El calvario de los reos no termina con el cumplimiento de su condena entre rejas, éste perdura porque cuando salen del penal la mayoría es rechazado en la sociedad por tener antecedentes, especialmente para el trabajo.
El fin de la pena, que según establece la Ley 2298 (de Ejecución Penal y Supervisión) es la rehabilitación y reinserción de las personas, se incumple, según expertos en el tema, ya que los reos, al terminar su condena son estigmatizados por la sociedad, sufren el rechazo en el seno familiar y no logran encontrar un trabajo digno, por la desconfianza de la gente, lo que les impulsa a delinquir otra vez.
«El área administrativa del Estado que maneja la privación de libertad (Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana) tiene la obligación de transformar a esa persona para que contribuya a la sociedad cuando salga libre. Pero eso no está sucediendo y no hay iniciativas estatales para que suceda en el futuro», aseguró Ramiro Llanos, ex director de Régimen Penitenciario y docente universitario de Criminología.
Oficio. Dijo que esas personas salen de la cárcel sin recibir ningún tipo de atención, capacitadas en «actividades miserables» y molestas con la sociedad y contra quienes les violaron sus derechos en los penales, donde no hay criterios de rehabilitación.
Salen de la cárcel «en las mismas o peores condiciones con las que entraron», afirmó Llanos.
Un preso de la cárcel de San Pedro en La Paz, que pidió no revelar su nombre, sentenció que «la rehabilitación carcelaria es una pena», ya que la capacitación que les dan en el recinto es para ser más pobres de lo que fueron.
Gardy Costas, responsable nacional del Programa de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad del Defensor del Pueblo, calificó de «muy complicada» la situación de esta población, debido a que no existen políticas pospenitenciarias.
«Cumplir una pena implica en muchos casos el abandono de la familia. Muchos ya no tienen casa, ni empleo ni dinero que les facilite su reinserción en la sociedad. Lo más grave son los casos de los jóvenes, quienes al no obtener trabajo, nuevamente se ven tentados a delinquir», expresó.
En el campo laboral, la hermana María Ángeles Gonzales, de la Pastoral Penitenciaria de Cochabamba, sostuvo que su institución se dedica al apoyo integral en las cárceles y a la capacitación en carpintería, albañilería y otros oficios, pero que en la realidad, «el estigma que prevalece» contra un ex recluso es más fuerte. «Ya no se los acepta y desconfían de estas personas cuando están buscando trabajo», manifestó.
Pilar Ossio, coordinadora de la Pastoral Penitenciaria de La Paz, subrayó lo grave de la situación del pospenitenciario e imploró para que se generen políticas urgentes de inserción del ex interno, que se exija a las empresas del país que les den un trabajo con remuneración digna y que la sociedad se concientice del problema sobre todo con la situación de los jóvenes ex reos.
Actualmente, las tres principales cárceles de La Paz, se declararon esta semana en emergencia, exigiendo mejorar las condiciones de habitabilidad, salud y la prescripción de normas que alientan el hacinamiento en cárceles.
La Ley 2298
Finalidad
La pena tiene la finalidad de proteger a la sociedad contra el delito, lograr la enmienda, readaptación y reinserción social. (Art.3)
Progresividad
La ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. (Art.10)
Infraestructura
Los centros contarán con una infraestructura física adecuada a sus funciones, fines y objetivos, como talleres y lugares de trabajo. (Art. 84)
Asistencia
Cada centro contará con un servicio de asistencia social que apoye al interno y a sus familiares, para que la privación no afecte su relación. (Art. 98)
Trabajo
El trabajo penitenciario tendrá como finalidad crear en el condenado hábitos regulares de trabajo, promover su capacitación y creatividad para obtener un oficio. (Art. 181)
Demanda laboral
El trabajo no será denigrante. Se programará teniendo en cuenta las tecnologías y demandas del mercado laboral. (Art. 182)
Educación
La educación será promovida para su capacitación así como para su formación profesional. (Art. 188)
No hay reinserción
Gardy Costas
‘Es difícil reinsertarse a la familia’
«Para las personas que salen libres, es difícil volver, después de años de encierro, a insertarse en sus familias. Las cosas ya han cambiado frente a lo que era antes, la familia tiene su propio ritmo y en muchos casos, la pareja ya no lo o la espera y han conformado otro núcleo familiar. Algunos tienen la suerte y es su fortaleza que la familia siempre estuvo con él o ella y a la salida del recinto penitenciario vuelven a integrarse».
Ramiro Llanos
‘No les queda otra cosa que delinquir’
«Casi el 68% de la población penitenciaria consume alcohol y un 38% se droga durante su estancia en la cárcel. Eso quiere decir que hay una sistemática influencia negativa a la capacidad cognitiva de la persona. Se vuelve dependiente a la droga o al alcohol y cuando sale del recinto, no le queda otra cosa que delinquir. Después de años, nos están lanzando a personas dependientes que van a cometer delitos».
Situación de las cárceles en Bolivia
Población
Hasta julio de este año, 8.666 personas privadas de libertad estaban en los recintos penitenciarios de Bolivia. De éstas, 7.633 eran hombres y 1.033 mujeres.
Concentración
En Santa Cruz se concentra el mayor número de internos: 2.917 personas privadas de libertad, de las cuales 2.617 son varones y 300 mujeres.
Educación
Hasta el 2006, el 36% de esta población había alcanzado el nivel educativo primario, un 25% el secundario y sólo un 1,9% tenía título profesional.
