El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la construcción dentro de la cárcel de San Pedro estará destinada a aulas educativas, celdas, talleres, espacios comunes y, además, a paliar el hacinamiento en el centro penitenciario.

En los últimos días, llamó la atención de los vecinos el levantamiento de una edificación en el penal, que ya sobrepasó la altura del muro perimetral. Limpias aseguró que la nueva infraestructura servirá para generar distintos espacios para los presos.

“Está ubicada en la sección Guanay, una de las nueve secciones que tenemos en la cárcel”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Limpias prevé que la construcción concluya en un mes a dos, debido a que no existe recursos suficientes y la obra depende de las donaciones de material. “En un mes a dos, irán acabando porque no hay muchos recursos”.

El funcionario explicó que ya había hacinamiento em cuando contaban con 2.700 privados de libertad, en 2022. Este 2024, existen más 4.000, por lo que, el problema resultó insostenible.

“Nos daba para edificar algo que pueda resolver el tema del hacinamiento”, justificó. 

Aseguró además que la construcción tiene autorización, aprobación arquitectónica y garantizó que no se vulnerará la seguridad del centro penitenciario.

Según explicó, la construcción tendrá tres niveles y el último piso estará destinado a la seguridad, mientras que en los otros se construirán aulas para quienes desean continuar con sus estudios a nivel licenciatura. “Hay universidades como la UMSA y la UPEA que quieren trabajar, pero nos piden espacios”.

“Tenemos una demanda los privados que salen bachiller y algunos quieren continuar con la educación y seguir formándose”, añadió.

También se instalarán talleres para que los reclusos puedan fabricar sus miniaturas para la feria de la Alasita. Indicó que Régimen Penitenciario continúa trabajando con centros productivos e ir más allá de producción de miniaturas.

Informó que en enero de 2022 se registraron 18.000 privados de libertad, mientras que, a abril de 2024, existen 30.138 presos en todo el país. “Para nosotros es importante resolver este problema de crecimiento de población penitenciaria”, afirmó Limpias.

La cárcel de San Pedro fue abierta en 1895 con una capacidad para 300 privados de libertad, luego se amplió para 600. Y, actualmente, se ha convertido en una pequeña ciudadela que alberga a más de 4.000 reos.

Asimismo, Limpias anunció que el Régimen Penitenciario está trabajando en la ampliación de diferentes centros penitenciarios. “Hemos edificado los últimos años, varios espacios comunes”.

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Un primer registro próximo de ingreso/regreso al país de Eduardo Rózsa Flores data del 6 de noviembre de 2008. Aquel día se hospedó en el hotel Buganvillas de Santa Cruz, en la suite 334.

Luego, el 24 de diciembre de ese año, se trasladó a la habitación 326 del hotel Las Américas, en la misma ciudad. Aquí compartió la pieza con Dudog Gabor.

Volvió al mismo hotel el 12 de enero de 2009 y se quedó hasta el 21 de febrero. Estuvo acompañado, esta vez, por Magyarosi Arpád. Usó el nombre de Jorge Flores.

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Plan de Rózsa

Entre el 3 de abril y 14 de abril estuvo hospedado el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido por un comando policial junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

Una investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2009, estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).

Alejandro Melgar compró los pasajes de avión de la célula.

 Mientras Rózsa vivía de forma discreta en el país (había llegado el 4 de octubre, según contó al periodista András Kepes), Bolivia salía de la crisis la Masacre de Porvenir, aquella intervención civil del 11 de septiembre contra manifestantes liderada por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que terminó con 13 muertos. Un estado de sitio en ese departamento y el último tramo de discusiones en la Asamblea Constituyente completaban el marco que recibió al ciudadano de origen boliviano y nacionalidad croata y húngara, nacido en Santa Cruz el 31 de marzo de 1960.

Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral. El MAS pretende ahogar al Congreso por su ley electoral, titulaba La Razón el martes 7 de abril de 2009.

Y el día D, este mismo diario titulaba una noticia secundaria con No hay pistas del atentado al Cardenal. Era jueves ese fatídico día, hace 15 años como hoy.

El 8 de septiembre de 2008, Kepes, nacido en Budapest, Hungría, entrevistó a Rózsa, cuyo testimonio es crucial para comprender su incursión en Bolivia y la conformación de una célula inicial.

“Hace un año y medio me buscaron de Bolivia, donde yo nací, en Santa Cruz”, develó.

Nunca el hombre supo decir quién lo contactó, aunque habló de que estaba “en contacto, casi siempre por internet”.

Sin embargo, su propósito era mayor. Cuando Kepes le preguntó si le llamaron a la posición del “comandante general del ejército”, Rózsa respondió: “No, no hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

Advirtió que la conformación de ese ejército tardaría décadas. Pero apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”.

Dato

No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.

“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, suponía.

Contó que el “consejo cruceño” estaban planteando un plan de defensa. “Este plan exige que se cuide la propiedad privada, que los ciudadanos puedan vivir en paz y que hay que defender a las autoridades como el prefecto y otros ciudadanos”.

“Y les dije: ‘hermanos cómo se va a llamar el grupo’”, recordó.

