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Llorenti avaló radicatoria temporal de menonitas

El abogado del alemán, Otto Ritter, mostró la norma aprobada el 15 de junio del 2010, que lleva también las firmas del ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, y del director de Asuntos Jurídicos, Rubén Gamarra.

En ese sentido, dijo que en su artículo primero, la resolución gubernamental autoriza a la Dirección de Migración efectuar el traspaso de residencia, contenida en la «Tarjeta de Regulación Migratoria», al sticker de permanencia temporal por dos años para la obtención de documentación migratoria de colonos menonitas.

Indicó que el artículo segundo dispone el pago de multas por concepto de retraso en la obtención o renovación de la documentación migratoria de los colonos.

El viernes, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, denunció que Torrico quería formar un grupo, en el que estaba Schmidt, que pretendía extorsionar a menonitas con ofertas de residencia permanente.

«¿Cómo mi patrocinado podría otorgar residencia si él no era autoridad?», cuestionó Ritter y admitió que Schmidt, junto a sus dos abogados y un policía fue a Migración para consultar sobre la posibilidad de crear brigadas móviles que den cumplimiento a la resolución en las diferentes colonias.

El jurista aclaró que la norma no se cumplió porque no se hizo ningún trámite, sino únicamente una reunión en La Paz, el 7 de julio, entre autoridades del Ministerio de Gobierno y representantes de las 57 colonias menonitas.

Un reglamento ilegal

Según el Ministerio de Gobierno, la resolución que autoriza la regularización jurídica de menonitas prueba que Gustavo Torrico quiso usurpar funciones.

«La Resolución Ministerial (093/2010) señala que se encarga a la Dirección General de Migraciones y a la Dirección de Recaudaciones realizar los trámites correspondientes para cumplir con su aplicación», indica el Ministerio de Gobierno en un comunicado. Añade que Torrico «no tenía ninguna facultad de asumir tareas que no le competen y corresponden cumplir a otras instancias del Ministerio de Gobierno». La resolución «es otra prueba más de que se intentó usurpar funciones», se añade en el documento.