Nacional

jueves 19 may 2022 | Actualizado a 08:34

Quieren a Mesa en el juicio por los misiles

Proceso. La Comisión de Defensa, solicitará, además, incorporar a Antezana

Por La Razón

/ 8 de diciembre de 2010 / 05:00

La Comisión de Defensa de Diputados solicitará al Ministerio Público incluir en el juicio de responsabilidades por el caso de misiles chinos al ex presidente Carlos Mesa, informó el representante de esta instancia legislativa, Lucio Marca (MAS).

«Es un ex presidente y se puede incluir su nombre, aunque nuestro Código de Procedimiento Penal establece que el plazo de acusación es de tres años y eso ya pasó, pero existe una sentencia constitucional del año 2007 donde en determinadas situaciones se permite la acusación», subrayó.

Enfatizó que «se autorizarán todos los juicios de responsabilidades, ya que varias ex autoridades no pueden quedar impunes ante sus actos».

El fiscal del caso, Milton Mendoza, certificó que Mesa no fue incluido en el juicio de responsabilidades seguido contra el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez y el ex comandante de las FFAA Marco Antonio Justiniano, por delitos de traición a la patria, entre otros.

Agregó, sin embargo, según ANF, que la Fiscalía está «atada de pies y manos», ya que el proceso está pendiente y debe ser autorizado por el Legislativo.

El ex presidente dijo ayer por teléfono a La Razón que no se referirá al tema. El 1 de diciembre, este medio reveló que funcionarios de la Embajada de EEUU inspeccionaron los misiles HN-5A durante el gobierno de Mesa, según un informe del Comando General del Ejército del 2005.

Antezana. En la nota se indica además que el ex presidente señaló que su versión está en su libro Presidencia sitiada, donde comenta que  la consecuencia de nombrar al general Marcelo Antezana como comandante general del Ejército fue «el desafortunado episodio del desmantelamiento de los misiles».

Recordó que EEUU pidió «que entregásemos todos los misiles para su destrucción», indicando que tenerlos era riesgoso para su seguridad. Se decidió que «si la embajada quería los misiles tenía que darnos a cambio un número equivalente con base fija o con base en camiones». La respuesta no llegó.

Marca agregó ayer que también se solicitará ampliar la acusación al general Antezana y a otras ex autoridades. La semana pasada, el fiscal Mendoza indicó que el ex comandante general «sin duda será llamado a declarar».

Ayer, Antezana volvió a criticar las noticias, basadas en documentos castrenses, que lo relacionan con el desarme. «Todos los medios están en el campo de la especulación (…). Yo me sujeto al debido proceso, al fallo de la justicia y si vuelvo a ser convocado (…) me voy a hacer presente», remarcó, según la agencia ABI.

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¿Continuidad de Nadia?

El caso de la Defensoría es parte de un propósito mayor de fortalecimiento de la institucionalidad en el país.

Por La Razón

/ 18 de mayo de 2022 / 03:04

Si las bancadas del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional no logran un acuerdo para la designación del nuevo titular en la Defensoría del Pueblo, parece que se mantendrá el interinato de Nadia Cruz. Luego de tres intentos fallidos, no hay dos tercios de votos. Este miércoles se reinstala la sesión, sin disponibilidad evidente de concertar.

El proceso de elección, selección y designación de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo titular, realizado hasta el momento conforme a ley, podría estancarse o naufragar por la falta de acuerdos entre el MAS-IPSP y los opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Este desencuentro político, salpicado de capricho y discursos pomposos, ha impedido conseguir la mayoría especial requerida para la designación entre los siete postulantes seleccionados en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea.

Más allá de sus causas, ya abordadas en este espacio, la falta de voluntad política para alcanzar los dos tercios tiene efectos, que es importante analizar. Al respecto, debe señalarse que este “empantanamiento” resulta deplorable, sobre todo porque responde a mezquindades y hasta caprichos. Ahí está, por ejemplo, la actitud de asambleístas de Creemos que se retiraron de una reunión de diálogo convocada por el vicepresidente Choquehuanca porque querían estar tres en lugar de los dos jefes de bancada.

Si no hay disponibilidad de concurrir a un espacio de diálogo, menos la habrá para concertar una salida que preserve la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Las posiciones hasta ahora son evidentes: el MAS-IPSP ha cerrado filas en torno a un postulante (acusado de masista), lo propio hizo Comunidad Ciudadana al optar por una postulante (vinculada con la oposición), y Creemos se queda en la nulidad absoluta. En esas condiciones, ¿serán capaces de llegar a un acuerdo que no sea patear el tablero?

