Andrés Flores y Deysi Choque, diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista, serán citados por el Ministerio Público de La Paz tras afirmar que en noviembre de 2019 fue el propio expresidente Evo Morales quien instruyó a dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad “salir a pedir públicamente su renuncia a la presidencia del Estado”.

“En vista de que ha hecho una solicitud la parte imputada, y algunas declaraciones también que ha tenido conocimiento el Ministerio Público, se ha dispuesto ya que se puedan librar citaciones para estas personas (Flores y Choque), pero está en función también a la agenda que está desarrollándose en coordinación con los investigadores asignados”, dijo el fiscal Omar Mejillones, que investiga el caso golpe de Estado I, según Erbol.

Morales, en su libro “Volveremos y seremos millones”, narra que el 10 de noviembre de 2019 sus bases sociales quedaron en convocar a movilizaciones para recuperar el Palacio de Gobierno, durante la última reunión con la COB.

Dice que lamentó que el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, haya pedido su dimisión. Cuenta que incluso intentó comunicarse con el dirigente a través de otro. “Entonces se quedó callado”, lamenta.

El líder de la COB sorprendió al pedir la renuncia de Morales, en coincidencia con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y del entonces comandante de la Policía, Yuri Calderón.

En julio, la diputada Choque señaló que no solo una persona fue testigo de la instrucción de Morales, sino algunos dirigentes como Andrés Flores, ahora jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados. Al ser consultada sobre la fuente que sustenta su acusación, aseguró que no puede develar el nombre.

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Ese 10 de noviembre, Morales dimitió en medio de denuncias de un fraude en las elecciones del 18 de octubre de ese año, protestas cívicas dirigidas por el entonces presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (principal acusado de este caso). A ello, se sumó un motín policial y la presión militar. 

Dos días después, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y, luego, presidenta del Estado. Ella está encarcelada por esta investigación en el penal de Miraflores de La Paz. Ya fue sentenciada en primera instancia a 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II, en el que la Fiscalía la acusó de haber tomado el mando del país sin el quórum respectivo en la Asamblea Legislativa y sin respetar el reglamento de la Cámara de Senadores.

A finales del 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra quienes promovieron el derrocamiento de Morales, lo que se conoció como el caso Golpe de Estado I, que investiga principalmente a seis personas: Áñez, sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez y Luis Fernando López; además de Camacho (ahora gobernador cruceño y encarcelado en Chonchocoro) y su padre, José Luis Camacho Parada.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó este viernes las acusaciones de la defensa de Luis Fernando Camacho de una presunta vulneración a sus derechos y aseguró que se entregaron al juez los resultados de los exámenes médicos del gobernador de Santa Cruz.

“Rechazamos aquellas aseveraciones del abogado (de Camacho) que dice que estuviéramos incumpliendo ese proceso. Tienen el derecho de hacer todo lo que corresponde y (lo que) crean ellos que estaríamos vulnerando, pero nosotros tenemos todas las pruebas para defender cualquier situación del trabajo que viene realizando la administración penitenciaria”.

El jueves, Martín Camacho, defensa legal del gobernador cruceño encarcelado por el caso Golpe de Estado I, indicó que presentará una denuncia penal contra Limpias porque no entregó los resultados de los estudios médicos, además que lo acusó de la vulneración a los derechos humanos. 

“Estamos presentado una denuncia por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y además desobediencia a resoluciones judiciales, entendiendo que el juez Primero de Instrucción Anticorrupción le hubiese ordenado el lunes 18 de septiembre que remita los resultados de los exámenes complementarios realizados el 6 de septiembre”, dijo .

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A esta denuncia, Limpias indicó que el viernes 22 llegó a la administración penitenciaria la solicitud de la autoridad jurisdiccional de que se remitan los exámenes complementarios realizados a Camacho. Agregó que la autoridad dio un plazo de tres días hábiles para su presentación, lo que se cumplió el miércoles.

“El miércoles se cumplía este plazo y a primera hora se estaba entregando. Ya están en poder del juez todos los expedientes. Tenemos los descargos, fecha y hora. Da pena que no vayan a ver el expediente y se den cuenta que nosotros hemos cumplido con lo que el juez ha establecido”, indicó Limpias.

Remarcó que los exámenes complementarios no fueron una orden judicial, sino una determinación de la administración penitenciaria. Añadió que la junta médica sí fue propiciada por el juez. “Creemos que hemos cumplido y tenemos todos los descargos correspondientes”.

Respecto a los resultados, Limpias señaló que se espera que los especialistas que vinieron a la junta médica puedan dar luces respecto a los tratamientos para Camacho.

“Será la autoridad competente con todos los informes a brindar para que se tome alguna determinación (respecto a la salud de Camacho)”, mencionó.

El último informe Delphi de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) estableció que el 49,3% de una muestra de población considera que “no se logrará ningún acuerdo y se extenderá de hecho el mandato de las actuales autoridades judiciales”.

EL documento planteó una serie de preguntas a un “grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”. El estudio se hizo entre 13 y 26 de septiembre con base a respuestas de 136 entrevistados.

De ese universo, 14,7% consideró que “se viabilizarán las elecciones con una ley de consenso y acuerdos sobre los postulantes en la Asamblea Legislativa”.

Y el 25,7% afirmó que “no se logrará ningún acuerdo y el Poder Ejecutivo nombrará por decreto autoridades interinas”.

Pausa legislativa

La Asamblea Legislativa se encuentra en pausa sobre la aprobación de la ley de elecciones judiciales, en consulta en unas ocho instituciones del Estado. Aprobada la ley en la Cámara de Senadores, Diputados paralizó el proceso por dudas sobre su constitucionalidad y administración.

