El Ministerio Público investigará todas las denuncias que conozca la opinión pública a través de los medios de comunicación sobre abusos y torturas contra conscriptos y cadetes en los cuartes militares y policiales, anunció ayer el fiscal general interino, Julio César Sandóval.
«Todos los casos que vayan a ser conocidos por la opinión pública a través de los medios (de comunicación) y por ende las autoridades, estamos en la obligación, conforme a ley y procedimientos, de disponer su investigación», expresó el fiscal Sandóval.
Luego de haberse difundido imágenes sobre los abusos cometidos contra un soldado del Regimiento de Fuerzas Especiales Méndez Arcos de Challapata, comenzaron a surgir otras denuncias en las que se muestran abusos contra cadetes de la Policía y del Colegio de Aviación, en Santa Cruz.
Sandóval dijo que conoció por los medios de comunicación la forma de entrenamiento y preparación física en cuarteles de la Policía, donde actúan en forma brutal y hasta se producen vejámenes que llegan a la tortura.
Información. «Las nuevas percepciones doctrinales de lo que significa la formación militar y policial han cambiado y, como consecuencia de ello, se va a solicitar a los órganos pertinentes la información a efectos de evitar y de contemplar la vigencia absoluta de los derechos humanos», manifestó Sandóval.
El último miércoles, el fiscal general Mario Uribe instruyó el inicio de una investigación penal de oficio por los delitos de vejaciones y torturas en contra de los responsables de la agresión al soldado en Challapata.
Mirna Arancibia fue designada como fiscal responsable de la investigación, junto a su colega de Challapata, Jacinto Aguilar, y pidió al Ministerio de Defensa y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas las órdenes de destino del año 2009 y la nómina de los conscriptos del primer y segundo escalón de esa misma gestión.
Explicó que con esa información se identificará con certeza a los responsables de la tortura y el nombre de la víctima porque, hasta ahora, no se conoce de manera oficial la identificación de los involucrados y sólo se cuenta con datos difundidos por los medios de comunicación.
Arancibia también afirmó que se solicitó el levantamiento del secreto militar para que no exista ningún óbice por parte de las Fuerzas Armadas y agregó que, en este caso, se supone que el juez va a proceder con el levantamiento del secreto para lograr información respecto a los datos de los agresores y de la víctima.
«Vamos a exigir que se lo presente y que no se lo encubra. Las Fuerzas Armadas, bajo la disciplina y subordinación que tienen hacia el Capitán General, coadyuven a esta investigación y no existan obstáculos legales o de otra naturaleza, con la finalidad de encubrir a una persona que tortura», aseveró la representante del Ministerio Público.
Además, consideró que el Tribunal de Justicia Militar debe declinar cualquier acto de investigación a la justicia ordinaria y dejar que el Ministerio Público investigue y determine la responsabilidad penal de los responsables del abuso cometido contra un conscripto del cuartel de Challapata.
El miércoles 29, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, almirante Jorge Botello, sostuvo que los implicados en este caso de tortura deben ser juzgados en el marco de la justicia castrense y no en la vía ordinaria, como expresó el propio Presidente y el Ministro de Defensa.
Denuncia a través de un video
-En un video difundido esta semana se ve la tortura al conscripto Guido Álvaro Cortez López, en el cuartel de Challapata.
-El presunto responsable de la tortura fue identificado como el teniente Henry Rojas Catacora.
El Defensor pide frenar los abusos
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió frenar las torturas en los cuarteles. Argumentó que ese es un tipo de discriminación.
«Tiene que ver con hacer una investigación sobre el programa de formación profesional de los militares. Hay profesionalidad en los militares y hay un programa de Derechos Humanos. Consideramos que el criterio de la profesionalidad de los militares debería basarse en criterios irrestrictos en cuanto a la doctrina de los derechos humanos y su aplicación», dijo.
El criterio fue expresado en relación al caso de tortura en contra de un conscripto del Regimiento Ranger de Challapata, Oruro, ocurrido el 2009. Entretanto, el último jueves la Cámara de Diputados instruyó a la Comisión de Derechos Humanos que investigue el citado caso.
La citada instancia legislativa se encuentra dirigida por la diputada del MAS Marianela Paco, quien afirmó que la investigación se realizará en el marco de una «base documental».
La diputada Marcela Revollo (MSM) criticó la designación de esa instancia a la diputada oficialista Paco para que realice la indagación. «Yo pediría a la oposición que ayude en la investigación y que no aparezca sólo para emitir una observación cuando algo no les gusta», respondió Paco.