En una lista de 56 leyes estructurales, sólo 236 artículos son incompatibles con la Constitución Política del Estado (CPE), mientras que 656 deben ser sometidos a modificaciones para adecuarse al nuevo marco constitucional. El resto de los articulados, 4.226, son compatibles.
Este es el resultado de un estudio denominado Programa de Saneamiento Legislativo (PSL), desarrollado por la Vicepresidencia del Estado, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). El trabajo analizó 12.431 leyes, que se promulgaron entre 1825 y el 2009.
Entre las normas estudiadas están la Ley de Pensiones, que tiene 42 artículos incompatibles, el Código de Procedimiento Penal, 18, y la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, con cuatro artículos incompatibles a la Constitución, vigente desde febrero del 2009.
El coordinador del PSL, Reynaldo Irigoyen, explicó que el objetivo del trabajo es proporcionar a la Asamblea Legislativa Plurinacional información para que legisle con conocimiento exacto respecto a las leyes que debe derogar o abrogar.
«(Se busca que) la Asamblea Legislativa, cuando dicte sus nuevas leyes, se preocupe de derogar y abrogar leyes del pasado con absoluta precisión, para que no queden fórmulas abiertas y así se repare la falta de iniciativa legislativa de anteriores poderes legislativos», explicó.
El Código Penal, según el estudio, es la norma que más incompatibilidades presenta: 48. Por ejemplo, el artículo 25 es incompatible con el artículo 35 de la Constitución, ya que existe «una restricción que coarta el derecho de las mujeres a una atención integral, sea cual fuese la causa que originó malestar físico en la paciente, en tanto que el texto constitucional garantiza que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud».
Irigoyen informó que se logró seleccionar 56 leyes estructurales de las 12.431 recopiladas. «Se hizo un análisis artículo por artículo, de las 56 leyes con los artículos de la Constitución, determinando si es compatible con modificaciones o incompatible», dijo.
Un total de 656 artículos son incompatibles con el nuevo marco constitucional, por lo que deberían ser modificadas en la Asamblea.
Estudio a decretos
El Programa de Saneamiento Legislativo prevé sanear los decretos supremos en el país. Se estima que son más de 100.000.