Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que protejan la actividad del contrabando se exponen a ser enjuiciados y a una condena de hasta 13 años de cárcel, de acuerdo con la política de lucha contra el contrabando que perfila el Gobierno.
La información la proporcionó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, quien explicó que los funcionarios públicos, entre ellos policías y militares, vinculados con la ilícita actividad recibirán un tercio más de la condena que reciba el contrabandista.
El proyecto de Ley de Modificación al Código Tributario y Ley General de Aduanas prevé la participación de los militares en el combate a la internación de mercadería ilegal, aunque actualmente la institución armada participa en algunas acciones de control.
«Si sólo sancionaríamos al contrabandista no estaríamos siendo justos con todos. Entonces, el funcionario público, el vista aduanero, el policía y (el miembro de las) Fuerzas Armadas que tenga coparticipación en el delito de contrabando tendrá un tercio más de sanción», advirtió Arce en declaraciones a medios estatales.
El proyecto de ley que planteó el gobierno de Evo Morales y que fue aprobado en su estación en grande en la Cámara de Diputados, establece condenas de cinco a 10 años para el contrabandista.
«Sabemos que en el contrabando está involucrada gente de las dos partes (funcionarios públicos y contrabandistas) y pese a que ya existe la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, queremos endurecer más la pena para el funcionario público», insistió la autoridad.
El presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Marcelo Elio, informó que, evidentemente, reciben sugerencias para endurecer aún más las sanciones contra los involucrados en el delito de contrabando, entre ellos militares.
«Los militares, empero, tienen sus propios tribunales y (las FFAA) es una institución que tiene otras características», aclaró. En ese contexto, explicó que no se estableció hasta el momento si los militares que coadyuven en el delito de contrabando serán procesados en tribunales militares u ordinarios.
El contrabando en Bolivia movería hasta 1.200 millones de dólares al año. A partir de ese cálculo, el Estado dejaría de percibir 250 millones de dólares en impuestos, monto que representa el presupuesto anual para la cancelación de la renta Dignidad, dijo Arce.
La propuesta prevé la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los contrabandistas, y no admite medidas sustitutivas a la detención preventiva. Los comerciantes anunciaron medidas de presión para flexibilizar el contenido de esta norma, que es comparada con la Ley 1008 de lucha contra el narcotráfico.