La ciudadanía en los nueve departamentos del país pidió el 2006 a los entonces constituyentes reformar la Constitución Política de 1967 para que el servicio militar no sea obligatorio, sino voluntario, coincidieron en afirmar dos ex miembros de ese foro.
«En el 2006 los miembros de la Asamblea Constituyente recorrimos todo el país para escuchar las demandas ciudadanas, entonces fue un clamor popular que el servicio militar sea voluntario, pero las altas cúpulas de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional se impusieron para que no se haga ninguna modificación», señaló el ex constituyente y miembro de la Comisión de Defensa, David Vargas.
La vigencia del servicio militar obligatorio saltó a la mesa del debate esta semana tras la difusión de un video que muestra la tortura a un soldado del regimiento de las Fuerzas Especiales de Challapata (Oruro). El Defensor del Pueblo y la Asociación de Padres de Familia de Conscriptos sugirieron someter el tema a un referéndum.
Caso. Ayer, la fiscal Mirna Arancibia, que investiga el caso en la justicia ordinaria, dijo que espera que el Ministerio de Defensa dé luz verde para procesar a los involucrados. En opinión de Vargas, el servicio militar obligatorio está muy cuestionado en el país por los abusos que se cometen al interior de los cuarteles y por la falta de transparencia que existe en el manejo de sus recursos, al igual que en la Policía.
«Pese a ser un clamor popular, el tema ni siquiera llegó a ser debatido», sostuvo por su parte el ex constituyente Antonio Aruquipa, miembro de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea Constituyente. «El tema fue frenado por las instituciones afectadas en la Comisión de Defensa».
Vargas recordó que en su condición de constituyente propuso incluir en la Constitución tres tipos de servicio: el militar, el policial y el civil. El primero sería una forma de retribución a la patria por su servicio, pero debía ser voluntario. El policial, como servicio a la ciudadanía, y el civil debía ser entendido como trabajos de los ciudadanos en las áreas de salud, educación u otros campos de ayuda social.
El servicio militar obligatorio, recordó Aruquipa, está vigente en la Constitución boliviana desde 1938. A partir de entonces esta norma fue reformada, en su totalidad, en cinco oportunidades.
El constitucionalista y miembro del equipo técnico que redactó la nueva Carta Magna, William Bascopé, señaló que se rechazó que el servicio militar sea voluntario porque primó el principio de que «no existe un Estado sólido sin FFAA bien estructuradas, y desde el punto de vista político porque se constituyen en guardianes del orden».
Recordó que, en el marco de la nueva Constitución, todos los bolivianos son iguales, nadie tiene privilegios y por tanto todos deben hacer el servicio militar obligatorio. Según Vargas, el principal temor de los militares es que si no se obliga a los jóvenes a ir a los cuarteles, esta institución desaparecería.
Bascopé manifestó que existen rasgos discriminatorios en la obligatoriedad del servicio militar, porque esta exigencia se aplica principalmente a la gente de escasos recursos o que viene del área rural, mientras que aquella que tiene dinero e influencia puede comprar la libreta de servicio militar. En ese entendido, sugirió que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y la Ley del Servicio Militar deben adecuarse a la nueva Constitución Política del Estado.
Trabajo de comisiones
Ex constituyentes recordaron que los ex ministros de Defensa y de Gobierno, Walker San Miguel y Alfredo Rada, se presentaron en Sucre en la Comisión de Defensa. Tras un largo debate resolvieron que no se modificaría, en ambos casos, las normas establecidas en la Constitución Política del Estado vigente desde 1967.
Denuncian otro caso de tortura en Santa Cruz
La madre de un ex cadete acusó ayer a los jefes del Colegio Militar de Aviación (Colmilav) de haber dejado con discapacidad a su hijo, después de propinarle una paliza en la materia de Prisionero de Guerra.
«Mi hijo de 19 años ingresó al Colegio Militar de Aviación en enero del 2007 y en el mes de noviembre, que es cuando pasan la materia del famoso PG (prisionero de guerra) del Ranger, sufrió golpes y agresión física. Fue torturado, crucificado y metido al agua, después de haberlo golpeado. Durante 15 días lo arrestaron en el sanatorio del Colmilav para que yo no vea las marcas que le dejaron», dijo la mujer cuando se presentó ante el Defensor del Pueblo.
Hernán Cabrera, delegado del Defensor del Pueblo, informó que en el 2008 esta institución recibió cuatro denuncias que fueron comprobadas. En el 2009 llegó un caso y en lo que va del año se presentaron tres denuncias de maltratos a cadetes y conscriptos. Dos están en investigación.
La madre del ex cadete llevó las fotografías de su hijo después de que fue torturado. Se pudo observar las piernas del joven moreteadas y lastimadas. «Mi hijo no se estabiliza bien, no puede jugar a la pelota y no quiere que haga la denuncia por temor. De hecho ya me están llamando», dijo mientras miraba su cartera donde vibraba el celular.
El Defensor del Pueblo visitará mañana, en Buena Vista, el cuartel de esta localidad y allí realizará una encuesta a los conscriptos, lo propio hará en el Ranger y la próxima semana en el Colmilav. Otro joven denunció ante una red televisiva que un amigo suyo le confesó haber sido ultrajado sexualmente en el Colmilav.
Comisión de DDHH investigará la denuncia
La Cámara de Diputados instruyó a la Comisión de Derechos Humanos que investigue el caso de tortura a un conscripto en el recinto militar Ranger de Challapata, Oruro.
La Comisión de Derechos Humanos está dirigida por la diputada del MAS, Marianela Paco, y según la parlamentaria del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, «si se trata de encubrir los hechos, la investigación no llegará al fondo».
«Los casos investigados por Paco, como la violación a los derechos humanos en Caranavi, no han respondido a las expectativas que el país esperaba», dijo Revollo y luego recordó que asambleístas de Unidad Nacional propusieron la
conformación de una comisión especial, multipartidaria para indagar lo ocurrido con el conscripto.
«Es una pena que un tema de derechos humanos se convierta en una pulseta entre oficialismo y oposición», señaló.
En Sucre, el Ministerio Público pidió a las FFAA que no encubra y presente al país a los responsables de la tortura. La fiscal designada al caso, Mirna Arancibia, solicitó por su parte que se levante el secreto militar y que la justicia militar decline su competencia.