La familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz presentó una demanda en contra del Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de voluntad de sus autoridades para encontrar los restos del ex líder socialista.
La denuncia fue presentada el 9 de marzo de este año, un documento que lleva los pies de firma de María Cristina Trigo Vda. de Quiroga, esposa del ex líder socialista, y de María Soledad Quiroga Trigo, hija del matrimonio.
Respecto a esta demanda, Santiago Canton, secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, el 30 de septiembre, a través de una carta, le pidió al canciller David Choquehuanca un informe del caso y le dio un plazo de dos meses para su respuesta. Aclaró que la CIDH aún no admitió la demanda judicial.
El 8 de octubre, el Canciller remitió una comunicación al fiscal general Mario Uribe, en la que le solicita un informe detallado y documentado de «(i) requisitos de admisibilidad del presente caso, a la luz del reglamento de la Comisión IDH, (ii) validez de los argumentos expuestos por la impetrante sobre el fondo de la petición planteada». El plazo que le da para recibir esa información vencerá mañana, 27 de octubre.
En la demanda la familia Quiroga cuestiona la posición de algunos comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), como los generales Luis Trigo y Ramiro de la Fuente (actual), además de otras autoridades del Ejecutivo.
«Hemos presentado el caso ante la CIDH contra el Estado boliviano porque no ha realizado las acciones necesarias para que cese la condición de desaparecido de mi padre», declaró ayer escuetamente a este diario, en La Paz, María Soledad Quiroga.
Demanda. En la relación de hechos que contiene la demanda, la familia Quiroga hace referencia a los juicios iniciados contra el ex presidente de facto Luis García Meza ante la Corte Suprema y otro proceso legal en la vía ordinaria, aunque señalan que los principales inculpados no cumplen condena y otros merecieron sentencias leves.
También recuerda las gestiones que realizaron los familiares de desaparecidos por más de 20 años, sin encontrar respuesta de las instituciones estatales. Indican, como ejemplo, que pese a tener órdenes judiciales para desclasificar los archivos de las FFAA, éstas aún no se cumplen.
«El gobierno, a través de distintos voceros, ha respaldado el accionar de las Fuerzas Armadas», denuncia la familia. Recuerda que el 17 de julio del 2008, el presidente Evo Morales señaló que «no existe documentación clasificada de las FFAA». El 1 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, señaló que la Asamblea «no aprobará ley alguna para desclasificar archivos de las FFAA». Y menciona que el 2 de marzo, el vicepresidente Álvaro García afirmó que «toda información fue entregada al fiscal y que la Fiscalía se está excediendo en sus atribuciones».
La familia Quiroga hace notar que este año se cumplieron 30 años del asesinato y desaparición de Marcelo, «sin que se haya logrado esclarecer la verdad de los hechos, sancionar a los culpables».
El fiscal Milton Mendoza, al respecto, citó el Art. 113 de la Carta Magna, que prevé que, en caso de que el Estado sea sancionado económicamente, deberá repetir el pago al funcionario o servidor público que ocasionó ese daño; es decir el Estado paga y luego debe cobrarle al servidor negligente.
Como antecedente, a través de una sentencia del 1 de septiembre, la CIDH declaró que el Estado era el responsable de la detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y de José Luis Ibsen Peña entre 1971 y 1973, durante la dictadura de Hugo Banzer, y estableció una indemnización de $us 565 mil a favor de sus familiares.
Fiscalía escuchará pedido de Arce Gómez
La comisión de fiscales que investiga las desapariciones en la dictadura, escuchará la propuesta que quiere hacer Luis Arce Gómez, ministro de Gobierno del dictador Luis García Meza, para que dé información del paradero de los desaparecidos durante el violento régimen militar del inicio de los 80.
Eduardo Morales, fiscal asignado al caso, informó, a través de radio Fides, que una vez recibida su declaración, será transmitida a las autoridades superiores.
«Vamos a escuchar qué es lo que él necesita negociar. Vamos a escuchar su proposición y, de acuerdo a eso, vamos a analizarlo. Desearíamos que nos dé el lugar donde están los desaparecidos», declaró el representante del Ministerio Público.
Morales aclaró que cualquier negociación se debe enmarcar en lo establecido en la legislación boliviana, que determina penas sin indulto alguno, como es el caso de Arce Gómez, por lo que lo máximo que podría conseguir es el mejoramiento de sus condiciones carcelarias, «nada más allá de ello».
«Yo conozco mucha información (del Gobierno), no era un pelele, yo mandaba», aseguró Arce Gómez hace unos meses luego de salir de una declaración informativa que prestó en la Fiscalía de la ciudad de La Paz.
«Todos se benefician en la vida, menos en Bolivia, en todas partes del mundo se benefician», insistió la ex autoridad del gobierno de facto y agregó que «si quieren saber algo», también él tiene que ganar algo. «Nada es gratis», había manifestado Arce Gómez.