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Reorganizan el Tribunal para ‘Chito’ Valle y el juicio retrocederá

Ocho ministros y dos conjueces serán los responsables de juzgar al ex prefecto Luis Alberto Chito Valle, luego de que ayer la sala plena de la Corte Suprema decidió reorganizar el Tribunal de Sentencia y retroceder el proceso hasta el auto de apertura del juicio.

Desde el momento que se conoció oficialmente la detención de Valle en Perú, el 20 de agosto, y su posterior expulsión a Bolivia y detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, la Corte Suprema analizó diversas salidas jurídicas a este tema, hasta que ayer tomó la decisión final.

El presidente de la Suprema, Julio Ortiz, dijo que el tribunal para juzgar a Valle será conformado «en base a tres ministros: Teófilo Tarquino, Hugo Suárez y mi persona», quienes ya conformaron el tribunal que juzgó y sentenció a coimputados del proceso, en ausencia del principal acusado, el ex prefecto de La Paz.

Retirados. Ortiz aclaró que los ministros Beatriz Sandóval, Ángel Irusta y José Luis Baptista no podrán ser parte de este tribunal, debido a que ellos cumplieron la gestión cautelar en la fase preparatoria de este proceso.

Asimismo, indicó que el proceso va a retrotraer en el tiempo hasta el auto de apertura del juicio. «No quiero decir que vamos a empezar de cero, la fase preparatoria del juicio ya está concluida. Entonces vamos a iniciar del requerimiento de acusación que existe en contra de los imputados», sostuvo Ortiz.

De acuerdo con el Código Penal, una vez emitido el auto de apertura de juicio, comienza el proceso oral con la lectura de la acusación formal y el auto de apertura. Posteriormente se continúa con la recepción de toda la prueba ofrecida por ambas partes. Luego se abre un determinado tiempo para la presentación de incidentes y recusaciones. Concluido ese debate se dicta sentencia de absolución o de condena al acusado.

Por otra parte, confirmó que mañana, a las 14.30, se reunirá por primera vez el Tribunal que estará conformado por ocho ministros y dos conjueces. Una vez instalado, la primera tarea que cumplirá será resolver el memorial del Ministerio Público que pidió el traslado de Valle de San Pedro a la cárcel de Sucre.

Ortiz prevé que la próxima semana podría darse esa audiencia, pero aclaró que Valle debe, necesariamente, ser trasladado a Sucre, donde está la sede de la Corte Suprema y el Tribunal que lo juzgará.

Proceso. El ex prefecto Valle es acusado de haber malversado alrededor de $us 17 millones de fondos del Estado cuando desempeñó la función de Prefecto de La Paz, en el periodo 1997 – 1999, durante el segundo gobierno de su promotor político, Hugo Banzer Suárez.

Chito Valle está preso. Tras su captura en Lima, Perú, fue expulsado por el Gobierno de ese país el 30 de agosto y llegó al aeropuerto de El Alto a las 3.10 de la madrugada del miércoles 1 de septiembre. Inmediatamente fue trasladado a la cárcel de San Pedro de La Paz, donde guarda detención en la sección Posta.

La defensa de Valle aún no se pronunció sobre el proceso que se sigue, aunque un hijo del ex prefecto expresó su rechazo al trato que recibió su padre durante el traslado, vía aérea, de Lima a La Paz.

Una fuente de la Suprema señaló a este diario la pasada semana que si los jueces que dictaron la sentencia en este caso, en ausencia de Valle, son ratificados en el jurado —como ocurre actualmente—, pueden ser recusados por la defensa del ex prefecto, debido a que ellos ya conocen el tema y tienen una posición definida. Al respecto, Ortiz dijo que si se plantea su recusación, será el Tribunal de Sentencia que definirá si acepta o no.

El caso del ex prefecto de la paz

Proceso
El ex prefecto de La Paz Luis Alberto Chito Valle es juzgado en la Corte Suprema de Justicia en un juicio de privilegio reconocido en la anterior Constitución Política del Estado.

Acusación
El Ministerio Público lo acusa por dos hechos conocidos como «chitochatarra» y adjudicación de bienes del ex Banco Minero.
El primero está referido a la venta de carros de la Prefectura con un daño económico de $us 310.000. El segundo corresponde a la adjudicación de bienes del ex Banco Minero, con un daño de cerca de $us 7,1 millones.