El juez de Instrucción Penal anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Iván Córdova, instruyó la restitución de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez en el cargo que ocupaba hasta la anterior semana.

La autoridad consideró que la destitución de la fiscal, firmada por el fiscal interino Mauricio Nava, fue “un acto arbitrario”, por lo que ordenó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a restituirla como fiscal departamental.

La decisión de Córdova responde a una “tutela solicitada por parte única y exclusivamente”, según citó Unitel. Por lo tanto, instruyó a Lanchipa corregir este accionar, insisto, apegado a lo que la propia ley establece, la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

Sandra Gutiérrez

La anterior semana, en medio del escándalo de un caso de presuntos delitos de trata y estupro agravado que involucra al expresidente Evo Morales, se conoció de una orden de aprehensión contra el exmandatario, pero también, ese día, una jueza de garantías de Santa Cruz dejó sin efecto la captura.

Por su parte, Gutiérrez denunció que la anulación de la captura y su destitución fueron órdenes de Lanchipa. Ante eso, éste se defendió e indicó que la aprehensión fue anulada por “errores” en el procedimiento y que la destitución de la fiscal fue por “negligencia en su trabajo”.

Incluso, el sábado la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión en su contra fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

En medio de cuestionamientos sobre la vía en que se sigue el juicio contra Jeanine Áñez, el expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, brindó detalles y develó que el único que defendió un juicio de responsabilidades para la exmandataria fue el exministro de Justicia Iván Lima.

El 19 noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a quienes intervinieran las manifestaciones de entonces, fuerzas militares y policiales reprimieron a manifestantes de Senkata. Al final del día, 10 personas fallecieron por impactos de bala.

Por ese hecho, víctimas e instituciones del Estado abrieron un proceso contra Áñez, que promulgó el decreto, y otras autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Evo Morales

La mañana de este domingo, en radio Kasachun Coca, Morales develó detalles del origen del juicio. Explicó que el caso se definió en una reunión entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el exministro de Justicia Iván Lima, el Pacto de Unidad y la dirigencia del MAS.

“Todos dijimos que es proceso ordinario (…). Estaban convencidos el Presidente y el Vicepresidente; solo Iván se quedó con (la idea de iniciar un) juicio de responsabilidades”, develó en su programa dominical.

Asimismo, Morales dijo que Lima lo amenazó y le advirtió: “Evo puedes tener problemas en el futuro”.

En criterio del exmandatario, Lima defiende, junto con el juicio de responsabilidades, “que no hubo golpe de Estado”, como llama el Gobierno a la proclamación de Áñez en el poder, luego de la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019.

Así, Morales abordó las declaraciones del ahora exministro Lima, que afirmó que el juicio por la masacre de Senkata se ventila en la vía ordinaria “por un capricho d Evo Morales” y que ese caso llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jeanine Áñez

En la misma línea, el activista de derechos humanos y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, David Inca, sostuvo que el juicio ordinario contra Áñez fue una decisión política del MAS antes de su quiebre.

“El MAS ya había definido la ruta jurídica por la cual tenía que ser procesada Áñez y sus colaboradores. Se había definido ir por un juicio ordinario”, develó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Luego de las declaraciones de Lima, la defensa jurídica de Áñez aprovechó la ocasión para pedir que se anulen todos los procesos contra la exmandataria y otras 17 personas.

Incluso, el abogado Luis Guillén pidió que los 18 acusados ofrezcan a Lima como testigo en el juicio.

Masacre

¿Qué investiga el caso Senkata?

La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019. Entonces, militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre.

El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba (Cochabamba). Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado fue 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.

Ambos hechos fueron calificados como masacre por el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El empresario boliviano Marcelo Claure reprochó la situación de los actores políticos del país, apostó por liderazgos jóvenes y reclamó por la liberación de los denominados “presos políticos”.

“Me siento enfurecido, profundamente entristecido, decepcionado e impotente al leer sobre la situación actual de nuestros líderes políticos en Bolivia, quienes están siendo acusados de pedofilia, corrupción, manipulación del sistema judicial, y de familias presidenciales acusadas de robo, entre otras cosas”, escribió el también presidente del club Bolívar en sus redes sociales.

Y añadió: “Creo que nuestro país necesita un nuevo comienzo. Un momento de reinicio, con nuevos líderes, sangre nueva. Creo que llegó la hora de liberar a los presos políticos, de abrir un diálogo sin pensar en venganzas ni revanchas”.

Marcelo Claure

Las declaraciones de Claure coinciden con el escándalo que envuelve al expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en un caso de presuntos delitos de trata de personas y estupro agravado.

