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viernes 23 abr 2021 | Actualizado a 09:27

Pacto de Ilo tendría efecto económico en Chile

Sólo el 2009, Bolivia exportó por Arica alrededor de $us 1.057 millones

Por La Razón

/ 31 de octubre de 2010 / 05:00

El acuerdo de Ilo, en lo económico, terminaría alentando la migración del comercio de Arica e Iquique hacia Ilo, mientras que en lo político Perú ve beneficioso tener de aliado a Bolivia, sostienen analistas. El politólogo Franklin Pareja consideró que el efecto económico a mediano o largo plazo será la reducción del comercio boliviano en Arica e Iquique, Chile, porque, si se generan las condiciones, migrará a Ilo. 

«Bolivia potencia el norte chileno, es cliente de sus puertos, pero Ilo podría captar como cliente importante al comercio boliviano», sostuvo.

Bolivia, según el acuerdo del 19 de octubre, tendrá un enclave costero que permitirá la llegada y salida de embarcaciones comerciales y militares de gran calado. La ministra de Planificación, Viviana Caro, informó el 24 de octubre  que la habilitación del puerto de Ilo reducirá en al menos 40 por ciento la distancia de exportación de productos nacionales a mercados del Asia.

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Alan García, reactivaron el acuerdo, que se firmó en 1992. El analista Carlos Cordero ve beneficioso para Perú tener a Bolivia como aliado en vista a su diferendo  de límites marítimos con Chile, que se encuentra en el Tribunal de La Haya. «Si Perú gana prestigio internacional con el acuerdo de Ilo, será favorable y una ventaja para resolver a su favor esta controversia con Chile», opinó el analista.

Productos exportados por Bolivia

El principal producto de exportación boliviano hacia mercados del extranjero, por los puertos de Arica e Iquique, en Chile, son los minerales como el estaño, zinc, plata, entre otros. También exporta textiles y muebles de madera.

No se cedió derechos sobre islas e islotes

Bolivia no cedió soberanía sobre islas e islotes ubicadas en el océano Pacífico, por lo que mantendría derechos sobre ellas. Las islas están entre los paralelos 23 y 24, y la desembocadura del río Loa, en territorio chileno, informó el investigador en temas marítimos Víctor Hugo Chávez.

El Tratado de Paz y Amistad de 1904 no refiere la entrega a favor de Chile de ninguna de las islas e islotes de Bolivia ubicados entre esos paralelos, entre ellas San Felipe, La Guanera, Guamán, Lagartos, Santa María, Del Nido, Isla Blanca e Islotes de las Tórtolas.

«Hay varios aspectos que no están contemplados de manera expresa en el Tratado de 1904», afirmó Chávez, quien luego aseguró que el país nunca entregó la soberanía de territorios ubicados entre el paralelo 23 y la desembocadura del río Loa. En esa extensión territorial están Antofagasta, Mejillones, Caracoles y el Salar del Toco, explicó el investigador.  

«Son un conjunto de derechos que Bolivia nunca ha cedido y que podrían ser demandados ante la Corte de La Haya», indicó Chávez, quien luego recordó que en enero del 2007 entregó al presidente Evo Morales un proyecto de Demanda Marítima contra Chile.

Chávez dijo que también entregó a Morales, el 26 de octubre, un Proyecto de Tercería en la demanda de Perú contra Chile, por límites marítimos. «Sólo hay tiempo hasta febrero del 2011 para la demanda», informó. Sostuvo que un fallo a favor de Santiago incidiría en la zona concedida en Ilo.

Cautela en las informaciones sobre el diálogo

Las conversaciones entre Bolivia y Chile, en el tema marítimo, se desarrollan en medio del más estricto hermetismo. «Este tema no vamos a negociarlo a través de los medios de comunicación», respondió el canciller, David Choquehuanca, en varias ocasiones en las que se le consultó sobre el diálogo del mar.