Luego de tres votaciones fallidas, es ciertamente inútil ir a una nueva votación en la Asamblea sin haber acordado y garantizado previamente la mayoría especial requerida. El país no merece esos espectáculos de trinchera. La consecuencia es clara: el proceso quedará pendiente, sin designación, lo que implica la continuidad en el cargo de la actual defensora interina, Nadia Cruz. Así lo establece con claridad la Ley 870 del Defensor del Pueblo. A no ser que se nombre otro interinato, que sería peor.

El caso de la Defensoría del Pueblo es parte de un propósito mayor de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Más allá de la evaluación que se tenga de los actuales interinatos extendidos, necesitamos autoridades titulares, probas, capaces e independientes en todos los cargos fundamentales del Estado Plurinacional. Hasta ahora los actores políticos, con predominio de discursos de polarización, no han estado a la altura para afrontar este desafío. Hoy el país estará atento a lo que nos tienen que decir.

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Respirar teatro

Durante los últimos 10 días se organizaron 67 actividades relacionadas con las artes escénicas.

Por La Razón

/ 16 de mayo de 2022 / 01:02

Luego de 10 intensas jornadas, ayer ha terminado la 13ª versión del Festival Internacional de Teatro de La Paz (Fitaz), un encuentro con las artes dramáticas que no solo sitúa a la ciudad sede de gobierno en el radar de artistas y críticos, sino también reconecta a la población con una de las formas más antiguas de las artes del espectáculo en Occidente.

No solo eso: el festival no se había realizado de manera presencial desde hace años, antes incluso del inicio de la pandemia por el COVID-19. La falta de apoyo de las instituciones públicas y de auspicios suficientes de las privadas hicieron cuesta arriba el camino de las personas que año tras año desde 1999 se dedican a reunir en los escenarios paceños a artistas de varios países con el público.

En total, durante los últimos 10 días se organizaron 67 actividades relacionadas con las artes escénicas, incluyendo, por supuesto, puestas en escena de obras para adultos, para niños y niñas, e incluso para públicos virtuales, aprovechando las nuevas tecnologías, además de espacios de formación, de intercambio entre artistas y gestores culturales, talleres y foros.

Numerosas reseñas publicadas en diversos medios, incluyendo la crítica diaria que encontró espacio en las páginas de la sección Cultura de LA RAZÓN, dan cuenta no solo de un evento que resultó exitoso por la calidad de las presentaciones y artistas llegados de otras ciudades del país y del extranjero, sino también por la respuesta del público, que en gran parte de las presentaciones volteó la taquilla incluso días antes de la función.

Previsiblemente, todos los géneros teatrales fueron representados en las tablas, pero también en calles y plazas y otros espacios no convencionales, como las pantallas de las computadoras en las funciones virtuales, una innovación que mucho le debe a los dos años de pandemia que el mundo entero lleva tolerando.

Inevitablemente, la crítica social fue parte de la oferta de espectáculos: desde la obra Palmasola, que de un modo valiente y atrevido pone ante las y los espectadores la vida cotidiana de una de las cárceles más conflictivas del país, pasando por Si nos permiten hablar, homenaje al legado de Domitila Barrios de Chungara, que es más que solo testimonio de un momento trascendental de la historia boliviana, hasta El divino anticristo, obra chilena que pone en escena las miserias y grandezas de los desplazados por la sociedad del vecino país.

Gestores culturales, dramaturgos, actores y actrices y toda clase de teatristas tuvieron ocasión de encontrarse, conocerse e intercambiar información y conocimiento respecto de su pasión y arte, ese que desde hace milenios encanta, sorprende y extraña a los públicos de todo el mundo, que buscan en el espectáculo teatral historias que ora muestran facetas poco vistas de la vida cotidiana, ora representan sorprendentes aventuras históricas o fantásticas. Durante 10 días los habitantes de La Paz respiraron teatro, y es deseable que tan positiva experiencia anual nunca más deje de repetirse.

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Un año opaco

Hay legitimidad de origen, pero la legitimidad de rendimiento es todavía incierta.

Por La Razón

/ 15 de mayo de 2022 / 00:38

Si bien no es posible hacer un balance del desempeño de todos y cada uno de los actuales gobiernos en las entidades territoriales autónomas del país, en general predomina la sensación de un primer año más bien opaco. Cierto que las condiciones socioeconómicas y financieras son difíciles, pero hay serios límites en la gestión pública del nivel subnacional. Quedan cuatro años.

Las elecciones departamentales, regionales y municipales de marzo y abril de 2021 permitieron renovar la legitimidad en las urnas de gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Concluyó así un año de prórroga en el mandato de las anteriores autoridades. El inicio de gestión ha sido complejo, en especial por los efectos de la crisis político-institucional del 2019-2020 y la persistente pandemia del COVID-19. Hay legitimidad de origen, entonces, pero la legitimidad de rendimiento es todavía incierta.