Además, la publicación del empresario surge en un fuerte debate político sobre la independencia de la Justicia, desde que los magistrados y consejeros electos en 2017 fueron favorecidos por la Declaración Constitucional 049/2023, que amplía su mandato constitucional hasta la posesión de las nuevas autoridades, que serán elegidas en urnas el 1 de diciembre.

Por otro lado, cuando Claure menciona a “presos políticos” se refiere a algunos políticos de derecha involucrados en varios casos judiciales. Por ejemplo, la expresidenta Jeanine Áñez, que se proclamó en 2019 en medio de los conflictos poselectorales que derivaron en la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales.

Política

Otro actor que se definió como preso político es el ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que junto con Áñez esperan el inicio del juicio por el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la dimisión de Morales.

“Bolivia está llena de vida, de recursos, de juventud, de potencial. Tenemos todos los ingredientes para ser un país extraordinario, solo necesitamos un liderazgo adecuado. Es hora de trabajar juntos por un futuro mejor. ¡Bolivia merece un cambio real y positivo!”, reflexionó Claure.

En los últimos días, el empresario también se ofreció a “tender puentes de diálogo” entre Morales y el presidente Luis Arce, en medio de la tensión política y social por la marcha que lideró el exmandatario.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra el expresidente Evo Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

“La comisión de fiscales asignada al caso, bajo la supervisión de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, emitió la orden de aprehensión por un delito diferente al que inicialmente se investigaba (…); éste es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, explicó Rocha.

Evo Morales

A pesar de las declaraciones de la funcionaria, la resolución de aprehensión firmada por la otrora directora de la Unidad de Trata y Tráfico de Tarija, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, describe los delitos de trata y tráfico y estupro agravado.

Una vez conocida la nulidad de la orden de aprehensión, Gutiérrez atribuyó el extremo a supuestas instrucciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de propiciar su destitución por impulsar la captura de Morales.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Lanchipa desmintió esas declaraciones y dijo que la aprehensión se anuló debido a “errores” de procedimiento, y sobre el alejamiento de la exfiscal, sostuvo que se debe a “negligencia en su trabajo”.

Investigación

Al respecto, Rocha indicó que, al contrario, el Fiscal General dispuso la conformación de un equipo especializado para reforzar las investigaciones y corregir los errores procedimentales detectados.

“La tramitación de este proceso continúa en etapa preliminar, en ningún momento se ha detenido la investigación, tampoco se descarta la posible recalificación del delito conforme se vayan obteniendo mayores elementos probatorios dentro de este proceso penal”, explicó Rocha ante especulaciones de un supuesto “cierre” del caso.

El viernes, la misma funcionaria informó en conferencia de prensa que el caso fue declarado en reserva judicial por un lapso de 10 días, esto con el fin de precautelar los derechos de las supuestas víctimas, la madre adolescente y su hija.

El expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró que el gobierno del presidente Luis Arce “perdió el debate político». Además, dijo que “abusa del poder” al procesar a dirigentes de su partido.

“Cuando los argumentos se agotan, la violencia sale a flote. Cuando el Gobierno pierde el debate político, abusa del poder procesando dirigentes y líderes sociales. El Gobierno perdió cualquier tipo de legitimidad. El 55% se desvaneció con la falta de combustibles, la inflación y la crisis cambiaria”, escribió en sus redes sociales.

Morales se refirió así al proceso en su contra en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado en el que incluso están involucrados los padres de la supuesta víctima.

Según la investigación de oficio que abrió la Fiscalía de Tarija, en 2016 el exmandatario tuvo una hija con una adolescente de 16 años; aunque la concepción, según una resolución de aprehensión contra Morales, ocurrió cuando la menor tenía 15 años.

Evo Morales

Impulsado por la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez el caso tuvo una orden de aprehensión que fue anulada por una jueza de Garantías en Santa Cruz, a instancias de una acción popular presentada por la defensa jurídica del líder cocalero.

Por su parte, en una conferencia de prensa en Cochabamba, el jueves, Morales recordó que el caso fue cerrado en 2020, en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, luego de ser rechazado por un juzgado de Yacuiba, donde supuestamente ocurrió el hecho.

“En vez de dedicarse a gestionar los últimos meses de gobierno, buscan procesarnos ilegalmente con juicios ya resueltos por la justicia al igual que el Gobierno de Añez”, agregó Morales en su publicación.

Ahora, por decisión del Ministerio Público, el caso entró en reserva judicial por un tiempo de 10 días.

Incluso, la Procuraduría General del Estado exhortó a la Fiscalía llevar adelante la investigación bajo “protección” a la víctima.