Situada en el altiplano boliviano, a 4.000 metros de altura y a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, Chonchocoro es una cárcel de alta seguridad a la que son remitidos los condenados por delitos como asesinato.
El defensor del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, reveló que se conoce de al menos tres grupos de poder, entre ellos los formados por el ex policía Blas Valencia (encarcelado por el caso Prosegur), los condenados a 30 años de cárcel y los extranjeros, principalmente peruanos.
Desde su apertura en 1992, en el penal de máxima seguridad al menos 20 internos murieron, de los cuales sólo dos habrían fallecido por muerte natural. Uno de los últimos casos, ocurrido el 24 de noviembre, fue el de Carlos Junco, asesinado por impactos de arma de fuego.
«La mayoría de los casos de asesinato se han dado por conflictos de poder», sostiene Hidalgo, quien añade que el control sobre el comedor es otro factor de pugna. Los que tienen el poder se hacen del comedor, que les permite disponer del menú y del dinero de los pre diarios para la alimentación de los reclusos.
«Tener privilegios les permite extorsionar a otros internos, sacar dinero. Hay amenazas contra reos y eso sólo pueden hacer aquellos que saben que son superiores», relató.
En marzo, Erbol publicó las declaraciones de un reo que denunciaba los conflictos. «Casi la totalidad de los internos seguimos viviendo con el Jesús en la boca, amedrentados por el grupo armado del ex coronel Blas Valencia, Sergio Frías, Jaime Gutiérrez, Juan de Dios Villalobos (los Cantumarca) que todavía tienen armas de fuego escondidas», afirmó.
El abogado Pablo Oswaldo Justiniano, quien cumplió tres años de reclusión en Chonchocoro (1995-1998), recordó que en ese entonces uno de los grupos de poder era liderado por el peruano Martín Cerna Ponce y otros de nacionalidad brasileña y colombiana.
El dominio de sitios como la cocina es vital, porque por allí se filtrarían armas, drogas y otros. «Estos grupos deciden a quién se ajusticia, a quién se cobra y a quién se apalea. Y como hay la ley del silencio, nadie sabe absolutamente nada», afirmó Justiniano, según el cual esa situación no cambió.
Entre los hechos más violentos en Chonchocoro figuran la muerte a tiros de Danilo Vargas Portugal, El Fantasma, el 2007 y de Alberto Avaroa Rubín de Celis, El Petas, victimado el 2009. Ambas muertes habrían sido ordenadas por el ex coronel Valencia, quien, según Hidalgo, en algún momento también temió por su vida debido a la violencia que generó en la cárcel.
«En el penal, muchas veces se hace correr el rumor de que alguien va a morir y, en esos casos, las personas que se enteran se aíslan. Aseguran la puerta de sus celdas con los candados que ellos manejan. Hay amenazas, ¡me pagas tanto!, o te va a pasar algo», relató el Defensor de El Alto.
Para el juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rafael Alcón, encargado del caso Junco, es necesario mejorar la seguridad para evitar la formación de los grupos de poder en la cárcel. «Se debe especializar a los policías, necesitamos peritos en criminalística».
Otro de los casos llamativos en Chonchocoro es el de la explosión de una granada. En marzo, tres grupos se disputaban el control de la cárcel y en esas pugnas llegaron al extremo de la explosión.
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Freddy Hinojosa, afirmó que no conoce de la existencia de grupos de poder, pero dijo que mejorarán la seguridad en este recinto carcelario.
Chonchocoro es «un mundo de mucho cuidado», resumió el Defensor del Pueblo de El Alto.
Violencia provoca destitución
Dos gobernadores del penal de Chonchocoro fueron destituidos en lo que va de este año. El coronel Gilmar Oblitas fue separado del cargo en marzo, como consecuencia de la explosión de una granada de guerra en el centro carcelario. En ese entonces, también se cambió de destino a los policías asignados al penal. En noviembre fue destituido el gobernador Hernán Ramírez, tras el crimen de Carlos Junco.
Gestionan más apoyo
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Freddy Hinojosa, informó que la falta de equipos no permite ejercer un mejor control en los centros penitenciarios del país. El 24 de noviembre, el reo Carlos Junco, de nacionalidad peruana, fue asesinado en Chonchocoro por otro reo con un arma de fuego 9 milímetros.
«El personal de seguridad tiene limitaciones, se ha hecho los requerimientos y el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Régimen Penitenciario, está haciendo que se pueda implementar en los centros penitenciarios equipos de control y requisa, como detectores de metales, tal como existen en aeropuertos, y paletas de seguridad electrónica para requisa de las visitas», informó.
Según Hinojosa, en la actualidad, la requisa y el control de los visitantes a los centros penitenciarios se lo hace de forma manual.
Al menos 1.500 policías son destinados al control de las cárceles en el país, que albergan a cerca de 8.000 presos. Las cárceles más pobladas son San Pedro en La Paz (1.600), El Abra en Cochabamba (1.500) y Palmasola en Santa Cruz (1.600).
El Director de Seguridad Penitenciaria afirmó que los efectivos policiales que custodian las cárceles del país son especializados en seguridad penitenciaría y física.
Hinojosa informó que se perfila contar con nueva infraestructura carcelaria, entre ellas en Viacha, donde serán recluidos aquellos presos de entre 17 y 25 años.