Antezana y Méndez autorizaron desactivar misiles, según informes
Detalles. Según informes castrenses, el armamento estaba obsoleto y era peligroso
El general Marcelo Antezana, cuando era comandante general del Ejército, y Gonzalo Méndez, ministro de Defensa en el gobierno de Eduardo Rodríguez, ordenaron desactivar los misiles chinos. El almirante Marco Justiniano, en ese entonces comandante de las FFAA, sabía de las operaciones.
La tarea fue realizada por especialistas militares estadounidenses, a solicitud de Bolivia. Las revelaciones se encuentran en informes castrenses a cuyas copias accedió La Razón. Uno de los documentos fue enviado por Antezana a Justiniano el 14 de diciembre del 2005 y otro fue remitido a Antezana el 10 de enero del 2006 por el entonces jefe del Departamento IV del Estado Mayor Operativo del Ejército (EMO), el general D.T.V.
Esos dos escritos detallan lo ocurrido con 30 misiles tierra aire HN-5A de fabricación china que adquirió Bolivia y que fueron desactivados debido a que, según el informe del 14 de diciembre del 2005, su vida útil había finalizado y su custodia era un peligro por su poder explosivo y por el riesgo de que fuesen robados.
«Por orden del señor ministro de Defensa y (del) Comandante en Jefe de las FFAA, el personal técnico especialista del Ejército de EEUU determinó la caducidad de la vida útil de este material; por lo cual se comprometieron a realizar todos los trámites (…) para prestarnos la colaboración en la desactivación», indica Antezana en el documento remitido a Justiniano.
El escrito del 10 de enero del 2006 establece que «la Embajada de EEUU realizó los trámites ante el Ministerio de Defensa para el recojo y desactivación de este material (misiles)».
La disposición «era orden del escalón superior» y la conocían «tanto el comandante en jefe (Justiniano) y eran instrucciones del Ministro (Gonzalo Méndez) y del nivel político; que debía cumplirse». Un informe anterior, enviado el 29 de julio del 2005 por el Inspector General del Ejército a Antezana, ya había indicado que parte del material bélico en el depósito del Departamento IV de EMO era obsoleto y representaba un peligro.
Al mes siguiente, el 15 de agosto, el Plan Triple del Comando General del Ejército —estrategia para precautelar la seguridad del personal y de las instalaciones del Ejército— detalló los pasos para desactivar y destruir el armamento obsoleto de unidades castrenses, entre ellos, los HN-5.
Los misiles fueron trasladados de unidades en diversas oportunidades. Un informe del 30 de septiembre del 2005, del jefe de la Subsección de Armamento del Comando General, teniente coronel C.V.M., y enviado a Antezana, señala que fueron llevados a Santa Cruz el 4 de enero del 2004 por orden del comandante general de ese entonces, César López, y retornaron a La Paz el 6 de junio.
Especialistas de la embajada habían revisado el armamento el 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, quien dijo el martes que su versión estaba en su libro Presidencia sitiada, donde explica que el desmantelamiento fue una consecuencia de nombrar a Antezana como comandante y que EEUU había solicitado que se entregara el armamento en el marco de su lucha antiterrorismo, ya que temía que fuese robado por insurgentes.
Desactivación. La ejecución del Plan Triple fue autorizado por Antezana en la Resolución Nº 33/05 del 15 de agosto y por la Resolución del Comando en Jefe Nº 1203/05, del 21 de noviembre del 2005, firmada por Justiniano, que además instruye «contratar personal técnico idóneo, nacional o extranjero, para las tareas».
Antezana en varios documentos reconoció que el Ejército no tenía capacidad para la desactivación y que se necesitaba apoyo de EEUU.
Otro de los escritos fue una resolución del 26 de septiembre del 2005, firmada por Antezana, que autoriza a la Inspectoría General del Ejército pedir apoyo al Comando Sur del Ejército de EEUU «para que realice la demolición del material de guerra de alto poder explosivo obsoleto que se encuentra en Viacha».
Ya en el informe del 14 de diciembre, el Comandante General había señalado que «el Ministerio de Defensa, a requerimiento del Ejército, pidió el apoyo al Grupo Militar, para que personal especialista colabore con la desactivación o demolición».
En su informe de enero del 2006, el general D.T.V. dijo que tenía la orden de informar a Antezana, vía teléfono, de los procedimientos. Por eso, el 1 de octubre a las 22.30, luego que el Comandante General había retornado a La Paz, le informó los detalles y recibió la autorización para proceder.
«El sábado (…) habiendo arribado su persona a la ciudad, pude contactarme con usted por teléfono (…) y además informarle de las órdenes que había recibido para ejecutar el domingo; a lo que me autorizó que proceda con la disposición».
Así, el 2 de octubre del 2005, seis oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia y el coronel William Rushing, agregado de Defensa de EEUU, y otros dos militares de ese país se reunieron en los depósitos del Material Bélico del IV EMO, donde se entregó «la totalidad de los misiles» al personal estadounidense «para que sean trasladados a los depósitos de El Alto».
La Razón habló ayer con Antezana, quien dijo que no está incluido en el proceso que se sigue a ex autoridades por el caso misiles y dijo que fue «absuelto». El sábado, medios informaron que el general criticó al Gobierno de EEUU por, según él, dar asilo político a Méndez.
El ex embajador de EEUU, David Greenlee, en una entrevista con la Asociación de Estudios Diplomáticos de su país, reveló que el Alto Mando boliviano de ese entonces conocía de la entrega de los misiles, pero no así Rodríguez Veltzé .
Este martes, el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo estar «seguro de que Antezana es responsable de la entrega de los misiles a EEUU en su calidad de Comandante General del Ejército».
No está incluido en el proceso
La Fiscalía General certificó que el general Marcelo Antezana no ha sido incluido en el juicio de responsabilidades seguido por el Ministerio Público contra el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y otros ex funcionarios por delitos de traición a la patria, entre otros, debido al desarme de los misiles. Sin embargo, el fiscal Milton Mendoza, quien investiga el caso, dijo que «sin duda será convocado» a declarar.