Hasta el momento, ninguna autoridad boliviana o chilena   informó sobre los posibles avance en este tema de la agenda bilateral de 13 puntos, definida por Evo Morales y Michelle Bachelet en julio del 2006. Comisiones técnicas de ambos países se reúnen dos veces al año para evaluar y dialogar sobre los temas de interés común. Uno de los últimos encuentros se realizó entre el 12 y 15 de julio en la ciudad de La Paz.

Las delegaciones lideradas por el vicecanciller de Chile, Fernando Schmidt, y de Bolivia, Mónica Soriano, lograron avances en diferentes temáticas. En cuanto al aspecto marítimo, en el acta suscrita se destacó los niveles de confianza alcanzados y la decisión de preservarlos, «de modo que estimule el diálogo bilateral, a fin de abordar la amplia temática del mar en la agenda… y proponer así cómo alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en las próximas y sucesivas reuniones…».

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Día de la Madre Tierra

Se trata, pues, de un día que lleva a las personas a reflexionar sobre el dilema conservación versus desarrollo.

Por La Razón

/ 23 de abril de 2021 / 01:51

Ayer se ha recordado en todo el mundo el Día Internacional de la Madre Tierra, ocasión propicia para promover el debate público sobre el estado actual del planeta y la justificada preocupación sobre su futuro a corto, mediano y largo plazos. Como todos los años, el balance arroja muchos discursos de transformación del estado de cosas, pero pocas acciones en esa dirección.

Las innumerables manifestaciones en torno a los temas que el Día Internacional inspira son expresiones a la vez de una creciente pugnacidad política que se sirve de todos los asuntos de interés público posibles para desacreditar a la parte contraria y tratar de mostrar a la propia como la portadora de la mejor razón, muy a menudo llena de lugares comunes y desinformación respecto de lo deseable y lo posible en temas de gestión ambiental.

Así, se cumple un doble propósito: se politizan los movimientos de defensa de la Madre Tierra hasta el extremo de ponerlos al servicio de una razón instrumental a menudo desprovista de principios, y por esta misma causa se los despoja de profundidad, coherencia y, sobre todo, de viabilidad. Es más fácil protestar públicamente y apuntar con el dedo a los culpables de la degradación ambiental que salvar un solo árbol.

Como es previsible los gobiernos, particularmente aquellos comprometidos con la causa ambiental y los esfuerzos multilaterales para salvar al planeta de un desastre inminente, hicieron anuncios y promesas importantes, como la del Primer Mandatario boliviano, quien informó que se han derogado los decretos firmados por la presidenta transitoria que autorizaban hacer pruebas con semillas genéticamente modificadas. No dijo nada respecto de las leyes en que se basaron esos decretos y que habilitan ese tipo de cultivos, promulgadas en una anterior gestión del MAS.

También hubo pronunciamientos públicos de personajes notables, como el expresidente Evo Morales, quien a través de Radio Kawsachun Coca propuso una revolucionaria agenda para salvar a la Madre Tierra, de evidente tono descolonizador y anticapitalista que, probablemente, se oiga bien en los foros internacionales, pero que se hace difícil de implementar en el día a día de la política, como él bien sabe.

Se trata, pues, de un día que lleva a las personas a reflexionar sobre el dilema conservación versus desarrollo, en el entendido que son mutuamente excluyentes, sobre todo por la idea androcéntrica moderna, que pone al humano y sus necesidades por encima de la naturaleza, incluso a sabiendas de que ésta ya demostró no ser infinita en recursos como se creía.

Fue un día, en fin, para que gran parte de la humanidad sueñe con un mundo mejor, con un futuro en el que todas y todos puedan vivir en armonía con la naturaleza, pero que por ahora no logra trascender el ámbito de la retórica, mientras una pequeña porción de esa misma humanidad sigue haciendo pingües negocios a costa del equilibrio ecológico de la Madre Tierra.

