Quiroz dice que acusará a Morales ante la CIDH
CIDH. Jorge Quiroz anunció que ampliará su demanda contra el mandatario Evo Morales

El abogado de los familiares de las víctimas del caso Caranavi, Jorge Quiroz, se declaró ayer perseguido político por el gobierno de Evo Morales y anunció que ampliará la demanda contra el Jefe de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Quiroz se pronunció un día después de que Morales confesara que fue él quien mandó al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a intervenir su oficina tras acusarlo de «infiltrado». «Me quedé sorprendido después de escuchar esas aseveraciones de nuestro Primer Mandatario. No nos explicamos el motivo. No nos queda otra que ampliar nuestra demanda contra del Presidente ante la CIDH, que ya tiene una petición», indicó.
El caso Caranavi se refiere al desbloqueo de la vía a esa población por parte de la Policía, en el que murieron dos personas por disparos de armas de fuego. Señaló que insistirá en exigir garantías para él y su esposa, a fin de trabajar y vivir tranquilos, «porque desde ayer que nos enteramos, nos hemos declarado perseguidos políticos, porque eso es lo que somos».
MINISTRO. Entretanto, Llorenti admitió haber recibido la instrucción del Presidente para proceder con el registro de las oficinas de Quiroz. Explicó que se siguieron «todos los procedimientos legales», y rechazó, de esa forma, haber transgredido alguna norma.
Presentó además una copia del proceso penal público que se instauró contra Jorge Quiroz, que fue procesado por el Ministerio Público y la Fiscalía ante la jueza 10° de Instrucción en lo Penal-cautelar, Marcela Siles, quien firmó el mandamiento de allanamiento, registro, requisa y secuestro de sustancias controladas.
En los antecedentes, el fiscal de materia de sustancias controladas, Víctor Vásquez, afirma que la indagación se inició por una llamada anónima a la línea gratuita de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) «de una persona de sexo femenino que no quiso identificarse por miedo a represalias».
Esa llamada había denunciado una supuesta venta de sustancias controladas en el bufete del abogado que queda en un edificio frente al Ministerio de Trabajo, «donde existe un relativo movimiento de personas en diferentes horas del día». «En razón a la inspección externa, se pudo verificar que el movimiento de personas es relativamente normal… salen de forma sospechosa mirando de izquierda a derecha, por la forma de actuar se hace presumir que en el interior se estarían dedicando a la venta y consumo de sustancias controladas», se lee en el documento.
Fiscalía. Jorge Quiroz manifestó que con ese hecho se demostraba que el Ministerio Público mintió con el tema de la llamada anónima que denunció el tráfico de droga tanto en su oficina como en su domicilio, que también fue allanado.
«En los dos casos el Ministerio Público ha mentido sobre las llamadas, porque nuestro Presidente no va a mentir. El Ministerio Público está haciendo el papel de tonto útil. Todo esto ya está dentro de una total injerencia de parte del Órgano Ejecutivo sobre el Órgano Judicial», lamentó.
Aseveró que el objetivo de la denuncia ante la CIDH es para que los organismos internacionales tomen conocimiento de lo que pasa en Bolivia. Ellos «seguramente van a concluir que realmente no estamos viviendo en un Estado de Derecho, y si no hay Estado de Derecho, estamos en riesgo».
Investigan situación migratoria
La directora nacional de Migración, María René Quiroga, informó que investiga la situación migratoria y la estadía en territorio nacional del abogado Jorge Quiroz. De no contar con sus papeles en regla, dijo que Quiroz se encontraría en forma irregular en Bolivia, lo que ameritaría su expulsión.
Amenaza para el Estado
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró ayer que el abogado Jorge Quiroz representa una «amenaza para el Estado» y que en los próximos días dará detalles de la investigación que le sigue el Gobierno.
«Este abogado peruano (Quiroz) que ahora intenta legitimizarse como defensor de los derechos humanos, es una persona que representa una amenaza a la seguridad del Estado», afirmó en una conferencia de prensa. Añadió que esa aseveración la iba a demostrar con hechos, que «por supuesto serán en el marco de la legalidad, a través de un proceso que reúna las características que señala la Constitución».
Indicó además que la participación de Jorge Quiroz (que involucra además a su esposa Claudia Lecoña) en los sucesos de Caranavi en mayo pasado, donde murieron Fidel Hernani y David Calizaya, no era una casualidad.
«En los próximos días vamos a informar mayores detalles de este caso y su participación en otros asuntos que también ameritan una investigación», declaró.
Complementando estas sospechas, el presidente Evo Morales acusó ayer a los dirigentes de Caranavi que realizaron un bloqueo caminero de 12 días, de tener relaciones con la Embajada de Estados Unidos, y reveló que en los días que se sucedieron los conflictos en esa población, varios de los dirigentes tuvieron contactos con la NAS (Agenda de Cooperación y Control de Drogas).
Denuncia de los últimos meses
Organizaciones
Dirigentes y organizaciones sociales incluidos
El presidente Evo Morales aseguró el 26 de septiembre que las voces disonantes que surgieron desde algunos movimientos sociales pertenecen a «infiltrados».
Ex aliados
Búsqueda de militantes del MSM en la cosa pública
El senador Eugenio Rojas informó el 27 de septiembre que buscarían a infiltrados del MSM en la administración pública. Se los acusa de poner trabas a la gestión.
Caranavi
Se anunció presentación de pruebas
El ex viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, anunció el 11 de junio que se presentarían pruebas ante la Fiscalía sobre infiltrados en el conflicto de Caranavi.
Acusación
Infiltrados tanto en las FFAA como en la Policía
Evo Morales habló el lunes 30 de agosto en el Palacio Quemado acerca de la «infiltración» de agentes de la embajada norteamericana en estratos militares y policiales.
Protesta
Preocupación por la cúpula
El Mandatario afirmó el 20 de agosto que existen infiltrados en la propia dirección del MAS para, desde ese frente, perjudicar las acciones del Gobierno.
Región
El Gobernador también denunció a infiltrados
El prefecto de Potosí, Félix Gonzales, denunció que gente infiltrada en el MAS y los movimientos sociales pretende desestabilizar su gestión y promover su cambio.