Las autoridades opositoras denunciaron una persecución política del Gobierno a través de la instauración de juicios. La reacción surgió luego de la imputación al gobernador Mario Cossío y de la suspensión del alcalde de Potosí, René Joaquino.
Cossío, que está procesado por la realización, en el 2008, del referéndum de estatutos autonómicos, afirmó que «en realidad esto se trata de una acción más de carácter político, una acción más de judicialización y de persecución a los líderes políticos que no son de la línea del Gobierno Nacional».
El Gobernador de Tarija es el tercer ex prefecto que enfrenta un proceso judicial por convocar a una consulta popular y hacer uso de recursos que no estaban presupuestados para este fin. También están imputados los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
El alcalde de la ciudad de Tarija, Óscar Montes, aseguró a radio Fides que «de seguro se vendrá una escalada de acciones judiciales para todas las autoridades electas». Acotó que «sólo el Presidente y el Vicepresidente están protegidos por el marco jurídico, el resto estamos en una situación de vulnerabilidad».
Montes se refirió a la suspensión del Alcalde potosino a quien se le acusó por la compra de vehículos a medio uso; señaló que si a él se le procesó por este hecho, igual «se debe actuar con el caso del avión presidencial, que no es nuevo».
Su colega de Santa Cruz, Percy Fernández, señaló al mismo medio que «desde occidente existen los seguidores de Hesiodo o los difamadores que están buscando cómo destituir a todos los que no sean masistas». En su caso, sindicó al concejal suplente del MAS, Hugo Siles, de buscar su suspensión, pues habría interpuesto una querella en su contra por supuestos sobreprecios en las obras.
A las críticas se sumó el Comité Cívico de Tarija, que convocó a una reunión de emergencia para analizar el caso de Cossío. Por su parte, las diputadas opositoras Yesika Chavarría y María Cristina Viscarra Gil, vestidas de presidiaras, denunciaron que el Gobierno tiene presos políticos que sufren las consecuencias de la politización de la justicia.