Organizaciones de mujeres en Bolivia, lideradas por la Coordinadora de la Mujer, han solicitado al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) medidas urgentes para proteger los derechos políticos de las mujeres autoridades.

La petición surge ante el persistente acoso y violencia política, especialmente en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde concejalas han denunciado amenazas, presiones y el impago de salarios durante seis meses.

La práctica ilegal de los acuerdos de «gestión compartida», ampliamente utilizada en el ámbito político boliviano, obliga a concejalas a renunciar a sus cargos antes de finalizar su mandato para cederlos a sus suplentes. Estas acciones violan la Constitución, que garantizan un mandato de cinco años para las autoridades electas, y agravan la violencia política contra las mujeres.

“Esta imposición mina la democracia y vulnera los derechos de las autoridades electas, afectado principalmente a las mujeres”, señaló la Coordinadora de la Mujer en un comunicado.

Denuncias

En Sacaba, las concejalas María Amparo Acosta y Martina Rojas han acusado al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba de no actuar frente a las agresiones denunciadas. “El TED apoya la violencia política al no intervenir, politizando la situación”, afirmó Acosta.

Por su parte, Rojas criticó la falta de imparcialidad del organismo y lo acusó de favorecer al alcalde municipal.

Desde mayo, cuatro de las seis concejalas han denunciado acoso político, impulsado por sectores sociales que exigen su renuncia en cumplimiento de los acuerdos de «gestión compartida». Las denuncias permanecen pendientes ante la Fiscalía y el TED, mientras las autoridades afectadas esperan garantías para retomar sus funciones.

Las organizaciones de mujeres han entregado una carta al OEP cuyos puntos son:

—Rechazar públicamente las prácticas de «gestión compartida».

—Garantizar condiciones seguras para que las concejalas de Sacaba puedan ejercer sus funciones sin represalias.

—Sancionar de manera efectiva a quienes promueven el acoso y la violencia política.

Gabriela Murillo, representante de la Coordinadora de la Mujer, destacó que esta forma de violencia no solo vulnera derechos individuales, sino que también pone en riesgo la construcción de una democracia inclusiva.

Preocupación nacional

Se debe “garantizar los derechos políticos de las mujeres no es solo una obligación legal, es un paso esencial hacia una sociedad más equitativa”, afirmó Murillo.

En 2024, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró 83 casos de acoso y violencia política hacia mujeres, de los cuales el 74% está relacionado con la mal llamada “gestión compartida”.

La Defensoría del Pueblo ya había instado en mayo a las autoridades electorales de Cochabamba para cesar los discursos que perpetúan estas prácticas. Sin embargo, las organizaciones exigen acciones inmediatas para frenar la creciente violencia contra las mujeres en el ámbito político.

Luego que el presidente de Diputados posesionara a los nuevos vocales electorales de Beni y Tarija, a días de las elecciones judiciales, legisladores de oposición consideran que se vulneró los procedimientos para estas designaciones “inconstitucionales”.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Yanira Román, recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Electoral establecen que el presidente Luis Arce solo puede elegir a un vocal del Tribunal Supremo Electoral y a un vocal por cada Tribunal Electoral Departamental, más no así, “como es el caso del departamento de Beni”.

“(La ley) indica que es la Asamblea, a través de la Cámara de Diputados (es) quien debe elegir a los tres vocales que representarían una de las ternas que fue elegida ya por la Asamblea Legislativa Departamental de Beni. En este caso, a través de la justicia servil al masismo el presidente (Luis) Arce se atribuye la informalidad de elegir mediante decretazo a estas autoridades”, cuestionó la legisladora.

Román señaló que como CC exigió “constantemente” al expresidente de esa instancia legislativa Israel Huaytari que realice la elección de estos vocales. “No hizo caso y siguió dilatando”.

Nombramiento

En tanto, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe calificó de inconstitucional todos los nombramientos. En criterio de la parlamentaria, no se llamó a sesión plenaria y no se aprobó por dos tercios conforme manda la normativa.

“La misma normativa del Órgano Electoral establece que tiene que ser mediante el procedimiento de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo se ha llevado (a cabo) una sesión? ¿Cuándo hemos aprobado por dos tercios? Omar Yujra ha omitido este paso y tendrá que asumir responsabilidades por haber cometido un acto ilegal”, dijo Quispe. 

El lunes, el diputado Omar Yujra, titular de la Cámara Baja, posesionó a los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Beni: Jaime Rodríguez, Rodolfo Coímbra, Rubens Quinteros y Mirna Vásquez.

El vocal Coímbra fue designado en representación del Órgano Ejecutivo y las demás vocales fueron nombrados de manera interina, con una duración máxima de 90 días o hasta que “se complete el procedimiento legislativo para la designación permanente de vocales”.

También se designó a Alicia Durán como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, en representación también del Ejecutivo.

Decretos

Según la Cámara de Diputados, esta ceremonia se realizó en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 018 del Órgano Electoral y de los Decretos Presidenciales 5287 y 5288 que disponen la designación de autoridades para garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral en el país.

