Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Alan García, reactivaron el 19 de octubre el acuerdo de Ilo de 1992, que facilitó a los bolivianos una zona franca llamada Mar Bolivia y, a 17 kilómetros, el uso de un muelle peruano de 1.250 metros de largo por 47 de ancho, que sin embargo no se utiliza porque no tiene condiciones para el almacenamiento de carga.
El cónsul de Bolivia en Ilo, Eduardo Íñiguez, explicó que el acuerdo de octubre sólo garantiza facilidades para el uso de esa infraestructura, por lo que el Gobierno peruano —afirmó— es el que debe ocuparse de su potenciamiento.
«Es el Estado peruano el que tendría que invertir en el puerto, tiene que mejorarlo para que atraquen naves más grandes. Para que Bolivia utilice su puerto, lógicamente el Estado de ese país tiene que invertir mejorando su infraestructura portuaria», reiteró.
El punto 2 del Protocolo Complementario y Ampliatorio, firmado por Morales y García, prevé, justamente, que la expansión de la capacidad operativa del puerto, para el atraco de buques de gran calado, estará en función al incremento de la demanda de las exportaciones bolivianas. También «renueva las facilidades permanentes de libre tránsito que el Perú otorga a Bolivia en el puerto de Ilo, permitiéndole el acceso al océano Pacífico para su comercio exterior».
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, aseguró que Ilo podría constituirse en «un buen negocio a largo plazo», porque se requiere de entre tres a cinco años para consolidar una infraestructura atractiva para el comercio nacional.
Pou Mont sostiene que se necesita de al menos 400 millones de dólares para desarrollar el puerto y la infraestructura carretera y portuaria.
«Ilo es una buena alternativa, pero si se quiere que sea funcional para la carga boliviana hay que hacer las inversiones», afirmó. Añadió que la inversión debe ser del sector público.
Para Íñiguez, sin embargo, montar la infraestructura no tomaría más de un año y sólo se requeriría 10 millones de dólares que deberá desembolsar, insistió, el Gobierno peruano.
La Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) opera el puerto peruano facilitado a Bolivia. Su administrador, Francisco Fernández, explicó a La Razón el 20 de octubre que no se utiliza el muelle internacional porque carece de condiciones de almacenamiento de carga.
«Se tiene uno de los muelles más largos de Sudamérica, pero éste de- safío no sólo depende de la infraestructura sino también de la manufactura. Por ese puerto, si existen todos los elementos necesarios, pueden embarcar barcos de hasta 100.000 toneladas», explicó Jorge Mendoza, alcalde del municipio de Ilo, ese 20 de octubre.
Hoy, gran parte del comercio nacional pasa por los puertos chilenos de Iquique y Arica. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, coincidió con Pou Mont en señalar que para convertir a Ilo en un alternativa frente a los puertos chilenos se debe invertir en infraestructura.
«Hay que hacer inversiones; se hablaba de un monto de 800 millones de dólares. Las expectativas que se comentaron con el propio Gobierno para consolidar esa infraestructura son de cinco años», recordó el empresario.
Por el convenio suscrito en octubre se concedió también a Bolivia una zona franca industrial y comercial. El gerente general de la Cámara Nacional de Industria, Fernando Hinojosa, dijo que el municipio de Ilo, como mercado, no es significativo, aunque «no deja de constituirse en una opción potencial para que determinadas ramas de la producción se localicen en esa zona costera, donde se ha concedido una zona franca industrial».
La guerra del pacífico de 1879
– Chile arrebató a Bolivia su acceso soberano a las costas del Pacífico en la guerra de 1879. Desde entonces reivindica su derecho de retornar al mar. Ambos países perfilaron una agenda de 13 puntos, donde está la temática del mar.
El renovado acuerdo de Ilo
– El Protocolo Complementario y Ampliatorio del convenio de Ilo de 1992, firmado por los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Alan García, refiere en el punto 3) el establecimiento de una zona franca industrial económica especial en Ilo por 99 años a favor de Bolivia.
«Se renueva, amplía por 99 años la zona franca industrial concebida en 1992 y que se transforma en una zona franca industrial y económica especial donde podrán instalar industrias bolivianas para el mercado externo y donde las exportaciones e importaciones bolivianas contarán con depósitos francos para almacenamiento de su carga».
Esta zona recibió en 1992 el nombre de Boliviamar. Desde el convenio firmado en octubre pasa a denominarse MarBolivia. El punto 4) establece una renovación y ampliación por 99 años de esa área.
Se trata de una «zona franca turística en Ilo en la que se podrá construir un muelle deportivo y de pesca. Se amplía el área de la zona franca turística concebida en 1992 de dos kilómetros cuadrados a 3.58 kilómetros cuadrados la que se denominará MarBolivia. Se prevé que capitales bolivianos construyan en la zona un muelle con uso recreacional y de pesca».
También existirá cooperación entre marinas de guerra.