El director de Asuntos Contenciosos de la Gobernación de Santa Cruz, Ricardo Sotillo, informó que la audiencia programada para este jueves contra el gobernador electo Luis Fernando Camacho, el exasesor jurídico Efraín Suárez y la notaria Gina Talavera fue suspendida hasta el 17 de febrero, debido a que la fiscal se encontraba en otro acto procesal.

“La fiscal tenía un allanamiento, así que se ha diferido la audiencia para el mes de febrero. Este es un caso denunciado por el Viceministerio de Transparencia en dos temas. Uno en la falsedad aparentemente de un poder que se otorgó en 2023 y un delito de usurpación de funciones”, dijo.

El funcionario señaló que, al ser hechos ocurridos en la Gobernación, como institución también se adhirieron en ambos casos y acompañan en las investigaciones.

El acaso fue iniciado en mayo de 2024 por el Viceministerio de Transparencia, luego de que se hallara irregularidades en las firmas de un poder de 2023.

Mediante este documento, Camacho, encarcelado en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, otorgó atribuciones a algunos de sus secretarios de la Gobernación en materia jurídica.

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La entonces notaria de la Gobernación dio fe de la firma del gobernador electo. Sin embargo, se descubrió que ella no estuvo presente y que ni siquiera ingresó al penal de Chonchocoro.

La información la proporcionó Efraín Suarez, entonces asesor jurídico de Camacho. Posteriormente, Talavera intentó justificar la firma, pero las contradicciones y las incoherencias entre las versiones impulsaron las investigaciones.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Camacho “hizo insertar en dicho instrumento un protocolo con declaraciones falsas como si se hubiese constituido a las oficinas de la Notaría de Gobierno situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.

Por este caso, Suárez fue imputado formalmente el 30 de diciembre de 2024 por el delito de usurpación de funciones, mismo que fue calificado de “político” por líderes opositores.

Días ante a la determinación de la Fiscalía, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del empresario Samuel Doria Medina y Efraín Suárez, en representación de Camacho, firmaron un acuerdo de unidad con el fin de buscar una sola candidatura que haga frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este año.

Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo, Isidora Jiménez e Yván Espada, en el marco de la ley del juicio de responsabilidades, deberán declarar este viernes desde las 09.30 en el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. 

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elsa Ali Ramos, que funge como secretaria de este comité, informó que las declaraciones de Hurtado y Espada, previstas para este jueves, fueron reprogramados para el viernes a la misma hora por motivos de la sesión de la Cámara de Diputados que trató dos créditos externos.

Los magistrados prorrogados son acusados por resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, artículos 153, 173 y 163 del Código Penal, esto en el marco de la designación de Gonzalo Hurtado como presidente del TCP.

Entre los denunciantes están la exconsul María Oporto, César Navarro y el exviceministro y exdiputado Wilson Santamaría.

Alí Ramos afirmó que los magistrados prorrogados solicitaron declarar vía virtual en el Comité, por lo que descartó su presencia en el edificio de la Asamblea Legislativa.

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En noviembre de 2024, Santamaría indicó que la denuncia que se realizó en contra de los magistrados “autoprorrogados” son por cosas “curiosas” que ocurrieron en el TCP, como la creación de la figura de “Decano” y el nombramiento de Hurtado como presidente de esa máxima instancia.

“Si revisan la Ley del Tribunal Constitucional y las normas que rigen esa instancia, no van a encontrar esa disposición que crea ese cargo, pero, totalmente, agrava (su situación) esa toma ilegal (de la presidencia) del Constitucional”, dijo.

Recordó que los denunciados aprobaron la elección de una directiva, pero la Ley del TCP señala “que es el presidente el que convoca a las sesiones de sala plena y eso no ha ocurrido”.

Añadió que como establece la Ley 044 se presentó la denuncia penal a la Cámara de Diputados, para que, como establece el procedimiento, sea remitido a la Comisión de Justicia Plural que, a su vez, será derivada al Comité del Ministerio Público que actúa como Fiscalía en la Asamblea Legislativa.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, no descartó la candidatura del presidente Luis Arce para las elecciones generales 2025, aunque aclaró que la decisión final se la tomará en un ampliado de las organizaciones sociales.

“Desde luego que no se descarta para nada la candidatura del presidente Arce; hay muchos dirigentes que lo sugieren, pero esta es una decisión de un ampliado que el instrumento político del MAS va a tener y en su momento se definirá”, afirmó Novillo, según una nota de prensa del Ministerio de Defensa.