Con la designación y posesión de estos vocales, tribunales electorales de Beni y Tarija refuerzan su estructura institucional para continuar en los procesos democráticos del Estado.

En ese marco, Yujra destacó la importancia del fortalecimiento de la democracia a través de la consolidación de los tribunales electorales departamentales.

Manolo Rojas, abogado defensor del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, informó que una comitiva del Servicio General de Identificación Personal (Segip) renovó su cédula de identidad y que la Dirección General de Migración se encargó de su pasaporte, en plena espera por la extradición del exjefe policial a Estados Unidos.

“Pese a que el coronel (Dávila) podría haberse rehusado (a realizar el trámite), porque el pasaporte es un trámite voluntario, él lo ha pedido así”, dijo, citado por Red Uno.

El trámite de extradición del exjefe antidroga terminó en su fase de documentación; ahora, las autoridades bolivianas esperan que Estados Unidos envíe un avión para su traslado.

Dávila es acusado en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa por la importación de sustancias controladas; además, por el manejo de armas para el narcotráfico.

Maximiliano Dávila

Fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplió la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.

Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.

Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.

El presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales conmemoraron este martes, por separado, el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En sus redes sociales, el mandatario llamó a la reflexión sobre la igualdad, la inclusión y la justicia social, pero también dijo que la fecha “es una convocatoria urgente a la acción para construir una sociedad” donde cada voz sea escuchada y cada derecho, protegido.

“Como Gobierno Nacional, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los DDHH, con la mirada puesta sobre todo en la infancia, la tercera edad, las mujeres y diversidades sexuales, en las naciones indígenas; porque los DDHH son universales y deben ser garantizados para todas y todos”, publicó el mandatario.

Derechos humanos

Morales, por su parte, recordó que, en 1948, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el fin de lograr un mundo pacífico, igualitario y sostenible.

“Es hora de abrir sendas que nos dirijan hacia el camino de las soluciones transformadoras para toda la humanidad. Esta fecha debemos recordar los compromisos mundiales más revolucionarios de líderes cuyo legado fue siempre lograr la paz con justicia social”, escribió el exmandatario.

“No son tiempos de oligarquías, monarquías, intervención de bases militares ni bloqueos económicos”, agregó.

El Día Internacional de los Derechos Humanos coincide con un escenario político en el que se cuestiona el respeto de los derechos de algunos sectores.

Luis Arce y Evo Morales

Morales, en disputa política con el presidente Arce, cuestiona de éste una “persecución” que alcanza también a la dirigencia afín al e jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según Morales y su entorno, hay una “vulneración de los derechos” de esa facción. Justificaron su posición con la detención de más de 50 personas que agredieron a policías en el bloqueo evista de 24 días. La protesta estuvo vigente entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre.

Dicha protesta fue liderada por el denominado Estado Mayor del Pueblo, cuya dirigencia es parte del entorno de Morales.

Por ese bloqueo, dos dirigentes campesinos ya están privados de libertad; pero hay órdenes de aprehensión pendientes contra un exministro Juan Ramón Quintana y el dirigente campesino Ponciano Santos.

Sobre esto, Morales dijo que se trata de una “cacería” a quienes no comulgan con el Gobierno.

Tras la denuncia de supuestos cobros e intimidación a funcionarios en la urbe alteña, la Alcaldía de El Alto descartó estas denuncias y anunció acciones legales contra el exsubalcalde Joassi Calamani para que compruebe qué personeros ediles realizan campaña a favor del emergente partido Morena.

“Nosotros vamos a presentar las denuncias formales de acuerdo a lo que corresponde penalmente y él (Calamani) tiene que comprobar y también lo vamos a hacer citar de testigo para que nos diga quiénes son esos funcionarios utilizando chalecos de la institución y todavía nuevitos y si fueran funcionarios yo creo que deberían mostrar su cara”, explicó el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares.

En las últimas horas, circularon en redes sociales videos donde funcionarios ediles con el rostro cubierto denunciaron amedrentamiento desde el Ejecutivo municipal si no cumplen con el pedido de traer 10 personas para que se inscriban al partido Morena.

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Además, denunciaron que se los obliga a aportar Bs 100 y se implementó el descuento del 10% de sus salarios.

“Lo que a mí me preocupa es por qué van tapados, lo que deberían hacer si es que es verdad, es mostrar su cara y presentar su denuncia formalmente”, aseveró Balladares.

El funcionario se cuestionó de “¿cuál es el miedo que tienen, (para) que nazca un partido político (Morena) que integrará a toda Bolivia”.

Adhesión

La autoridad ratificó que invitaron a los funcionarios municipales a adherirse voluntariamente al nuevo proyecto político. “Hay muchos que sí quieren ser parte y otros no. Aquí se respeta la democracia, se respeta si son de un partido político, nosotros no tenemos ningún interés de obligar a la gente”, puntualizó.

También confirmó que a la fecha unas 40.000 personas se sumaron al nuevo proyecto político solo en la ciudad El Alto.