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Thursday 8 Dec 2022 | Actualizado a 19:57 PM

Justicia alerta de ola de renuncias de jueces y vocales

Situación. Hasta junio se registraron 162 renuncias. La Judicatura está preocupada

/ 11 de agosto de 2010 / 05:00

Luego de aprobada la Ley del Órgano Judicial, se presentó una ola de renuncias de vocales de Distrito y jueces que ponen en riesgo la administración de justicia, informó el decano de la Judicatura, Rodolfo Mérida. Hasta junio, se contabilizaron 162 renuncias.

No especificó en qué medida el número de renuncias se incrementó hasta la fecha, pero aseguró que los casos de esta naturaleza se registran «cada día». La presentación de cartas de renuncia es constante, insistió.

«Nos ha llamado la atención que muchos jueces estén renunciando argumentando motivos estrictamente personales, pero vemos que no es así. Hay preocupación dentro del Órgano Judicial», expresó Mérida, quien reconoció que esa situación es consecuencia de la vigencia de la nueva Ley Judicial, promulgada en junio.

Dijo que puede entender que se presente una o cinco renuncias, pero no las renuncias masivas que hacen notar «la poca responsabilidad para administrar justicia».

Según datos del Consejo de la Judicatura, en junio, 162 jueces y vocales habían renunciado y otros fueron despedidos por no presentarse a un examen de competencia. Entre este total están 42 renuncias a vocalías de Distrito, 74 en juzgados de Partido y 46 en juzgados de Instrucción.

Mérida informó que el Consejo está abocado ahora a llenar esas acefalías y que en breve se iba a enviar a las cortes las nóminas de los candidatos que fueron calificados luego de un proceso de exámenes de oposición para que sean las cortes distritales las que elijan a las nuevas autoridades.

«Lo primero que se ha hecho ha sido completar el número de vocales para que exista quórum. Ahora enviaremos las nóminas de los candidatos a jueces y las cortes elegirán a sus jueces y se llenarán esas acefalías», explicó.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó en julio a 26 vocales para las cortes de Distrito de La Paz, Chuquisaca, Beni, Cochabamba y Santa Cruz. La Ley del Órgano Judicial (Ley 025) establece que ningún funcionario judicial puede abandonar sus funciones entretanto no se nombre a su reemplazante.

En ese sentido, Mérida aclaró que las cortes tienen la obligación de hacer conocer a los funcionarios que renunciaron que no pueden abandonar sus despachos para no crear un caos.

En Bolivia existen 775 juzgados y tribunales. 435 están en las ciudades capitales y El Alto, mientras que 340 se ubican en asientos judiciales de provincias.

El Consejo de la Judicatura resolvió más del 50 por ciento de los 800 procesos disciplinarios presentados contra funcionarios judiciales. Mérida hizo conocer la información durante la Rendición de Cuentas Públicas que se realizó ayer en La Paz, en el marco de la transparencia en el manejo del presupuesto.

Protesta por los cambios en la justicia

Algunos jueces y vocales que dejaron el cargo, protestaron por la «politización» de la justicia que se estaba realizando. Otros dijeron estar en desacuerdo con la reducción de sus salarios cuando sean igualados con lo que ganen los nuevos profesionales del área.

Capacitarán a líderes indígenas

El Órgano Judicial, a través de la futura Escuela de Jueces, capacitará a los abogados indígenas y líderes campesinos en justicia comunitaria para que puedan administrarla en el marco de  principios, como el respeto a los derechos humanos.

La entidad, que reemplazará desde enero del 2011 al actual Instituto de la Judicatura, va a brindar capacitación a abogados indígenas, líderes comunitarios y otras instancias que practiquen esta justicia ancestral, informó el decano del Consejo de la Judicatura, Rodolfo Mérida.

«La Constitución y la futura Ley del Deslinde Jurisdiccional establecen la coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones. Ahora se va a tener la posibilidad de compartir experiencias en los distintos tipos de jurisdicciones, establecidas en la Carta Magna», señaló.

En este sentido, manifestó que los líderes natos y los que practiquen la justicia originaria campesina tendrán también el derecho de impartir y aprender lo que es la jurisdicción indígena y a la vez, interiorizarse sobre la justicia ordinaria, capacitándose en la Escuela de Jueces, cuya sede será la ciudad de Sucre.

La escuela capacitará en el ámbito de los derechos humanos, así como en el derecho positivo y el derecho indígena. El contenido curricular va a ser resuelto a nivel de las jurisdicciones, luego de la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial de Bolivia.

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Diputados posterga el debate del PGE hasta el martes 13, en medio de pugnas en el MAS

Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, parte de los legisladores del MAS impidieron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara Baja.