La Constitución no consigna una eventual prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos, menos una vacancia de esas funciones.

El 26 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación y exhortó al Estado a garantizar las elecciones judiciales este año.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desahució los comicios para este año y el proyecto los consigna para la primera quincena de enero de 2024. De concretarse, será semanas después de que los actuales magistrados y consejeros, electos en 2017, terminen su mandato de seis años el 2 de enero, al menos.

Consulta TCP

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TSE) aceptó la consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y paralizó cualquier posibilidad de consideración legislativa de la ley.

¿Usted está de acuerdo o no en que los partidos pacten para la realización de las elecciones judiciales? El informe Delphi estableció que el 54,4% de los entrevistados afirmó que está “de acuerdo”, el 30,9% dijo estar “muy de acuerdo” y el 10,3%, “en desacuerdo”.

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En otro acápite, el estudio preguntó sobre si los operadores de justicia en el país se están convirtiendo en un suprapoder por sus intereses, el 44,1% afirmó estar “de acuerdo”, el 33,1% respondió “muy de acuerdo” y el 16,2%, “en desacuerdo”.

¿Qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento del sistema de justicia en el país? El 77,9% se declaró “muy insatisfecho” y el 19,1% dijo estar “insatisfecho”. Al contrario, nadie, 0,0%, se declaró “satisfecho” y solo el 0m7% afirmó estar “muy satisfecho”.

Las inciertas elecciones judiciales deberían definir la elección de 23 magistrados, titulares y suplentes, de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y tres miembros, también titulares y suplentes, del Consejo de la Magistratura.

El Gobierno anunció este viernes que Bolivia, desde noviembre, será parte del proyecto de Vigilancia y Control de la Aviación General en la Ruta de la Cocaína (Colibrí), ejecutado en el marco del Programa de los Flujos Ilícitos Globales financiado por la Unión Europea (UE) en contribución a la lucha contra el narcotráfico

“Desde noviembre seremos parte de este gran proyecto para el intercambio de información, operaciones conjuntas, capacitación técnica y otros”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de su cuenta de redes sociales. 

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La autoridad indicó que se reunió en Bélgica con el secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Kunio Mikuriya, y el coordinador del proyecto Colibrí, Lorenzo Martínez Fernández, y con otras autoridades con el fin de intercambiar criterios y experiencias en temas vinculados a la seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada.

El nuevo proyecto Colibrí se dirige específicamente a la Aviación General (AG), un vector que concierne a todas las operaciones de la aviación civil para fines distintos del transporte comercial.

En la página digital illicitflows.eu se informa que la aviación general no está sujeta a los mismos mecanismos de inspección policial o aduanera, y las medidas de seguridad de los vuelos se relajan sustancialmente, incluso en zonas altamente reguladas.

Esto significa que la AG representa una oportunidad para el crimen organizado y ofrece una serie de ventajas a los traficantes. Se trata de un medio de transporte discreto y rápido, que puede utilizar aeropuertos más pequeños donde las fuerzas del orden suelen estar ausentes.

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este viernes un “manipulación informática” en el sistema judicial de Santa Cruz. Indicó que se direccionó a una sala, de manera irregular, un amparo constitucional con el fin de frenar el congreso del partido, que se realizará del 3 al 5 de octubre en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. 

“Se ha intentado frenar por un amparo el congreso programado para los próximos días en la localidad de Lauca Ñ. Lo que nos llama la atención es que no se ha presentado un amparo, (sino) cuatro de manera simultánea. Lo grave de esta situación, te dicen por sorteo aleatorio qué sala te ha tocado, pero ayer han cometido una manipulación informática para que lo sorteen a una sala específica”, denunció Diego Jiménez, parte de equipo jurídico.

Agregó que esta acción está vinculada a un tipo penal y dijo que lo que llama la atención es que funcionarios del Consejo de Magistratura se presten ante esta situación.

“Implica que alguien ha dado esa autorización y ha instruido que se manipule el sistema de manera inmediata para que esa sala constitucional que estaría con la predisposición de emitir una medida cautelar (tome el amparo). Si esto es así, estaríamos con un prevaricato inminente de estos vocales de la Sala Constitucional”.

Además, señaló que de manera paralela a esta denuncia pública se presenta una querella penal en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para que investigue e identifique a quienes han manipulado del sistema informático y si esa sala constitucional está “coludida” para dar curso a esta acción. 

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El martes, Jiménez aseguró que el congreso de esa organización, convocado en Lauca Ñ, estaba “blindado legalmente”.

El congreso del MAS es cuestionado por representantes de organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Luis Arce. Incluso en días pasados, el ampliado del Pacto de Unidad determinó desconocer ese encuentro convocado por el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales.

Asimismo, el mandatario descartó su participación en este congreso, debido a que se está prescindiendo de las organizaciones sociales, que son dueñas del instrumento político.  

El jueves, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no definió aún el recurso extraordinario de revisión en contra de la supervisión al congreso masista.

“La Sala Plena del TSE ha considerado dos recursos extraordinarios que tienen el objeto que se deje sin efecto la supervisión autorizada para el congreso del MAS-IPSP que se va a realizar en Cochabamba, sin embargo, no se ha logrado la votación mínima para tomar una decisión de admisión o rechazo de estos recursos”, informó el secretario de la Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

La vocal del TSE Dina Chuquimia informó que fueron convocados para el lunes a las 16.00 a Sala Plena para tratar el recurso extraordinario de revisión presentados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’.