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Buscando culpables

No hay mecanismos internos ni procedimientos democráticos en las organizaciones políticas para la designación de candidatos.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2021 / 00:49

Entre otros efectos, las recientes elecciones departamentales, regionales y municipales 2021 han generado controversias internas en las organizaciones políticas, en unos casos bajo reflectores mediáticos, en otros más bien replegadas en sus propias estructuras. En general, con poco análisis y escasa autocrítica, se buscan culpables de las derrotas y se anticipan ajustes de cuentas.

Si bien, por su naturaleza, las elecciones subnacionales tienen múltiples ganadores (no son de ganador único, como los comicios presidenciales), la evaluación tiene que ver tanto con los resultados como con las expectativas. El balance será diferente además en función al objeto de análisis: si por ejemplo se considera el número de alcaldías, el MAS puede ostentar sus 240 alcaldes electos de un total de 336; si en cambio se ven gobernaciones y ciudades capitales, predominan victorias opositoras.

En las evaluaciones son importantes asimismo las comparaciones. El resultado de las elecciones de marzo y abril será “bueno” o “malo”, de victoria o derrota, ¿comparado con qué? Habrá diferentes lecturas si el referente de comparación son las elecciones generales de octubre de 2020, los comicios subnacionales de 2015 o —como ya se dijo— las expectativas que tenían y expresaron las fuerzas políticas. Igual un dato relevante tiene que ver con el pluralismo político, que también expresa fragmentación.

Más allá del objeto de análisis, de los ejercicios comparativos y sus interpretaciones, es interesante observar las diferentes dinámicas internas de balance y de ajuste de cuentas. Lo más ruidoso en los últimos días, con amplia cobertura mediática, fueron los cuestionamientos en las filas del MAS, en especial en torno al papel que tuvieron el jefe partidario y las dirigencias departamentales en la designación de candidaturas. Muy lejos de la autocrítica, el oficialismo exhibió fuerza y anunció “purga” (sic).

¿Y qué pasa en el campo de la oposición? ¿Qué balance hicieron luego de los comicios subnacionales? ¿Hubo críticas a la imposición cupular de candidaturas y al “dedazo” del jefe? A diferencia del MAS, en general los opositores no ventilaron públicamente su situación interna. No se sabe por ejemplo cómo discurre la crisis orgánica en Demócratas (con renuncias previas a los comicios), convertida en fuerza marginal en Santa Cruz. O en Comunidad Ciudadana, que no existe en el mapa político subnacional.

A reserva del itinerario que siga el normal balance de resultados después de un proceso electoral, insistimos en este espacio en un problema de fondo que permanece intacto: no hay mecanismos internos ni procedimientos democráticos en las organizaciones políticas para la toma de decisiones y la designación de candidatos. Por ello, luego de los ajustes de cuentas, algunos de ellos exculpatorios, es fundamental que los partidos y alianzas convoquen a sus instancias orgánicas y, en serio, se miren en el espejo.

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El censo en disputa

El Censo de Población y Vivienda es una necesidad imperiosa, así como lo es el pacto fiscal.

Por La Razón

/ 19 de abril de 2021 / 01:43

Días atrás, el Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que dadas las condiciones actuales y los muchos trabajos preparatorios, que demandan hasta “tres años y medio”, el Censo Nacional de Población y Vivienda que debía realizarse en 2022 tendría que ser postergado hasta 2024. El Ministerio de Planificación del Desarrollo tuvo que desmentirlo.

No hace falta ser un gran estadista para comprender la importancia estratégica de cualquier censo de población; se practica de un modo u otro en todas las culturas desde hace milenios, de ahí que, por ejemplo, aparezca nombrado en la historia del nacimiento de Jesucristo. Historias aparte, en Bolivia un decreto ley promulgado durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1976, instruye que el censo se realice cada 10 años; una ley de 2000 instruye realizar este empadronamiento de la población cada año terminado en cero (aunque desde el censo de 1992 es imposible cumplir simultáneamente las dos normas señaladas) para reasignar escaños parlamentarios; finalmente, la Constitución Política del Estado señala que es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

El censo de 2012 se realizó con más de un año de retraso, pese a que un decreto supremo de 2008 declaró el ejercicio como “prioridad nacional”, lo cual podría significar que el Director del INE tiene la razón, a pesar de que sus superiores han tratado de minimizar el impacto de la declaración asegurando que se trata únicamente de una “sugerencia”. No se conoce, sin embargo, ninguna otra “sugerencia” de fecha para el conteo de habitantes.

