Después de una reunión con el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, los fiscales Isabelino Gómez y Daniel Aguilar, que investigan este caso, expresaron su preocupación por la seguridad de sus personas.
«Hemos manifestado nuestra preocupación, el Ministerio de Gobierno no sólo debe velar por la seguridad del Estado, sino también por la seguridad de sus funcionarios públicos que ejercemos una labor dentro del Ministerio Público», señaló Gómez.
El fiscal denunció también que organismos policiales, implicados en el caso Olorio, presentaron «informes falsos», que no guardan relación con los hechos, lo que obstaculiza el trabajo de investigación. «No puedo establecer si esa información (de los policías) han sido intencionalmente mal dadas, (pedimos) que los organismos policiales sean transparentes, el Ministerio Público ha sido confundido».
El fiscal también aseguró que en la audiencia cautelar que se iba a realizar el último miércoles, y que fue suspendida por órdenes del juez Primero de Instrucción en lo Penal, Álex Gutiérrez, los fiscales portaban chalecos antibalas para resguardar su seguridad.
El 4 de julio, la oficina de Vías Bolivia en el peaje de la Autopista fue atracada, De allí se habrían llevado Bs 300 mil. Al día siguiente, la Policía detuvo a Olorio como sospechoso, pero éste murió a las pocas horas; la familia cree que fue muerto durante el interrogatorio.
El director general de Régimen Interior, Boris Villegas, y el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, aseguraron en conferencia de prensa, que brindarán todas las garantías a los fiscales y a los familiares de Olorio.
En la reunión con el Ministro de Gobierno también estuvieron presentes los familiares del suboficial Leonardo Condori, quien fue asesinado durante el atraco a la oficina de Vías Bolivia.
«Cualquier tipo de amenazas va a ser objeto de investigación, de nada sirve el hecho de que sean o no policías», indicó Rivera.
Ambas autoridades dijeron que denunciarán ante el Consejo de la Judicatura al juez Gutiérrez, por haber presentado una resolución para la suspensión de la audiencia y por actuar «irregularmente».