una propuesta de “ley de reparación integral”, en la que el asunto económico será uno de los aspectos centrales, aunque no el único.

Respecto de lo que se generalizó como una “renta vitalicia” de 5.000 bolivianos, Inca contó que en efecto entre los familiares se habló de esto: “En algún tiempo habíamos dicho ‘puede ser una renta vitalicia mínima, de un sueldo mínimo, lo que dispone la ley, pero que también (aumente) progresivamente, de acuerdo a lo que dice la ley’; pero no quieren (las autoridades de gobierno) entender eso; bueno, pues, buscaremos otras alternativas, en las cuales uno pueda ganarse la vida económica, pero que también nos den un apoyito, una ayuda, el Estado”.

En lo económico, apuntó Inca, el problema en general es la reposición de lo que la víctima perdió, de una u otra forma, a causa de la represión estatal de que fue objeto: por eso, pensar el reparar el salario perdido por el acoso de las autoridades de turno, la reposición de los bienes perdidos o maltratados, entre otras cosas.

En efecto se trata de un resarcimiento, reclamó Inca. En su criterio, en últimas cuentas hay una deuda social y política con las víctimas de la represión del gobierno de Jeanine Áñez: “Que nos dé una ayuda el Estado porque, lo tengo que decir aquí, y todas las víctimas les han dicho, gracias a los muertos, gracias a los heridos, gracias a los torturados, Luis Arce es presidente, David Choquehuanca es vicepresidente; el MAS es gobierno”.

“Entonces, no le estamos pidiendo un favor, les estamos diciendo que cumplan una obligación ética y moral a favor de los hermanos que han sufrido esa arremetida, por la que vidas han sido apagadas, hermanos heridos a bala y torturados, que no ha sido porque ellos alegremente han aceptado esa situación”, insistió.

Hay que recordar, como lo señaló en La Razón Radio el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, que a la fecha está en curso en la Asamblea Legislativa la elaboración de una ley de calificación de las víctimas de la represión, por la cual en lo fundamental se precisará el grado de afectación y la correspondiente proporción de la reparación.

Una muestra de que la reparación viene siendo un proceso dialogado es lo citado por Inca en en la transmisión digital de la directora de La Razón, Claudia Benavente: Él resume en tres los acuerdos o avances centrales de la prolongada reunión que tuvieron con autoridades de gobierno entre el martes y el miércoles, tras la llegada de la marcha.

“Primero el tema de justicia”, que se refiere a los procesos judiciales en curso contra los responsables de la represión. Segundo, que el Gobierno presentará un proyecto de ley de reparación integral, que tiene que estar en el marco, insisten los marchistas, del “capítulo 7 del informe del GIEI”, donde se define qué debe entender por reparación integral, “económica, social, laboral, educativa, de atención médica y de dignificación” de las víctimas y familiares.

Y, tercero, “con lo económico también, que nos van a presentar un decreto supremo por el cual van a dar créditos bancarios a un interés de 0,5%; no nos han dicho cuál va a ser el mínimo o máximo de préstamo; hemos pedido que los requisitos sean blandos; tiene que haber una facilidad de estos préstamos; y ahí evitamos de que nos digan ‘han pedido 5.000 bolivianos de renta vitalicia o de sueldo”, dijo Inca.

El martes, cuando llegó la marcha a La Paz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, y el vocero presidencial, Jorge Richter, se convirtieron en los interlocutores de la columna. Fueron asistidos por viceministros y directores de distintas carteras del Gobierno, en la reunión llevada a cabo en la sede de la Federación de Mineros.

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Trabajadores de AASANA perciben ‘poca voluntad’ del Gobierno sobre sus demandas

El secretario ejecutivo del sindicato de AASANA, Einar Roca, no descartó movilizaciones si el 5 de noviembre no se resuelven las demandas de ese sector.

/ 28 de octubre de 2021 / 13:34

El secretario ejecutivo de trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Einar Roca, aseguró este jueves que el Gobierno tiene “poca voluntad” para resolver las demandas de ese sector, cuya solicitud principal es el pago de una deuda de más de Bs 42 millones.

“Tenemos varios intentos de solución, pero (existe por parte del Gobierno) poca voluntad para resolverlos”, dijo el dirigente en una entrevista con La Razón Radio.

Roca explicó que el beneficio que otorga el Decreto Supremo 4528, que establece un fondo rotativo de más de 83 millones de bolivianos en favor de AASANA, “lo utilizaron para pagar los beneficios sociales de 222 trabajadores”, sin embargo, no cubre el total de las deudas de salarios y horas extras que se adeudan a los funcionarios, cifra que supera los Bs 79 millones.

Aseguró que las negociaciones con el viceministro de Transportes, Israel Ticona, están en un cuarto intermedio y serán retomadas el viernes 5 de noviembre para definir la reestructuración de AASANA y los sueldos devengados, entre otros. Afirmó que de no llegar a un acuerdo, “se asumirán medidas”.