Lo que sí se conoce es la incomodidad que ha causado el anuncio, siendo el primero en reaccionar el vociferante gobernador electo de Santa Cruz, quien salió nuevamente por sus fueros amenazando y dando al Gobierno “un año” para realizar el nuevo censo; en El Alto, la alcaldesa electa también se ha pronunciado. El motivo de éstas y otras declaraciones está en el hecho de que, como se señala antes, la distribución de recursos (comenzando por el IDH y la coparticipación tributaria) y de escaños en la Asamblea Legislativa depende de los resultados de este conteo de habitantes.

Es posible que la máxima autoridad ejecutiva del INE haya pecado de excesivo candor, así como es perfectamente plausible que el trámite haya sufrido considerable retraso luego de casi un año de nula gestión de éste y otros asuntos estratégicos por parte del gobierno transitorio, sin embargo también es muy posible que pueda señalarse negligencia desde mucho antes de los sucesos de noviembre de 2019.

El Censo de Población y Vivienda es una necesidad imperiosa, así como lo es el pacto fiscal y otros trámites redistributivos basados en los resultados de aquél, que sin duda causarán una nueva temporada de conflictividad social y política en el país, pero también habilitarán el escenario para iniciar un nuevo ciclo político, ojalá que con autonomías.

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Gobiernos divididos

Ese modelo de gobiernos sin bancada mayoritaria dejó de existir durante los gobiernos del MAS.

Por La Razón

/ 17 de abril de 2021 / 23:31

Entre otros resultados, los comicios subnacionales 2021, cuya segunda vuelta del pasado domingo cierra el actual ciclo electoral, configuraron un mapa diverso de poder en las gobernaciones departamentales. Pero también generaron “gobiernos divididos”, esto es, ejecutivos que no tienen mayoría en las asambleas. Ello puede conducir a situaciones de bloqueo o impulsar pactos.

Uno de los aprendizajes de la transición a la democracia, con la presidencia de la UDP/Hernán Siles Zuazo (1982-85), fue que el gobierno dividido puede generar un escenario de bloqueo y de parálisis institucional. Así ocurrió en ese periodo, cuando los opositores MNR y ADN, mayoritarios en el Congreso Nacional, inviabilizaron todas las leyes propuestas por el Ejecutivo. Se produjo así una crisis de gobernabilidad que, sumada a la hiperinflación y una elevada conflictividad, derivaron en elecciones anticipadas.

Semejante experiencia, que algunos analistas de la época calificaron como “traumática”, sirvió de incentivo para que los partidos políticos optaran por formar coaliciones parlamentarias y de gobierno a fin de evitar, justamente, gobiernos divididos. Esa fue la esencia de la llamada “democracia pactada”, que entre 1985 y 2003 produjo cinco gobiernos de coalición (incluido el acuerdo entre el MIR y la ADN en 1989, que implicó “cruzar ríos de sangre”). Se despejaba así el riesgo de ingobernabilidad.

Tras la crisis de 2003 con renuncia de Sánchez de Lozada y sucesión constitucional, el gobierno de Mesa fue otro caso de gobierno dividido. Sin parlamentarios propios, tuvo que afrontar un Congreso opositor con predominio del conflicto por encima de la concertación. Ese modelo de gobiernos sin bancada mayoritaria, que formaban coaliciones o terminaban estancados, dejó de existir durante los gobiernos del MAS/Evo Morales. Sus victorias electorales con mayoría absoluta le permitieron gobernar en solitario.

