La fuga del país del ex prefecto Luis Alberto Valle, detenido el último viernes en Perú, podría agravar su sentencia, según establece el Código de Procedimiento Penal, en su capítulo de aplicación de penas.
El ex prefecto paceño, apodado Chito (1997-1999), durante la segunda gestión del general Hugo Banzer, enfrenta un juicio de responsabilidades por varios delitos de corrupción por un valor de 17 millones de dólares.
El ex juez y ex fiscal Williams Dávila explicó que en la aplicación de penas se toma en cuenta atenuantes y agravantes. Lo que significa que «si hay agravantes se da la pena máxima y si hay atenuantes se da la pena mínima».
En todo caso, quien determinará esa situación es el Tribunal de Sentencia, que podrá «incrementar un tercio o dos tercios de la sanción penal», indicó.
El Código Penal establece en su artículo 38 que «para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido».
De hecho, el fiscal que atiende el caso, Orlando Riveros, sostuvo que la fuga de Valle «agrava de manera extrema su situación procesal porque un prófugo muy poco tiene que reclamar respecto a su disposición de cumplir y someterse a la ley boliviana».
La Corte Suprema de Justicia declaró a fines de marzo del 2009 rebelde a Valle debido a sus reiteradas ausencias en el juicio en su contra. La Fiscalía General del Estado pidió la colaboración de las fuerzas del orden para que se proceda con su captura.
Días después, el Gobierno anunció que Valle había fugado del país. El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, en ese entonces (abril del 2009) declaró que «luego de estar a punto de capturarlo el día de la aprehensión, (Valle) desapareció de un condominio de la ciudad de Santa Cruz, pero pensamos que salió disfrazado de ‘cholita’ para no poderlo ubicar».
Chito Valle fue influyente en la gestión de Banzer
Luis Alberto Valle Ureña fue uno de los hombres más influyentes en el gobierno constitucional del ex presidente Hugo Banzer Suárez (1997-2001), al ser yerno del extinto dictador (1971-1978) tenía la confianza de éste y fue nombrado prefecto de La Paz.
Chito Valle, como se le conoce, nació en La Paz el 2 de agosto de 1942. Es médico cirujano. Estudió en el colegio La Salle. Fue prefecto de este departamento entre 1997 y 1999 durante la segunda gestión de Banzer. A pesar de las denuncias de corrupción que se conocieron cuando todavía era autoridad, siguió en el cargo.
Valle era conocido como un hombre de gustos diversos, por ejemplo su afición a las motocicletas le llevaba a dar paseos continuos en una Harley-Davidson por el El Prado (La Paz).
Según gente que le conoció, le gustaba viajar y asistir a las fiestas donde no dudaba en posar para las fotografías. Era un hombre de hablar suave, pero convincente. En la localidad de San Buenaventura (norte de La Paz) instaló un complejo recreacional (Jatauba) que tiene una catarata en el medio. Se denunció que se apoderó de la fuente de agua de manera irregular y que para la construcción del hotel transportó material desde La Paz en vehículos oficiales.
Valle debe responder por $us 17 millones
El ex prefecto Luis Alberto Chito Valle ocasionó un daño económico al Estado que asciende a 17 millones de dólares en cuatro casos diversos. En dos de los mismos ya hay sentencia ejecutoriada.
Uno de los casos es el referido al proceso de licitación, remate y adjudicación de vehículos en buen estado que se vendieron en calidad de chatarra, conocido como «Chitochatarra». Aquí se abrieron dos procesos. Otro caso es por la compra irregular de inmuebles, maquinaria y herramientas del ex Banco Minero en liquidación (1998) a un costo de más de siete millones de dólares. Estos bienes fueron posteriormente transferidos a Fademin (Fondo de Desarrollo Minero) por 170 mil dólares. En ambos casos ya hay ex funcionarios sentenciados.
Valle también debe responder por el caso «Chitoalcoba», por el que autorizó la compra de muebles a la empresa La Cuisine por un valor de más de 210.000 dólares para los ambientes de la Prefectura, los mismos que desaparecieron sin ninguna explicación.
Según datos del Ministerio de Transparencia, estos casos totalizan un perjuicio al Estado que asciende a 17 millones de dólares y están contemplados en el juicio de responsabilidades que se le sigue a Valle.