Menores
Según la Dirección de Régimen Penitenciario, en los recintos carcelarios vivían al menos 1.160 menores junto a sus padres a enero del 2010.
Sin sentencia
Datos estadísticos señalan que entre un 68 y 74% de la población penitenciaria guarda detención preventiva, es decir que no tienen una sentencia ejecutoriada.
Condiciones
El 80% de las cárceles está sobrepoblada. «Presentan signos evidentes de hacinamiento y de convivencia infrahumana», según Régimen Penitenciario.
Presupuesto
Se requieren al menos 50 millones de dólares para mejorar la infraestructura carcelaria en todo el país, dinero que aún no ha sido presupuestado.
Carencia
Para el Defensor del Pueblo, la mayoría de las carceletas rurales que funcionan (que en total son 36) son recintos penitenciarios «de mínima seguridad».
Infraestructura
Hay 55 cárceles. Siete están en Santa Cruz, 5 en Beni, una en Pando, una en Oruro, 10 en Potosí, 6 en Chuquisaca, 9 en La Paz, 11 en Cochabamba y 5 en Tarija.
Detenidos
La cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, fue construida para albergar a 250 detenidos. En la actualidad aloja a alrededor de 1.600 internos.
Hacinamiento
La cárcel de Palmasola de Santa Cruz, que es la más grande de Bolivia, fue planificada para albergar a 800 internos. Hoy tiene 2.705, sin contar esposas e hijos.
Profesionales
El equipo multidisciplinario que trabaja en las cárceles, integrado por médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, carece de un sueldo adecuado.
Darse modos para sobrevivir o migrar, dos vías para ex reclusos
‘A nosotras con antecedentes no nos dan oportunidades’
La Razón – La Paz
María, ex reclusa
María (nombre convencional), ex presa del Centro de Orientación Femenina (COF) de La Paz, cuenta que el principal problema desde que salió del penal, hace 4 años, fue conseguir empleo para vivir y mantener a su familia. «Nos es difícil conseguir trabajo. Cuando salimos, todas las puertas se nos cierran. Ya he visto, porque lo viví con mi propia experiencia, que no tengo muchas oportunidades», contó con la voz entrecortada.
Narró que cuando se presentaba a algún trabajo para un puesto de limpieza, seguridad o para repartición de productos, antes de contratarla le exigían el certificado de antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y fotocopias de carnet legalizadas.
«A nosotras, con antecedentes, no nos dan cabida ni oportunidades. Las vamos a llamar nos dicen y nunca más los vemos», lamentó la mujer. María, mientras tanto, tiene que ganarse la vida como vendedora ambulante al no poder encontrar un trabajo remunerado.
Recordó que antes de que sea privada de libertad, desempeñaba la función de secretaria, oficio que nunca más pudo ejercer. Ahora también se dedica a cuidar a sus nietos y a vender pasteles, queques y masitas que aprendió a hacer cuando estaba en el penal femenino.
«Con eso me ayudo, haciendo pasteles, queques, masitas, empanadas para vender en los colegios», declaró. Agradeció la capacitación que recibió en el penal, aunque confiesa que sólo le alcanza para sobrevivir.
Apuntó que conoce que algunas de sus ex compañeras del COF volvieron a delinquir «y otra vez están guardaditas», debido a la desesperación porque se les han cerrado las puertas laborales y familiares y otras que decidieron migrar a otras ciudades para empezar otra vida.
‘Es común que ex reos se cambien de lugar para vivir’
La Razón – La Paz
Roberto y Ósmar, ex reclusos
Roberto (nombre convencional) salió este año del penal de San Pedro y luego de buscar trabajo que no encontró, decidió irse a Santa Cruz, para empezar una nueva vida, lejos de las personas que lo conocen. Según el testimonio narrado por una voluntaria en penitenciaría, «es muy común que estas personas se cambien de ciudad» para seguir con su vida. Roberto, en este caso, se fue a trabajar de albañil en una constructora que requería de una persona que conocieran el oficio.
«Si fueron detenidas en Santa Cruz, se van a Cochabamba o viceversa. Lo mismo sucede en los otros departamentos», dijo.
Roberto es una de estas personas que ha decidido «escapar» y darse una nueva oportunidad.
De lo contrario, «es muy fácil reincidir en delitos porque uno siente el rechazo de la gente y no le queda otra que enfrentarse a la sociedad», dijo la voluntaria. Entre tanto, la vida de Ósmar tomó un rumbo más oscuro, alejado de lo que una vez fue antes de penar un delito en la cárcel de Chonchocoro.
«Lo veía en la cárcel y empezó a tomar trago. Luego salió de la cárcel y meses después lo vi en un estado lamentable, pidiendo limosna en plena vía. Era un alcohólico de la calle», narró por su lado Nancy Quiroga, coordinadora de la región altiplánica de la Pastoral Penitenciaria. Reconoció que muchos reos como Ósmar, comienzan a beber en el penal y se vuelven alcohólicos de por vida, «más si la sociedad no los recibe».
Según Ramiro Llanos, ex director de Régimen Penitenciario, el 68% de los privados de libertad se alcoholizan y un 38% aproximadamente, consumen drogas dentro de los penales. Urgió a que las autoridades encargadas de los penales prohíban estos consumos que están totalmente prohibidos en los recintos penitenciarios, ejecutando programas de seguridad estrictos.