La Fiscalía imputó al gobernador de Tarija, Marío Cossío, por la realización del referéndum del estatuto autonómico de esa región. Se le acusa de cuatro delitos y se pidió la anotación preventiva de sus bienes. Con él ya son tres las autoridades (opositoras) que tienen procesos por esta causa.
La denuncia fue interpuesta por la Contraloría General del Estado, el 28 de diciembre del 2009, contra Cossío; el secretario general de la entonces Prefectura, Mauricio Lea Plaza, y los miembros del Consejo Departamental de Tarija. Se les acusa de los delitos de «malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», previstos en los artículos 144, 153, 154 y 224 del Código Penal.
Cossío realizó un referéndum en junio del 2008 para someter al soberano el proyecto de estatuto autonómico de Tarija. El Gobierno desconoció esa consulta al igual que las otras tres que se llevaron en Santa Cruz, Beni y Pando con el mismo motivo.
El fiscal que investiga el caso, Gilbert Muñoz, declaró a la red Erbol que «se han utilizado más de cinco millones de bolivianos para realizar este referéndum autonómico y se ha concluido que no estaba dentro de la programación del Plan Operativo Anual».
Con ese justificativo no sólo se le imputó, sino que también se pidió que «se impongan medidas cautelares de carácter real como la hipoteca legal de bienes de los imputados», informó el representante del Ministerio Público.
En Tarija, los acusados coincidieron en que se trata de una persecución política a los líderes opositores. «Los que han llevado el referéndum han empezado a ser procesados para ser llevados a la cárcel por haber cumplido el proceso de autonomía», señaló Cossío en un discurso.
Mientras que Mauricio Lea Plaza, actual secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, acotó que «se trata de una acusación de naturaleza política que proviene del señor (Gabriel) Herbas (Contralor), que es militante del partido de Gobierno».
Según Lea Plaza, el interés del Gobierno central es «descabezar el liderazgo autonómico en Tarija», pues se pretende que la Fiscalía haga una acusación formal para que Cossío sea suspendido del cargo.
A diferencia de los otros procesos, en el caso de Tarija, los ex vocales de la Corte Departamental Electoral no fueron incluidos en la denuncia porque, según el contralor Gabriel Herbas, «la Prefectura utilizó estos recursos de manera institucional e individual».
Otros casos. Con esa imputación, los tres gobernadores opositores —Ernesto Suárez (Beni), Rubén Costas (Santa Cruz) y Mario Cossío— afrontan procesos penales que si derivan en acusaciones formales, determinarán su suspensión temporal mientras se desarrollen los juicios. En el caso de Costas, la Fiscalía lo imputó por gastar Bs 10.061.239 en la realización del referéndum autonómico en mayo del 2008. En este caso también se sindicó a los vocales electorales.
La Fiscalía pidió su arraigo, además del embargo de todos sus bienes.
Mientras que en julio pasado, el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, corrió la misma suerte. El Ministerio Público lo imputó por varios delitos al haber gastado Bs 3.319.060 de manera irregular en el referéndum de estatutos autonómicos de su región. Luego, el juez cautelar Carlos Alberto Egüez dispuso su arraigo y le fijó una fianza de Bs 250.000. En este caso también se incluyó a los vocales electorales.
El Gobernador beniano inició una recolección de dinero para pagar su fianza; la acción fue criticada por las legisladoras oficialistas de esa misma región Zonia Guardia y Tania Melgar.
«Este señor (Gobernador del Beni) es uno de los hombres más ricos del departamento, ¿por qué no vende una de sus movilidades y unas cuantas vacas? Él es uno de los terratenientes más grandes del departamento y con eso pagaría la fianza correspondiente», afirmó ayer la senadora Guardia.
Por su parte, Melgar afirmó que el Gobernador del Beni «confundió al pueblo indicando que voten por la autonomía departamental, cuando en realidad el tema central era la aprobación del estatuto autonómico que nunca se socializó».
La ley y otros casos
-El artículo 8 de la Ley Transitoria de Autonomías define que: «El Gobernador será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones, cuando pese sobre él acusación formal en materia penal, luego de concluida la investigación. La suspensión durará toda la sustanciación del juicio, para asumir su defensa».
-No se presentó ningún caso de suspensión a gobernadores, pero sí a burgomaestres. Hay cinco alcaldes suspendidos, los más difundidos fueron René Joaquino (Potosí) y Jaime Barrón (Sucre).