La Fiscalía evalúa la situación legal del peruano boliviano Jorge Quiroz, abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), y definirá si hay las condiciones para su deportación o su proceso por delitos comunes en nuestro país.
Así lo manifestó ayer el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien publicó los antecedentes de Quiroz, con orden de captura, extraídos de las oficinas de la Interpol, consignados contra el abogado por supuestos delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas.
«Está vigente el pedido de captura. Todo esto se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público para que haga la evaluación necesaria y, de ser procedente, se dé cumplimiento a la orden de captura de la Policía y la justicia peruana», afirmó la autoridad.
Farfán añadió que en caso de haber antecedentes penales en el país, si hay indicios de culpa, se le seguirá proceso ordinario en Bolivia. También, dijo estar a la espera de un pedido de extradición de parte de la justicia peruana para evaluar como Estado, si procede o no ese proceso.
Quiroz, que la anterior semana denunció persecución de la Policía, investigó junto con su esposa Claudia Lecoña, (que según el Ministerio de Gobierno fue acusada de perturbación, de posesión y despojo), el conflicto de Caranavi, donde murieron Fidel Hernany y David Callizaya, en mayo.
El abogado Quiroz, a quien se le abrió una investigación el jueves luego de una llamada anónima a la FELCN en la que le acusan de relación con narcóticos, dijo que se defenderá de todas las denuncias que pesan contra él y que está dispuesto a «llegar caminando hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (EEUU) para hacerse escuchar. «Sólo muerto me podrán callar», advirtió el peruano boliviano.
Quiroz alertó que Ciro Farfán, uno de los coroneles que participó en el desbloqueo de Caranavi, querellado por los familiares de los fallecidos, estuvo hasta ayer como director de la Interpol-Bolivia y presume que fue quien sacó y divulgó sus «antecedentes fraguados y vencidos» con el que se busca «obstaculizar la averiguación de la verdad».
La Fiscalía convoca a autoridades
Por el caso Caranavi, la Fiscalía citó para hoy a Américo Romero, comandante de los Polivalentes; para el miércoles al Gral. Óscar Nina; para el jueves al Cnl. Víctor Saravia, y para el viernes al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Villena dice que su informe debe ser tomado en cuenta
La comisión de fiscales que investiga el caso Caranavi, donde murieron dos personas, está obligada, por mandato constitucional, a aceptar el informe de la Defensoría del Pueblo que aporta indicios para la búsqueda de pruebas y responsabilidades.
La afirmación la hizo el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en respuesta a la declaración de la fiscal de Distrito de La Paz, Beatriz Yañíquez, quien, en el marco de la independencia del Ministerio Público, aseguró el viernes que los fiscales estaban en su derecho de evaluar si el informe es aceptado o no para que forme parte de su indagación. «Es un comentario (de la fiscal) que no corresponde a la verdad ni a la normativa», dijo Villena.
El artículo 11 de la Ley del Defensor del Pueblo establece que entre las atribuciones del Defensor está la de formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas a todos los órganos de la administración pública.