El lunes, la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezada por Grover García, anticipó que el elegido o elegida para la candidatura de ese partido se conocerá hasta finales del marzo, mes en el que se prevé modificar su estatuto orgánico.

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“Estamos con nuestras organizaciones sociales, así nacionalmente, departamentalmente. El candidato para presidente, vicepresidente, senadores, diputados, dentro del MAS, lo vamos a elegir de forma orgánica, de forma democrática”, dijo García.

Señaló que el nombre se tiene que elegir desde los ampliados provinciales, departamentales y nacionales en el que participarán las diferentes organizaciones sociales.

Novillo también enfatizó en la importancia de garantizar las elecciones para agosto y de trabajar en el pacto social que convocó el presidente Luis Arce, para abordar los desafíos económicos y de la institucionalidad del país.

Además, destacó los logros del Gobierno en la transformación estructural del Estado y la economía, y la importancia de celebrar el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, cada 22 de enero.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados Enrique Urquidi rechazó la propuesta del presidente Luis Arce de realizar un “un gran acuerdo social” porque considera que es “demagógico y electoral”.

“Ese pacto social es demagógico y electoral. Lo que busca en el segundo punto es que alentemos y apuntalemos la falsa industrialización y la falsa sustitución de importaciones. No vamos a apuntar una propuesta que es electoral, no reconciliación”, aseveró el legislador.

Añadió que ese pacto social no busca la unidad en el año del Bicentenario, porque es una propuesta electoral que “no la acepta y la rechaza”.

En el acto de los 16 años del Estado Plurinacional, el Presidente planteó cinco líneas en busca de la unidad de cara a las elecciones generales y la celebración del Bicentenario.

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Arce mencionó que este Pacto Social contiene líneas en materia de justicia, política, economía, resguardo de la democracia y medio ambiente.

El diputado de Creemos, Walthy Egüez, afirmó que el presidente Luis Arce lo que busca con esa propuesta es su tranquilidad para seguir tapando los problemas económicos que se vive en el país.

“Ustedes creen que el pueblo va a estar en paz cuando falta combustible o van a estar en paz mientras los precios de la canasta familiar se disparan. Este gobierno no va a tener paz porque los sectores afectados van a demandar soluciones al gobierno”, dijo el diputado.

En tanto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista Hernán Hinojosa señaló que se necesita sacar adelante el país y en ese sentido el Presidente dio un mensaje claro en busca de la unidad.

“Este es un gobierno de industrialización y obviamente en este 2025 es el año del Bicentenario. Para ello necesitamos unidad para proponer ideas y sacar al país (de la crisis)”.

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley de Restricción del Gasto Público en Períodos Electorales y lo remitió a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación.

La senadora y proyectista de la norma, Andrea Barrientos, explicó en sesión de Senadores la importancia de esta norma y ejemplificó que, en Cochabamba, en el caso de la Alcaldía, tras la proclamación de Manfred Reyes Villa, esté “contrató a 10 influencers”.

“Mi punto es que cuando hemos preguntado al municipio quién ha pagado, si se pagó con plata de Manfred o de la Alcaldía. ¿Quién paga? La Alcaldía nos dice qué les importa, no nos pueden fiscalizar”, señaló.

Enfatizó que “nadie debe usar recurso(s) público(s) para hacer campaña electoral”.

“Espero que en la Cámara de Diputados se puede aprobar el proyecto de ley. Es una cosa significativa, es importante porque nuestra obligación es cuidar los recursos de los bolivianos más allá de los partidos políticos que representamos”, mencionó.

El artículo uno del proyecto señala que la “ley tiene por objeto regular a los órganos ejecutivos de los diferentes niveles del Estado para el control y fiscalización del gasto público durante el periodo electoral, garantizando la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo políticas de austeridad”.

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Además, menciona, en el artículo dos, que se “aplicará al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, a nivel del central, durante el año en que se realicen las elecciones generales a nivel nacional”.

“Asimismo, se aplicará a cualquier incremento del gasto público que excedan lo presupuestado en el año electoral, incluyendo el gasto publicitario de gestión gubernamental no presupuestado ni aprobado previamente”.

El artículo 10, “Prohibiciones” en su inciso c, establece que, durante el periodo electoral, “la imagen del presidente y vicepresidente no podrá ser utilizada para publicidad gubernamental”.

Además que “el Ministerio de Economía está prohibido de aprobar modificaciones presupuestarias que vayan dirigidas a publicidad gubernamental durante el periodo electoral”.