FFAA envían a la justicia ordinaria a 4 militares por el abuso a un conscripto
Decisión. El Comandante en Jefe dice que se ayudará a esclarecer el abuso a un cabo
El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas decidió enviar a la justicia ordinaria a cuatro de sus oficiales por los abusos, en un castigo, al cabo Álvaro Flores, en el Regimiento de Fuerzas Especiales Méndez Arcos de Challapata (Oruro), el año pasado. La información fue hecha pública ayer por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente.
«El Comando General del Ejército, a través del Comando de la Segunda División, pone a disposición de la justicia común a los sumariados, teniente coronel Roberto Quiroz Pinto y a los subtenientes Jhonn Henry Rojas Catacora, Gustavo Cardozo Mejía y José Luis Copa Flores», manifestó el Comandante de las FFAA en una conferencia de prensa.
Anunció que la institución castrense cooperará «en todo lo que sea necesario» para el total esclarecimiento del hecho porque fueron encontrados «grados de responsabilidad en actos tipificados en el Código de Procedimiento Penal Militar».
La disposición fue asumida tras la ejecución de un sumario informativo que se realizó tras denunciarse el vejamen contra el conscripto, con el objetivo de esclarecer las causales y circunstancias de los malos tratos al ex cabo Guido Álvaro Flores Cortez, del regimiento de Challapata. El sumario informativo fue enviado al Comando General por el comandante de la Segunda División del Ejército de Oruro, Fernando Zeballos.
Un video filmado el año pasado y difundido la semana pasada por canales de televisión mostró cómo Flores Cortez era sometido a un castigo (el submarino), que todo militar debía pasar en la materia de «prisioneros de guerra», que según el Ejército ya fue abolida años atrás.
De La Fuente aseguró que el hecho fue aislado y que no debe comprometer «la imagen de las Fuerzas Armadas» y anunció que realizarán un seguimiento al caso para que se castigue a los responsables de la tortura.
El lunes, la fiscal que investiga el caso, Mirna Arancibia, informó de que el juzgado de Challapata ordenó levantar el secreto militar para que el Ministerio Público tenga el camino expedito y continúe la investigación sobre tortura en contra del soldado. El 29 de septiembre, el presidente Evo Morales expresó su molestia por la tortura y anunció que los militares responsables de la tortura serían enviados a la justicia ordinaria.
Sin embargo, en la conferencia de ayer en el Estado Mayor, el general Ramiro de La Fuente no se refirió a las otras denuncias que fueron expuestas anteriormente, como los hechos que se sucedieron en el departamento de Santa Cruz contra cadetes.
Normas penales militares
El Artículo 104 del Código de Procedimiento Penal Militar establece que «la autoridad militar que recibe las conclusiones de un sumario informativo y que, por su jerarquía, ejerce jurisdicción judicial, tiene la facultad de dictar, previo dictamen del asesor jurídico, la remisión a la jurisdicción común (ordinaria) si el hecho no constituye delito militar». El artículo 202 dispone que sufrirá penas el militar que maltrate o ultraje de palabra u obra «a un inferior o permita u ordene que otros lo hagan, salvo que fuese necesario».
La víctima niega el abuso
El ex cabo Álvaro López Cortez, del regimiento de Challapata, desmintió ayer que fuera torturado en el cuartel de esa localidad y aseguró haber participado sólo de un entrenamiento militar. En una entrevista con la red ATB, dijo que «lo de la tortura no es verdad porque eso no es tortura, es parte del curso. A mí no me obligaron a hacer eso, es voluntario», declaró.
Confesó también haber cursado la materia de Prisioneros de Guerra porque quería salir del Ranger con su brevet de conducir y con grado de cabo.
En las imágenes de la entrevista, a López se lo observó que miraba constantemente hacia su izquierda, aunque no se vio con quién se encontraba en ese lugar. Pese a la versión del ex cabo, el Ministerio Público afirmó que proseguirá con su investigación sobre tortura.
La fiscal del caso, Mirna Arancibia, dijo que primero se escuchará su versión de los hechos, pero también consideró que podría tratarse de un acto de coacción. «Los agresores en este tipo de delitos buscan coaccionar a la víctima con la finalidad de distorsionar la verdad histórica», dijo. Arancibia añadió que no existe desistimiento en este tipo de casos, porque el proceso es de oficio.
«No existe una víctima, no existe una denuncia formal, es un acto que, después de la noticia criminal que se ha tenido en los medios de comunicación, se ha abierto el proceso. Por lo tanto, lo que pueda decir la víctima aporta al caso, sin embargo, otra cosa es que preste su declaración oficial», expresó Arancibia.
Anunció que, ayer, la Fiscalía General del Estado envió al Ministerio de Defensa las citaciones para que por conducto regular, los tres subtenientes y un coronel, acusados de los maltratos, puedan prestar su declaración informativa en este caso. Además, la pasada semana se informó de que este caso fue denunciado por la familia del ex cabo a instancias militares, las mismas que no habrían tomado ni siquiera las declaraciones informativas.