La Cámara de Diputados. Foto: Diputados

/ 8 de diciembre de 2022 / 19:01

La Cámara de Diputados determinó postergar, hasta el martes 13 de diciembre, la reinstalación de la sesión en la que se debía debatir el proyecto del Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, en medio de pugnas internas en el MAS.

“Se posterga la reinstalación de la 18° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para hoy jueves 8 de diciembre a horas 18.30, para el martes 13 de diciembre de 2022 a horas 18.00” (sic), señala parte del comunicado emitido por la presidencia de esa cámara legislativa.

Lea más: El freno al PGE 2023 es el primer escollo del gobierno de Arce por la división del MAS

Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, parte de los legisladores del MAS impidieron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión maratónica fue evidente la confrontación entre los legisladores denominados “renovadores”, que apoyan al presidente Luis Arce, y los “evistas”, que respaldan al expresidente Evo Morales.

La propuesta fue aprobada por 44 diputados y rechazada por 68, entre ellos legisladores del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Ante ese escenario, el debate del proyecto entró en un cuarto intermedio hasta las 18.30 de este jueves, pero esa convocatoria quedó sin efecto, pues se reprogramó para el 13 de diciembre.

Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó su preocupación, pues esta dilatación va “en desmedro” de entidades estatales, alcaldías, gobernaciones y universidades que se verán perjudicadas a la hora de programar sus actividades financieras el próximo año.

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Ante amenazas de movilización en Santa Cruz, la Policía dice que resguardará el orden

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que la institución del orden hará prevalecer todos los derechos de la población.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en conferencia.

/ 8 de diciembre de 2022 / 15:29

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró que la Policía hará cumplir su mandato constitucional de precautelar el orden público si es que se activan movilizaciones en Santa Cruz.

“Como Gobierno de diálogo, y respetuosos de los derechos humanos de las personas, se respeta el derecho a la protesta sin que esto implique una violación de otros derechos de las personas”, dijo a los periodistas.

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“Entre esos derechos”, dijo que “se garantizará la libre transitabilidad, salud, trabajo y normal desarrollo de actividades”.

“La Policía está para cumplir el mandato constitucional que es precautelar el orden público la convivencia pacífica y que no exista enfrentamientos entre hermanos”, acotó.

Aseguró que, en caso de que en Santa Cruz haya movilizaciones o incluso algún paro, la Policía actuará “como normalmente lo hace”.

«Cumpliendo su mandato constitucional y misión», dijo.

Movilización

El miércoles, el Comité Interinstitucional anunció una marcha para este viernes, en protesta por la investigación anunciada contra sus dirigentes.

La Fiscalía General agrupó varias denuncias en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Los tres líderes cruceños son señalados por haber propiciado y alentado un paro indefinido de 36 días, en demanda de Censo en 2023.

Ello degeneró en muertes, violencia, racismo y hasta quema y saqueo de sedes sindicales.

A través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz denunció que los tres dirigentes son víctimas de “persecución política”.

Además, aseguró que no permitirá que sean trasladados a La Paz para sus declaraciones, como lo adelantó la Fiscalía General del Estado.

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APDH-B enviará a la CIDH un informe sobre ‘crímenes de odio’ durante el paro cruceño

En el reporte anunciado por Édgar Salazar también se detalla el rol de la Policía, de manera violenta y desproporcionada, y delitos de lesa humanidad como resultado de los cercos.

Las agresiones y hechos de violencia se registraban a diario en los puntos de bloqueo.

Por Roberto Medina

/ 8 de diciembre de 2022 / 13:44

El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Édgar Salazar, anunció que su organización termina un informe sobre los sucesos violentos y luctuosos que se suscitaron durante el “bloqueo indefinido obligado” en Santa Cruz.

Resumió con que en esos días de protesta hubo “crímenes de odio”, por los que los responsables deberán ser juzgados.

Ello para evitar que los hechos queden impunes.

Dijo que en el informe, que será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se evidencia la responsabilidad que tuvieron diversos actores.

Entre ellos la Gobernación de Santa Cruz, cívicos y Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

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El paro que duró 36 días, comenzó el 22 de octubre para presionar al Gobierno a aceptar Censo en 2023.

Durante esos días hubo varios hechos delictivos que serán investigados por las instancias correspondientes.

“La denuncia ya está elaborada y estos sucesos de muerte, violación, heridos, quema de instituciones y maltratos a los hermanos indígenas no pueden quedar en la completa impunidad”, contó Salazar a La Razón Radio

Dijo que los crímenes de odio fueron perpetrados desde el Comité pro Santa Cruz, que, en su criterio, a través del discurso de odio al que piensa diferente, generó violencia, muertes, heridos, humillaciones, discriminación y quema de instituciones.

“A través de eso es que enfocamos la figura de crimen de odio”, aclaró Salazar.

