Para los oficialistas, se trata de acciones estrictamente judiciales, mientras que para los opositores los juicios forman parte de una estrategia política para anular toda voz crítica al MAS. En la lista de procesados se encuentran ex presidentes, gobernadores, alcaldes, cívicos e incluso disidentes masistas con cierto nivel de liderazgo.
El miércoles, el ex presidente Jorge Quiroga fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel por injuria, calumnia y difamación al Banco Unión, institución de la que el 83% del paquete accionario es de propiedad del Tesoro General de la Nación.
Un día después, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que Quiroga deberá además responder por el uso de $us 79,4 millones de dólares durante el período constitucional 1999-2002.
Paralelamente, el contralor y ex diputado del MAS, Gabriel Herbas, presentó una denuncia por uso de instrumento falsificado contra el antes aliado del MAS y ahora opositor alcalde de La Paz, Luis Revilla. Además, el viernes, el ministro de Hacienda, Luis Arce, solicitó a la Contraloría que investigue al Alcalde por ganar un salario superior al del Presidente, lo que está prohibido por ley.
Para el analista Marcelo Silva, hacer política de oposición en la actualidad tiene riesgos en Bolivia. «Una persona que quiera ser oposición tendrá que pensarlo dos o tres veces, porque no sólo tendrá que enfrentar a una fuerza política, sino que también a una respuesta judicial», reflexionó.
Los ex presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, también enfrentan demandas de juicios de responsabilidades por firma de contratos petroleros, en el primer caso, y por la entrega de misiles chinos a EEUU, en el segundo. Ambos ex mandatarios están alejados de la vida política, pero la anterior semana expresaron su preocupación por la judicialización de la política.
En el caso de los líderes regionales, los ex prefectos de oposición y ahora gobernadores de Santa Cruz (Rubén Costas), Beni (Ernesto Suárez) y Tarija (Mario Cossío) fueron imputados por delitos de malversación de fondos en los referendos autonómicos de mayo y junio del 2008. Además, Cossío y Costas enfrentan otras investigaciones, en el primer caso por corrupción y en el segundo por terrorismo y desacato.
Otros dos ex prefectos de la oposición, Leopoldo Fernández y Manfred Reyes Villa, también se encuentran anulados, el primero en la cárcel de San Pedro debido a un juicio por la masacre de Porvenir (Pando) y el segundo autoexiliado en EEUU debido a casi una veintena de procesos judiciales que se siguen en su contra.
«Éstos han perdido completamente su calidad de oposición y es probable que ninguno de ellos, en ningún momento, se anime a tener voces disidentes con el Gobierno; les puede ser muy peligroso debido a su situación jurídica», opinó Silva.
A nivel municipal, los alcaldes opositores René Joaquino (Potosí) y Jaime Barrón (Sucre) fueron suspendidos de sus funciones por imputaciones judiciales, en el primer caso por supuestos hechos de corrupción y, en el segundo, por actos de xenofobia en la Capital.
Para el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ésas son acciones «típicamente autoritarias que quieren anular cualquier punto de vista o expresión disidente».
El ex candidato a gobernador por el MAS, Félix Patzi, ahora expulsado de su partido, aseguró que las acusaciones contrareferentes políticos de oposición apuntan hacia la eliminación de futuros rivales políticos, con una tendencia al monopartidismo.
«Creo que se está queriendo eliminar hasta a los rivales surgidos del mismo proceso de cambio, hay caos en la línea ideológica».
Esta preocupación es compartida por el asambleísta de Convergencia Nacional, Juan Carlos Becerra, quien declaró que el objetivo principal del Gobierno es llegar a las elecciones del 2014.
«El mismo Gobierno lo dijo: No es sólo necesario tomar el poder, sino también el poder político», recordó el opositor Becerra.
Denuncias contra empresarios
En julio de este año, el empresario y propietario de AeroSur Humberto Roca fue acusado por el Ministerio de Transparencia de dar prebendas a miembros del Ministerio Público. Se le abrió un proceso por desacato. El 8 de septiembre, el empresario Samuel Doria Medina, ex candidato a la presidencia por Unidad Nacional (UN) el 2009, fue acusado de tráfico de influencias en la adquisición de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) cuyas acciones (33,34 por ciento) fueron revertidas por el Estado en beneficio de la Gobernación de Chuquisaca, tras la aprobación del Decreto Supremo No. 0616.