Rózsa sabía de sus limitaciones y temía que la incursión termine en caos.

“¿Qué busco yo aquí? Algunas personas piensan que aquí va a haber problemas más grandes. Hay una persona que pidió cooperación, que vuelva a casa y que ayude. Bueno, no soy Rambo, ni Superman”, admitió.

Objetivo

 “Yo tengo un poco de experiencia de guerras”, llamó la atención Rózsa, no obstante.

Pero fue contundente: “Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes, y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz”.

Presume el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que el “consejo” al que aludió Eduardo Rózsa Flores estaba conformado por Rubén Costas Aguilera, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio roca y Germán Antelo.

(16/04/2024)

La Dirección General de Migración de Bolivia negó este lunes las versiones que circulan que el Gobierno esté entregando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Señaló que se cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para emitir estos documentos.

“Ante versiones que están circulando de que hubiese ‘ciudadanos iraníes con pasaporte boliviano’: Negamos la acusación de que se estaría otorgando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Bolivia, desde la Dirección General de Migración, cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para la otorgación y control en la emisión de los pasaportes corrientes”, señala un comunicado de Migración.

Según el diario La Nación, el domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con representantes de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más el secretario de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y representantes de la DAIA.

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En ese cónclave, y en base a un informe de la dirección de Inteligencia Criminal de su ministerio, Bullrich adelantó el refuerzo en las fronteras; además, que se redoblarían los controles sobre pasaportes y documentos, sobre todo los provenientes de Bolivia, que tiene un acuerdo de cooperación reciente con Irán.

“Nosotros tenemos células de Hezbollah en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). Pero es en la frontera de Bolivia, donde nosotros vemos el máximo nivel de alerta, y seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán. Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán, en el territorio. Estamos investigando si hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”, aseguró Bullrich, según el diario La Nación.

La Dirección Nacional de Migración también recalcó que entres las gestiones 2023 y 2024 se emitieron cerca de 210.000 pasaportes a ciudadanos bolivianos que cumplieron los requisitos para la “otorgación” de dicho documento de viaje, “sin haberse otorgado ninguno a ciudadanos de otra nacionalidad”.

Ante la invitación de la Asamblea Legislativa a representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen como veedores en el proceso de preselección con miras a las judiciales, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que solo la CIDH anunció su cooperación técnica.

“Las tres instituciones han informado a nuestro Vicepresidente (David Choquehuanca) su amplia disposición de trabajo con el país. Han señalado también, en el caso de la Unión Europea y Naciones Unidas, que no cuentan con mecanismos para el acompañamiento a nivel de Asamblea. Ellos tienen misiones electorales para el día de la elección y para todo lo que tiene que ver con el día de la votación de las personas, no así con el mecanismo boliviano que, como saben, es único en el mundo”, dijo la autoridad gubernamental.

Añadió que no hay otros países con la posibilidad de elegir en el Legislativo y luego llevar a voto popular a los magistrados judiciales, y “esta situación ha hecho que se excusen de presentarse en esta etapa, tanto la Unión Europea como el Sistema de Naciones Unidas. No así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy ha publicado un comunicado para nuestro país, señalando la disposición del comisionado para Bolivia de visitarnos en los próximos días, (a partir) del 5 de mayo, para poder presentar el informe país”.

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La CIDH también indicó que el proceso de cooperación incluirá la elaboración y el envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes para el sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el relator de país, el comisionado José Luis Caballero.

A través de un comunicado, el vicepresidente Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea, señaló que se cursó invitaciones a los tres organismos internacionales para que participen en calidad de veedores en todas las etapas del proceso de preselección para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura.

“Estas invitaciones han sido atendidas por la ONU y la UE, quienes expresan su deferencia por la invitación y el respaldo de estos para que se desarrolle el proceso de forma objetiva y transparente. Sin embargo, aclararon que no están en condiciones de poder acompañar el proceso en la fase de preselección, pero reiteran su compromiso hacia Bolivia, de continuar con el fortalecimiento de los derechos humanos en el país, incluyendo especial atención a las elecciones judiciales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes la cooperación técnica con la Asamblea Legislativa respecto al procedimiento de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional y demás instancias del Órgano Judicial.

Además, el organismo señaló la visita del comisionado José Luis Caballero con el objetivo de presentar el informe país, producto de la visita in loco realizada en 2023 y publicado en 2024 “enfocándose en las recomendaciones sobre el sistema de justicia de dicho informe”.

“El proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes al sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el Relator de País, comisionado José Luis Caballero. Para tales efectos, se reunirá con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con autoridades del Poder Judicial”, señala el comunicado de prensa de la CIDH.

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El documento añade que, en el informe país, la CIDH indicó que “los procesos de selección de las personas que forman el Poder Judicial deben tener cualidades tales como la publicidad, participación, y transparencia, que contribuyen a fortalecer la certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”.

También el organismo llamó al Estado a “asegurar” que el nombramiento y selección, incluyendo la preselección, “no sean percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, pues esto afectaría la convicción de independencia dentro de la ciudadanía”.

“La cooperación técnica que se inicia quiere contribuir a la incorporación de las recomendaciones generadas por las CIDH en el informe país”.