El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que este fin de semana un grupo de familiares de los fallecidos en los hechos de violencia en Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y Pedregal (La Paz) en noviembre de 2019 se reunieron con expertos de la CIDH y de las Naciones Unidas.

“James Cavallaro, excomisionado y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Alan García Campos, jefe de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, compartieron con los afectados los mecanismos, alcances e instrumentos legales para la reparación en casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos como los registrados durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, explicó Lima.

El encuentro se dio en el marco de un conversatorio con la presencia física de los sobrevivientes, detenidos y familiares de las víctimas mortales de las “masacres”,  intercambiaron criterios con los expertos.

“Lamentablemente vivimos un año y tres meses de vulneración de nuestros derechos humanos, no hemos tenido prioridad, nos siguen tildando de narcotraficantes, maleantes, borrachos”, reclamó la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata,  Gloria Quisbert. 

En noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez hubo intervención policial y militar en la Sur de La Paz, el 11 de noviembre; en Sacaba, Cochabamba, el  15; y en la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, el 19. De ese trágico suceso resultaron 30 personas fallecidas, decenas de heridos, y cientos de detenidos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que en Bolivia serán desplazados 25.000 policiales para dar seguridad en las elecciones subnacionales del domingo 7 de marzo.

“Son 25.000 efectivos policiales a nivel nacional para cuidar el voto de la población boliviana. Hemos realizado un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud, la Policía Boliviana y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para velar por la salud del pueblo boliviano en el ejercicio de su derecho democrático al voto”, explicó en el canal estatal de televisión.

Según el TSE, un día antes de los comicios, cada recinto electoral tendrá policías custodios desde el momento en que se depositen las maletas electorales en aulas y su precintado hasta que comience la votación.

La Policía también protegerá las ánforas durante el conteo y evitará cualquier incidente.

Los policías harán controles en el radio urbano, mientras que las Fuerzas Armadas cuidarán en el área rural.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz derivó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una denuncia en contra del candidato a la alcaldía de Santa Cruz Jhonny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), por haber difundido resultados de encuestas a través de redes sociales.

La acusación fue formalizada el 8 de febrero por Omar Rivera, candidato por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). En cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 2018 del Órgano Electoral Plurinacional, al tratarse de una denuncia contra una organización política de alcance nacional, el TED Santa Cruz remitió los antecedentes al TSE.

Los voceros de UCS argumentaron que los resultados de la encuesta en cuestión “fueron difundidos por una cuenta de Facebook no oficial del partido y por lo tanto la acusación no tiene sustento legal”.

El artículo 136 de la Ley Electoral 026 señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.

Con ese argumento, en las elecciones subnacionales de 2015 el Órgano Electoral inhabilitó la postulación a gobernador de Ernesto Suárez, de Unidad Demócrata, y a sus 228 candidatos en el Beni.

Según recientes resultados de intención de voto de la encuestadora  Ciesmori para Unitel, el candidato de UCS ocupa el segundo lugar con 28, 7%, antecedido por Gary Áñez de Comunidad Ciudadana que tiene 38,1%.

A solo una semana de las elecciones subnacionales, Roberto Fernández anunció que decidió declinar su candidatura a la alcaldía de Santa Cruz por la Alianza Solidaria Popular (ASIP).

“Los tiempos de Dios son perfectos (…), hemos hecho un análisis al interior de mi familia inicialmente, posteriormente con nuestro comité de coordinación departamental y hemos tomado la difícil decisión de bajar nuestra candidatura al Gobierno Municipal”, dijo en contacto con medios de comunicación en Santa Cruz.

Fernández, según las últimas encuestas, era uno de los candidatos con muy baja preferencia electoral; sin embargo, aseguró que la decisión de abandonar sus aspiraciones electorales la asumió “más allá de las preferencias reales que hay”.

Además, remarcó que en este proceso electoral se realizó una “campaña atípica” desigual, que se ha teñido de una serie de cuestionamientos e incluso “discriminación”.

Asimismo, aclaró que ASIP continuará con sus candidatos en las provincias, al igual que sus aspirantes a la Gobernación y a la Asamblea Departamental.

La Defensoría del Pueblo condenó este domingo la violencia desatada en el municipio de El Torno, departamento de Santa Cruz, donde algunos postulantes a la Alcaldía de esa región pasaron de las agresiones verbales a las físicas.

“Esta institución defensorial advierte que estas acciones, ocurridas el sábado en la noche, atentan contra el derecho a una convivencia pacífica y a participar en elecciones limpias y democráticas, lo que pone en riesgo la misma democracia”, cita un comunicado de la Defensoría.

El candidato a primer concejal de El Torno por la agrupación SOL, Darwin Rivera Reyes, denunció anoche que sufrió agresiones físicas por parte del alcalde Gerardo Paniagua y otros seguidores de Demócratas.

Rivera contó que la agresión se registró cuando él, junto a otros militantes de SOL, estaban en un taller arreglando un vehículo que usan para la campaña.

En cambio, el alcalde, que busca ser reelegido en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo con la agrupación Demócratas, aseguró que él de manera constante recibe agresiones de SOL.

Incluso –según su versión– cuando se encontraba en una reunión, militantes de SOL lo insultaron usando megáfonos, por lo que sus seguidores se habrían molestado y reaccionado.

 Entretanto, la Defensoría convocó a la Fiscalía General del Estado, la Policía y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a realizar las investigaciones del caso para sancionar a los responsables conforme establece el ordenamiento legal vigente.