El juez 1° de Instrucción en lo Penal, Ponciano Ruiz, resolvió anoche la detención domiciliaria del senador Róger Pinto (CN), además de una fianza de 190.000 bolivianos. Se lo acusa de vender tierras de forma irregular en la Zona Franca de Cobija.
Pinto, en contacto telefónico con La Razón, calificó la determinación de «abusiva, fuera de todo contexto legal y constitucional. El Gobierno durante dos años hizo una campaña en mi contra, acusándome de vender miles de hectáreas en la Zona Franca, pero en los últimos meses cambiaron a 23 hectáreas».
El legislador opositor fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, en el caso denunciado por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se lo acusa de una serie de irregularidades en la venta de terrenos de propiedad de la Zona Franca de Cobija, cuando Pinto cumplía las funciones de prefecto de Pando.
El senador aseveró que no tiene dinero para pagar la fianza y que no lo hará, ya que sus abogados presentarán hoy la apelación a la determinación del juez. Según Pinto, éste busca la postulación a fiscal de Distrito de Pando.
Mediante un comunicado, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, manifestó que en todos los casos denunciados por esa cartera de Estado sólo debe aplicarse la ley y descartó la existencia de una supuesta persecución política en contra de Pinto.