“Podrían ir desde medidas, marchas, huelgas de hambre, paros escalonados o un paro nacional indefinido”, explicó.

La demanda de los trabajadores de AASANA al Gobierno data desde octubre de 2020, cuando realizaron un paro nacional en demanda del pago de cuatro meses de salario, además de las horas extra que cumplieron los funcionarios.

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Choquehuanca convoca a los jóvenes a cuidar la democracia del país

El Vicepresidente del Estado participó de un encuentro de jóvenes en el municipio de Viacha.

El vicepresidente David Choquehuanca. Foto de archivo: @VPEP_Bol.

/ 28 de octubre de 2021 / 12:50

El vicepresidente David Choquehuanca, durante su participación en un evento denominado «Reencuentro de Jóvenes con el Agua», convocó este jueves nuevamente a cuidar la democracia del Estado Plurinacional.

“Tenemos que cuidar nuestra democracia; son nuestros padres, son las juventudes, quienes han recuperado esta democracia”, dijo la autoridad en el evento realizado en un coliseo del municipio de Viacha, departamento de La Paz.

Choquehuanca remarcó que si no se hubiera “recuperado la democracia”, no se estaría realizando ni este tipo de actividades de los jóvenes para “sembrar y cultivar agua”.

Las autoridades del oficialismo hacen constantes llamados a cuidar la democracia porque temen que los sectores opositores al Gobierno vuelvan a desestabilizar el país como en la crisis de 2019.

En octubre de ese año se realizaron elecciones nacionales y sus resultados fueron cuestionados por denuncias de presunto fraude electoral, que derivaron en una serie de protestas cívicas e incluso en un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que el entonces presidente Evo Morales renuncie a su cargo.

Finalmente, el 10 de noviembre de 2019, Morales renunció y dos días después asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, mediante un cuestionado proceso de transición, que ahora es considerado por el oficialismo como un golpe de Estado.

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Fiscalía: Áñez ‘ordenó’ a Kaliman evitar en 2019 el ingreso de masistas a la Asamblea

El 12 de noviembre de 2019 hubo tres cordones de seguridad alrededor de la Asamblea Legislativa: militares, policías y civiles "pititas".

La conferencia de de prensa del Alto Mando de las FFAA en la que piden la renuncia de Evo Morales. Foto: La Razón-archivo

/ 28 de octubre de 2021 / 12:27

En medio de los aprestos por la sucesión presidencial el 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, impedir el ingreso de masistas a la Asamblea Legislativa.

Dicha información está contenida en la ampliación de la imputación formal del caso Golpe de Estado II —a instancias del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado— contra cuatro exjefes militares.

El documento, al que accedió La Razón especifica que ese 12 de noviembre Áñez mandó una carta a Kaliman para solicitar el resguardo “de los alrededores de la Asamblea Legislativa”. Lo hizo “disponiendo como Capitana General de las Fuerzas Armadas y la Policía, ordenando que se impida el ingreso de autoridades (NdR: senadores y diputados) del oficialismo para que las mismas no pudieran sesionar, vulnerando sus derechos como parlamentarios al no permitir el ingreso a dichas instalaciones”, dice la imputación expedida el 9 de septiembre.

 El dato coincide con las declaraciones que en su momento ofreció a La Razón Radio la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, entonces senadora y luego presidenta de ese órgano legislativo, que habló de tres cordones de seguridad.

“Hemos tratado de llegar al centro (político del país) después de que, de la noche a la mañana, se hizo una convocatoria ‘trucha’ (a sesiones), pero mis colegas no pudieron llegar porque no había paso (por los bloqueos) y tampoco nosotros podíamos ni entrar al kilómetro cero porque había tres (cordones de seguridad) que no nos daban el paso”, dijo sobre el resguardo en la plaza Murillo.

También puede leer: La Fiscalía imputa a exmandos militares por participar y cooperar en la ‘ilegal investidura’ de Áñez

Según recordó, esos cordones de seguridad estuvieron conformados por los “pititas”, el grupo de choque contra los masistas, en el anillo exterior; en el medio por elementos de la Policía Boliviana y en la misma Asamblea Legislativa por efectivos militares.

“Ella (llegó) al Palacio, hasta los militares la pusieron la banda (presidencial), ella (logró tener) el control de la Policía y de las Fuerzas Armadas y nosotros (en un principio) ni siquiera teníamos seguridad”, insistió Copa.

