El Decreto Supremo 621, promulgado el 2 de septiembre, establece que la ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, tiene autorización para cerrar las negociaciones con las empresas. Las negociaciones con la sociedad alemán-peruano se enmarcarán en los tratados bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones que Bolivia firmó con Alemania y Perú, refrendados por Leyes 1120 del 1 de noviembre de 1989 y la 1573 del 12 de julio de 1987. Según el decreto, el Estado realizará un «pago único, total y definitivo» por el «valor de las inversiones».
El monto será establecido en las negociaciones y se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que efectivice el pago respectivo.
El pago se consumará «siempre que Oiltanking GmbH, Graña y Montero Petrolera SA y Graña y Montero SAA terminen de forma expresa, voluntaria y definitiva, por desistimiento, el proceso arbitral ad hoc iniciado (11 de enero del 2010) ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya», señala el Decreto Supremo.
La CLBH fue nacionalizada el 2008, por el Decreto Supremo 29542, del 1 de mayo, que fijó el valor de 20 millones de dólares, pero otro decreto, el 29554, del 8 del mismo mes, anuló el monto, además fijó un plazo de 90 días para establecer el valor de las acciones de la empresa.