El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo pretende modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

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La Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.

La norma responde a la serie de amparos constitucionales que, de manera recurrente, suspendieron el proceso desde abril de 2023. El último fue interpuesto por Margarita Medrano, postulante inhabilitada, que dejó en pausa el proceso de calificación méritos.

La resolución camaral se aprobó el miércoles en sesión ordinaria 107.

La calificación de méritos de los postulantes está paralizada desde el martes 16 de abril debido a la resolución de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, a instancias de Medrano.

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Amparos

Desde entonces, las comisiones revisoras entraron en un cuarto intermedio indefinido hasta que este viernes se resuelva el amparo en una audiencia. En ese periodo, se fue conociendo que otros postulantes habían presentado más recursos para detener el proceso.

Los amparos responden al derecho legítimo de los postulantes a presentar este recurso en caso de considerar que se ha vulnerado sus derechos y que el proceso es arbitrario.

Cuando se conoció la paralización del proceso, tanto oficialistas como opositores denunciaron la existencia de una “mano negra” que pretende inviabilizar las judiciales.

Entonces, con el fin de continuar con el proceso, senadores de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron la propuesta que se aprobó el miércoles.

Comisiones

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural celebraron este hecho y anunciaron medidas legales en contra de los jueces que acepten los amparos.

“Hemos tomado la decisión de presentar cuestiones penales contra los vocales y los jueces que están cometiendo el tema de prevaricato y también resoluciones contrarias a la Constitución”, informó en conferencia de prensa Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Además, según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el plazo de preselección de postulantes de 180 días calendario vence en 10 días. Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo.

Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.

La autopsia realizada al cuerpo del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) develó que el motivo de su deceso fue un “infarto agudo”, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue el encargado del análisis. Además, se espera el resultado del informe de la prueba toxicológica, que, según anunció, se conocerá en las próximas horas.

“El resultado de protocolo de autopsia da cuenta de que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardiaco. Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología”, dijo Lanchipa, citado en una nota de la Fiscalía.

Las muestras fueron derivadas a los laboratorios del IDIF en La Paz.

Montenegro

Además del informe de toxicología, Lanchipa solicitó que se practique un estudio grafológico para determinar si la carta póstuma que lleva una firma corresponde o no al exfuncionario fallecido.

Investigado por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión.

La Policía ejecutó hasta el martes cuatro de esas órdenes; todas en contra de exfuncionarios de la estatal de litio.

Uno de los aprehendidos es fue exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú. En su audiencia cautelar, un juez resolvió otorgarle el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

‘Irregularidades’

El caso, que se abrió a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Eso, según la gerente de YLB, Karla Calderón, generó un daño al Estado de más de Bs 452 millones.

Los 12 implicados están investigados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de Estado, César Siles.

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Tras conocerse el repentino deceso de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con una orden de aprehensión en su contra, el presidente Luis Arce lamentó su muerte y pidió que el caso no sea utilizado con “fines políticos”.

“Quiero expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de Juan Carlos Montenegro. Envío mi más sentido pésame a la familia y seres queridos en estos momentos. Asimismo, hago un llamado para que no se instrumentalice el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos”, expresó el miércoles en su cuenta de X.

Montenegro

Montenegro falleció repentinamente el miércoles, en La Paz. Estaba apuntado como uno de los responsables de las deficiencias e irregularidades que una auditoría encontró en la empresa estatal. De acuerdo a la misma, el daño económico se estima en Bs 425 millones.

Es que, el complejo industrial de piscinas de evaporación de litio jamás dio los resultados esperados. Los materiales resultaron ineficientes y, supuestamente, el complejo fue encontrado ‘en cimientos’.

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El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra 12 de los exfuncionarios implicados, Montenegro incluido.

El exgerente, al enterarse de su posible aprehensión, dejó una carta en la que afirma que se pretende manchar su trayectoria académica y profesional. “No me prestaré a ser vejado y humillado, por la justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor”, se lee en la misiva.

Reacciones

Debido a este hecho, rápidamente los miembros de oposición y ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) responsabilizaron al Gobierno por la muerte de Montenegro.

“El fracaso de la industrialización del litio por parte del Gobierno Nacional no solo genera la detención ilegal y abusiva de honestos profesionales, sino la muerte de hermanos que podían seguir aportando al crecimiento de nuestra amada Bolivia”, cuestionó Evo Morales, líder del MAS.

En su carta, Montenegro también criticó la gestión del Gobierno con el recurso del litio. Afirmó que pretende ocultar planes que no lograron viabilizarse.

“Es momento de respeto y solidaridad ante el dolor de la familia”, insistió por su parte Arce.

En tanto, la defensa de Montenegro informó que, luego de tres horas de la autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue un infarto de miocardio.

Sin embargo, la abogada aseguró que existe la posibilidad de que se haya provocado el infarto.

El presidente Luis Arce se solidarizó con su par del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el caso de una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción. Atribuyó el caso a un “linchamiento mediático”.

“No podemos (hacer) menos que expresar nuestra sincera solidaridad con el presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, su esposa y familia ante el sistemático ataque que soportan desde la ultraderecha de ese país. Detrás de ese linchamiento mediático y político, bien planificado y desarrollado, está el objetivo de generar pulsaciones antidemocráticas en la sociedad”, escribió el mandatario este jueves en su cuenta de X.

La Justicia española investiga a Gómez por una supuesta vinculación con hechos de tráfico de influencias y corrupción; eso a instancias de la organización Manos Limpias desde el 16 de abril.

Luis Arce

Ante eso, Sánchez anunció que evaluará una eventual dimisión a su mandato. “Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, escribió en su cuenta de X.

Según anunció a los periodistas, su decisión se conocerá el martes 29 de abril.

Al respecto, Arce también criticó las “noticias falsas”; dijo que son utilizadas por ciertos grupos para “desacreditar y destruir gobiernos, presidentes y familias”, en una práctica “antipolítica”.

“Esta práctica alejada de toda norma ética, engaña a la población y daña estructuralmente al sistema político a niveles tan altos que potencialmente genera una tendencia fascistoide en la sociedad”, agregó el mandatario boliviano.

Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asumió su segundo mandato ante el rey Felipe VI el 17 de noviembre de 2023.

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