La ampliación de imputación formal, firmada por el fiscal Omar Mejillones, contra los excomandantes del Ejército Jorge Mendieta, de la Armada Palmiro Jarjury y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros, y del exjefe de Estado Mayor Flavio Arce considera que esta cúpula castrense cometió presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

A las 15.45 del domingo 10 de noviembre de 2019, la cúpula castrense, encabezada por Kaliman, sugirió la renuncia del presidente Evo Morales, “tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

A las 15.00, el comandante de la Policía, Yuri Calderón, había hecho lo mismo. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales presente su renuncia”, afirmó.

Antes, desde el 7 de noviembre, los policías se habían amotinado, y los militares habían mostrado desobediencia a Morales, especialmente elementos de la Fuerza Aérea, que intentaron evitar el viaje del mandatario en el avión presidencial al Chapare.

Al contrario, había expresado su predisposición de someterse a Áñez. Al llegar al aeropuerto de El Alto, al mediodía del 11 de noviembre, la senadora fue recibida por un oficial militar, quien le hizo saber que tenía órdenes de llevarla al Colegio Militar, en Irpavi. Lo hizo en un helicóptero de la FAB.

Estaba dispuesta la “cápsula presidencial”. Con ese resguardo de seguridad Áñez llegó a las 14.30 a la Asamblea Legislativa, donde adelanto que iba a llamar a sesiones legislativa para la lectura de las renuncias de Morales y del vicepresidente Álvaro García, hecho que no sucedió.

Sin la cooperación del operativo que montó Calderón la senadora “no hubiese podido llegar a la sede de gobierno y a las instalaciones de la Asamblea Legislativa”, dice la imputación.

Áñez instaló el 12 de noviembre sendos actos en la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa, donde se proclamó primero titular del órgano camaral y luego presidenta del Estado, sin quorum ni presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). En la noche, en el Palacio de Gobierno, un oficial de la Casa Militar le impuso la banda presidencial. Ahora es la principal imputada en el caso Golpe de Estado II.

Las tareas que desarrollaron los militares imputados:

Flavio Gustavo Arce San Martín, exjefe del Estado Mayor

“Segundo en el nivel de decisión, avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta, sin competencia y fuera de la Asamblea Legislativa”.

Jorge Pastor Medieta Ferrufino, excomandante del Ejército

“Incumplió con el precepto constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un presidente electo constitucional y democráticamente elegido, que era a su vez su propio Capitán General”.

Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante de la Fuera Aérea

“Ordenó el transporte (en aviones militares) de asambleístas afines a Jeanine Áñez para desarrollar la supuesta puesta en escena de las sesiones tanto en el Senado como en la Asamblea”.

Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante de la Fuerza Naval

Como los anteriores, “acompañó en la conferencia de prensa a William Kaliman donde éste último, haciendo eco a una decisión del Alto Mando, resuelve ‘sugerir’ al expresidente que renuncie”.

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Arce inaugura asamblea del FILAC y dice que el ‘golpe’ atentó los derechos de los indígenas

El Presidente demandó a la comunidad internacional el pleno respeto a la autodeterminación de los pueblos sin bloqueos ni injerencias.

El presidente Luis Arce. Foto: APG.

/ 28 de octubre de 2021 / 11:28

El presidente Luis Arce inauguró este jueves la XV Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que se desarrolla en Bolivia, y aprovechó el evento internacional para volver a denunciar el presunto golpe de Estado de 2019.  

“Hermanos y hermanas, debemos poner en evidencia que el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado en 2019, que ha llevado al quiebre y a la ruptura del orden constitucional atentando contra la democracia y los derechos de nuestros pueblos indígenas”, dijo.

La autoridad agregó que esta “ruptura del orden constitucional” consumó  “persecuciones, discriminación, vejámenes, humillaciones, torturas y generó la muerte de más de 37 hermanos”.

“La mayoría de ellos, precisamente indígenas, quechuas y aimaras; (pero) ha sido la conciencia, la organización y la movilización de nuestros pueblos campesinos indígenas y originarios que ha permitido a Bolivia rescatar la democracia mediante elecciones nacionales, que sucesivamente iban negando los golpistas”, sostuvo.

El  24 de julio de 1992, en Madrid, España, los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la II Cumbre Iberoamericana suscribieron el Convenio Constitutivo del FILAC.

En ese sentido, Arce instó a los países miembros de la organización a reconocer a los pueblos indígenas y apuntar a que “los Estados se saquen la coraza del monoculturalismo y del anquilosamiento del colonialismo interno, al cual fuimos sometidos por muchos siglos”.

Pero enfatizó que los tiempos han cambiado y la construcción del “sentido plurinacional” de los Estados debe ser el horizonte de hoy.

“Todos debemos reconocer que nuestros hijos, hoy y en las generaciones futuras, dependen de las decisiones y compromisos que hacemos juntos sin que nadie se quede atrás. Esto supone también demandar de la comunidad internacional el pleno respeto a la autodeterminación de los pueblos sin bloqueos ni injerencias de ningún tipo”, puntualizó.

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