Informe paralelo

Lamentó que el Comité Interinstitucional prepare un “informe paralelo” con el fin de eludir los hechos de violencia.

En ese informe se pretende caracterizar al paro indefinido como “pacífico”, en el que no existió ningún tipo de violencia.

“Todos hemos sido testigos de las cuatro muertes, una violación grupal y los heridos, el terrorismo ejercido por la Unión Juvenil Cruceñista, médicos golpeados e instituciones sindicales quemadas”, acotó.

Afirmó que a fin de lograr más apoyo, se suscribirá un acuerdo con la Central Obrera Regional de El Alto (COR).

Así se asumirán acciones de manera conjunta contra la dirigencia del paro.

Persecución política

Ante el anuncio de procesos penales en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, éstos denunciaron “persecución política” y “revanchismo”.

Salazar pidió a los miembros del Comité pro Santa Cruz y del Comité Interinstitucional que asuman conciencia de que sus actos generaron muerte, luto, dolor, violaciones, heridos, humillaciones.

Aseguró que esos hechos “no se los puede ocultar bajo la figura de persecución política”.

“Tienen que ser conscientes de que tienen que someterse ante la justicia boliviana y esperemos que no exista ningún tipo de persecución, como se ha anunciado, contra aquellas autoridades que viven en Santa Cruz, llámense fiscales o jueces”, señaló.

Indicó que esos hechos son de preocupación; sin embargo, eso no significa que los líderes cruceños no vayan a ser denunciados ante la CIDH.

“Hay muchos hechos que no pueden quedar en la impunidad y, lastimosamente, se escucha la figura de persecución política. Hay que dejar que el Ministerio Público y la Justicia hagan su trabajo, por ello nuestro informe ha de contribuir de gran manera”, insistió.

Policía

En el informe también se hace referencia al papel de la Policía en la resolución del conflicto.

De acuerdo con Salazar, hubo ciudadanos heridos en el momento en que actuó la Policía (uso de agentes químicos y desproporcionado de la fuerza), así como reportes de policías heridos.

“Esos datos van a estar contemplados en el informe. La cantidad (de policías heridos) no es similar a la ocurrida con la gente herida en el sector de gremiales y el Plan 3000 (atacados por la UJC)», dijo.

«No vamos a dejar suelto lo que ha actuado la Policía”, afirmó.

Cercos

Respecto a los cercos, el presidente de la APDH-B aseguró también que en esos días se cometieron varios delitos de lesa humanidad, como los cercos propiciados por gente de provincia que impidió el ingreso de alimentos a sectores más humildes de Santa Cruz.

“Los sectores más empoderados y acomodados no han sufrido ningún castigo del derecho a la alimentación, transitaban de manera libre entre el primer y tercer anillo», afirmó.

«Pero del cuarto anillo para adelante las rotondas estaban bloqueadas, se gritaba y humillaba de manera desmedida por parte de los jefes de rotondas, conocemos esa situación”, acotó.

Unión Juvenil

También se informará sobre la actitud violenta y de manera desmedida de los integrantes de la UJC, “al estilo de las Camisas Pardas de Alemania”.

“Esa gente ha atropellado a los sectores que pedían volver a trabajar, existen heridos del lado de los gremiales que tenemos reportados”, denunció.

Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió al Estado desmantelar grupos parapoliciales como la UJC y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)

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El freno al PGE 2023 es el primer escollo del gobierno de Arce por la división del MAS

Hay antecedentes cercanos de las divergencias entre los propios asambleístas del MAS, que tuvieron que valerse de sus colegas de oposición para hacer mayoría.

El presidente Luis Arce. Foto: ABI

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 8 de diciembre de 2022 / 13:33

El freno al Presupuesto General del Estado (PGE 2023) es el primer escollo que sufre el gobierno de Luis Arce debido a la división de la bancada legislativa del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, parte de los legisladores del oficialismo impidieron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

En la sesión maratónica fue evidente la confrontación entre “luchistas”, que apoyan a Arce, y “evistas”, que respaldan a Evo Morales.

Esta vez en la consideración de la norma esencial para la gestión del Estado en 2023.

El proyecto de PGE 2023 fue aprobado por solo 44 diputados y rechazado por 68, entre ellos legisladores del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Así, el debate por ese proyecto entró en un cuarto intermedio hasta las 18.30 de este jueves.

Hay antecedentes cercanos de las divergencias entre los propios asambleístas del MAS, que tuvieron que valerse de sus colegas de oposición para hacer mayoría.

Censo

La sanción de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, el 29 de noviembre, tuvo varios tropiezos.

Trasladado a la Asamblea Legislativa, el análisis de un proyecto de ley por el Censo de Población y Vivienda se abordó, primero, en la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados y, luego, en la sesión plenaria de ese órgano camaral.