Esa lógica en democracia se mantuvo en las elecciones generales 2020, que otorgaron al gobierno de Arce mayoría absoluta de asambleístas en ambas cámaras: no corre riesgo de bloqueo opositor, no necesita coalición política. Ocurre algo distinto a nivel departamental. Las recientes elecciones conformaron solo tres gobiernos mayoritarios, todos del MAS: Oruro, Cochabamba y Potosí. En los otros seis departamentos hay gobiernos divididos. Los gobernadores electos, para garantizar gobernabilidad, tendrán que pactar.

La novedad sin duda son los asambleístas indígenas, elegidos según normas y procedimientos propios. Son esenciales para formar mayoría en tres asambleas departamentales. En Santa Cruz ya se aliaron con el MAS, presidirán la asamblea y harán mayoría opositora. Pronto se sabrá qué carta juegan en los casos de Tarija y Beni. Si bien no es posible “administrar” un departamento desde la asamblea, se puede obstaculizar la agenda legislativa del Ejecutivo. En ese contexto, los acuerdos políticos importan.

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Una pandemia que no acaba

Se precisa, más que nunca, prudencia, no bajar la guardia, modestia y gran capacidad de adaptación de las políticas.

Por La Razón

/ 17 de abril de 2021 / 00:21

La evolución de la pandemia sigue desbaratando las proyecciones de casi todos los gobiernos en el planeta. La segunda y tercera oleadas de contagios están afectando severamente incluso a países que habían manejado bien la enfermedad el año pasado. Frente al COVID-19, se precisa, más que nunca, prudencia, no bajar la guardia, modestia y gran capacidad de adaptación de las políticas.

El año pasado se mencionaba a Uruguay y Cuba como los países latinoamericanos que habían logrado evitar un contagio masivo de COVID-19 gracias a sus sistemas de salud eficientes. De igual manera, en este 2021, durante varias semanas Chile apareció como un ejemplo mundial de vacunación rápida, mientras la India se transformaba en una usina global capaz de producir y distribuir millones de esos fármacos en todos los continentes.

Lamentablemente, las infecciones se están acelerando en casi todos los continentes, obligando, por ejemplo, al Gobierno cubano a establecer restricciones en La Habana. La situación se ha desbordado particularmente en Uruguay, donde la tasa de contagios se ha vuelto la más alta del mundo. La situación tampoco es muy halagüeña en Chile, que registra un pico de la enfermedad más intenso que el de mediados de 2020 pese a la masiva vacunación.

En India, la intensidad de la enfermedad ha llevado a ese país a prohibir la exportación de vacunas para priorizar su uso doméstico. Decisión que ha complicado los programas de inmunización que se estaban poniendo en marcha en el mundo en desarrollo y que ha casi paralizado los intentos de Naciones Unidas para mejorar el acceso de los países más pobres a esos fármacos mediante el mecanismo COVAX.

En todos los continentes se extiende la insatisfacción y la frustración social con los gobiernos y las políticas aplicadas hasta ahora debido a su incapacidad para estabilizar la situación. Es un momento muy difícil para gobernar en medio de tanta incertidumbre y malestar.

Es evidente que no hay recetas milagrosas, que incluso ciertos éxitos momentáneos pueden revertirse y que todas las políticas sanitarias aplicadas deben revisarse constantemente ante la aparición de nuevas variantes de la enfermedad y/o la imposibilidad social de sostener algunas medidas de contención. Las autoridades no pueden caer en ningún caso en la autosatisfacción y deben estar en todo momento listas para los peores escenarios.

Aunque hoy el panorama es oscuro, hay luz al final del túnel con una vacunación que, tarde o temprano, se irá acelerando. Pero el camino a la normalización es aún difícil y se precisa revisar constantemente las políticas aplicadas, corregirlas o incluso abandonarlas si ya no son efectivas. Pragmatismo, flexibilidad, prudencia y sobre todo autocrítica permanente son la única opción de los gobernantes para navegar en estos tiempos tan difíciles.

   

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