El oficialismo en el Senado espera aprobar en dos semanas la ley de juicio de responsabilidades y activar inmediatamente los juicios pendientes contra ex presidentes y otras altas autoridades del Estado. El presidente de los senadores, René Martínez, anunció que se concluirá con sentencia en cada uno de los juicios pendientes de tratamiento.
La norma compatibilizará los procesos de los juicios de responsabilidades pendientes con los principios de la Constitución Política del Estado, explicó el legislador del oficialismo. La nueva Constitución determina que sólo el Presidente y el Vicepresidente podrán ser sometidos a un juicio especial de responsabilidades.
El oficialismo en Diputados aprobó en marzo la Ley de juicio de responsabilidades para presidentes y vicepresidentes de Estado y altas autoridades del Órgano Judicial. El proyecto pasó al Senado, donde esperan aprobarlo en dos semanas si no hay otros temas agendados.
La diputada de oposición Norma Piérola recordó que la iniciativa legal establece aspectos como el limitar a tres las recusaciones en un juicio especial en el caso de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.
Quedaron pendientes de procesamiento juicios contra los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Mesa Gisbert, Jorge Quiroga Ramírez y ex autoridades de la Suprema. Martínez evitó comentar si la aplicación del principio constitucional implicará que ex autoridades enjuiciadas, que no sean Presidente ni Vicepresidente, pasen a la justicia ordinaria.
Cambios en el proceso a autoridades
El Presidente y el Vicepresidente serán juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de votos de los presentes.
Litigios bajo la antigua norma
El 2007, el presidente Evo Morales planteó un juicio de responsabilidades contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por haber fallado en contra de un decreto que designó interinamente a ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Diputados, manejada por el MAS, dio curso al juicio de responsabilidades. En el Senado, controlado por la oposición, se rechazó el juicio contra los cuatro tribunos que, posteriormente, renunciaron, dejando acéfalo e inactivo al control constitucional.
Elizabeth Íñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Wálter Raña fueron los tribunos enjuiciados. El 2009, el oficialismo en la Cámara de Diputados también suspendió del cargo a la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, quien instaló una huelga de hambre en el Parlamento en protesta por esa decisión.
También fue enjuiciado el entonces presidente de la Suprema, Eddy Fernández. Por la correlación de fuerzas, los procesos eran aprobados en Diputados y bloqueados en el Senado.