En ambas instancias, la propuesta de norma se aprobó por mayoría y mediante el consenso entre diputados de oficialismo y oposición.

Cuestionado por Morales, líder del MAS, quien dijo que el consenso representaba “el regreso de la democracia pactada”, el debate fue elevado a la Cámara de Senadores.

Los miembros de ese órgano aprobaron, primero, la dispensación de trámite para la instalación del debate en sesión plenaria.

Luego se aprobó en grande y en detalle la propuesta y fue remitida al presidente Luis Arce para su promulgación.

Inmediatamente conocido aquello, Morales calificó de “traición” la aprobación de dicha norma. Finalmente, Arce promulgó la ley con la aclaración de evitar muertes en el paro de Santa Cruz no implica traición.

Aunque en ambos casos, los legisladores del MAS se cuestionaron entre ellos.

El reclamo más fuerte se dio en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, cargo que Jerges Mercado ocupa actualmente.

Gabinete de Arce

Pero los cuestionamientos de Morales hacia los miembros del gabinete ministerial de Arce fueron más allá.

Desde hace más de tres meses, el también líder cocalero fustigó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien acusa de liderar “un plan negro” en su contra.

Pero también cuestionó al ministro de Justicia, Iván Lima, por una supuesta “persecución” en contra de Morales.

Morales acusa a los allegados de Arce de “defenestrar” su imagen política y así evitar una posible postulación en las elecciones generales previstas para 2025.

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Sin consenso, se declara cuarto intermedio en el debate del PGE

Se tiene previsto que la sesión para el debate del PGE sea reinstalada a las 18.30 de este jueves.

La sesión para el debate del proyecto de ley del PGE en la Cámara de Diputados.

Por Mauricio Diaz Saravia y Roberto Guzmán

/ 8 de diciembre de 2022 / 06:06

La sesión plenaria de la Cámara de Diputados rechazó la madrugada de este jueves el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) y declaró un cuarto intermedio en el debate.

Ese órgano camaral reinstalará su sesión a las 18.30 de este jueves.

“Ha concluido la votación y todavía tenemos dos puntos en mesa por tratar; por lo tanto, declaramos un cuarto intermedio hasta las 18.30”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

La norma fue rechazada por los miembros de la oposición, aunque algunos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) también votaron en contra del proyecto normativo.

44 diputados votaron por la aprobación del proyecto, mientras que 68 votaron en contra.

Las diferencias entre oficialistas nuevamente se hicieron presentes en la Cámara de Diputados.

Los legisladores considerados “evistas”, por respaldar al expresidente Evo Morales, y los miembros de oposición rechazaron el proyecto de ley.

La sesión plenaria de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) y declaró un cuarto intermedio en el debate.

Ese órgano camaral reinstalará su sesión a las 18.30 de este jueves.

“Ha concluido la votación y todavía tenemos dos puntos en mesa por tratar; por lo tanto, declaramos un cuarto intermedio hasta las 18.30”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

La norma fue rechazada por los miembros de la oposición, aunque algunos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) también votaron en contra del proyecto normativo.

Votación por el PGE

44 diputados votaron por la aprobación del proyecto, mientras que 68 votaron en contra.

Las diferencias entre oficialistas nuevamente se hicieron presentes en la Cámara de Diputados.

Los legisladores considerados “evistas”, por respaldar al expresidente Evo Morales, y los miembros de oposición rechazaron el proyecto de ley.

Por su parte, el diputado del MAS, del ala “evista” Héctor Arce aseguró que “tiene que haber una reunión interna de toda la bancada nacional del MAS para resolver estos temas (diferencias) internos”.

“Hay la posibilidad de reconsiderar este proyecto de ley, si no se reconsidera en 60 días una vez remitido a la Asamblea, el presidente lo puede promulgar y dar por aprobado este proyecto de ley”, explicó.

Oposición

Desde la oposición, el diputado Erwin Bazán, de la alianza opositora Creemos, aseguró que la norma fue rechazada, “fundamentalmente, por tener características centralistas, por profundizar el déficit fiscal y  por ser un presupuesto estatista”.

Además cuestionó que los miembros del MAS “confundan” la sesión plenaria de la Cámara de Diputados como el espacio para resolver sus diferencias.

“Se han dicho de todo, (fue) un show muy penoso; en lo posible hay que evitar resolver conflictos de orden político interno en la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene otro rol”, dijo a los periodistas.

En esa misma línea, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón dijo que los miembros de su fuerza rechazaron el proyecto normativo por unanimidad.

Desde esa organización consideran que “ese presupuesto es extractivista; lo consideramos hipercentralista, populista e hiperestatista, y que genera hipercorrupción”.

Explicó que “como el proyecto de ley fue rechazado, corresponde la reconsideración y si esa fase no prospera, se tendría que aplicar el presupuesto del año pasado”.

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