No hay suficientes datos ni diagnósticos para evaluar el curso de la gestión en las nueve gobernaciones y más de 300 gobiernos locales, pero diferentes percepciones de opinión pública, en especial en las ciudades capitales, muestran que hay más crítica y desencanto que conformidad o expectativa. Es evidente que un año es todavía poco tiempo para calificar una gestión, pero pueden observarse algunas señales y tendencias. Hay muchas necesidades y demandas, en tanto que los recursos son escasos.

En el caso de los gobiernos departamentales, en este primer año hubo controversia y cuestionamientos en especial en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Las críticas tienen que ver con inacción, pocos resultados, decisiones polémicas, denuncias de corrupción y hasta consumo de bebidas alcohólicas en las oficinas. En otros casos, como Beni y Cochabamba, se registraron más bien algunos esfuerzos de gestión concertada. Nada de esto puede generalizarse, pero expresa diferencias de estilo y, quizás, de itinerarios.

Algo similar ocurre en los municipios de las ciudades capitales y El Alto. En algunos casos, el apoyo recibido por alcaldes y alcaldesas en las urnas, con alta votación, empieza a erosionarse por el natural desgaste en la gestión, errores propios y disputas en los concejos municipales. Influye también el hecho común de que los equipos profesionales y técnicos fueron casi completamente desmantelados para distribuir cargos entre los partidarios. Es un rito conocido también en el nivel central del Estado.

Mención especial merece la gestión del alcalde Iván Arias, exministro de Áñez. Hay miradas opuestas. Sus acólitos sostienen que es un alcalde “en movimiento”, aunque deben admitir que, por el momento, “la evaluación no puede ser exitosa” (sic). Sus adversarios, en tanto, advierten sobre una acelerada descomposición en el gobierno municipal paceño, carente de horizonte estratégico. Igual quedan cuatro años de gestión para todas las autoridades electas, con escala en el periodo de revocatoria a fines de 2023.

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Inseguridad y tragedia

Es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción.

Por La Razón

/ 14 de mayo de 2022 / 02:02

La caída de un talud en la zona Sur de la ciudad de La Paz es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción. No se trata solo de posible falta de cuidados suficientes de los obreros que allí trabajaban, pues ellos son las víctimas, sino sobre todo de la irresponsabilidad de los constructores y la lenidad de autoridades municipales.

Ocurrió el jueves a media tarde: de manera inesperada miles de toneladas de tierra de un talud en la zona de La Florida se desprendieron a causa de la remoción de tierra para la construcción de lo que debía ser un edificio de viviendas multifamiliar. Tres obreros quedaron enterrados, uno de ellos fue rescatado y los cuerpos de los otros dos fueron recuperados ayer.

El Secretario Municipal de Riesgos explicó que “aproximadamente en marzo se evidenció que la empresa propietaria o constructora estaba haciendo movimiento de tierra, se hicieron las notificaciones correspondientes para que suspendan los trabajos, pero consiguieron una autorización de Palca y siguieron con la construcción”. Pero la Alcaldía de Palca negó ello.

No obstante, se trata de un modus operandi ya habitual en la ciudad: prácticamente todas las obras que son observadas en el gobierno municipal paceño buscan y obtienen permisos en el de Palca. Se trata de una de las varias peleas por límites que afronta el municipio de La Paz con sus vecinos desde hace ya demasiados años sin que las autoridades nacionales y departamentales hayan mostrado la mínima voluntad de resolver, incluso a pesar de leyes que establecen claramente el procedimiento para resolver este tipo de diferendos. Están en juego no solo la jurisdicción territorial y las transferencias por coparticipación según tamaño de población, sino también pingües negocios por los permisos de construcción.

En el esquema participan arquitectos, ingenieros y constructores que, ora cansados de las trabas burocráticas, ora deseosos de evitarse los controles y restricciones impuestos por la norma municipal paceña, han descubierto que los gobiernos municipales vecinos, especialmente el de Palca, dan curso a cualquier solicitud sin más requisitos que el pago de las patentes y, en no pocos casos, discretos sobornos a funcionarios codiciosos. El resultado es la completa precariedad en la ejecución de las obras y la total ausencia de las autoridades municipales en accidentes como el que aquí se comenta, dejando el costo, humano y financiero, para el municipio paceño.

Resulta, pues, inaceptable la impunidad que casos como éste producen, ya que ni las autoridades ni los ingenieros y constructores son indagados, ni mucho menos sancionados, por la irresponsabilidad con que actúan. Quienes invariablemente pierden son los obreros afectados y sus familias, y la ciudad sede de gobierno, que se ha convertido en territorio en disputa y en tierra de nadie a la hora de aplicar la norma. Urge resolver este problema que tantas vidas cuesta.

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Indignación pasajera

El problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio.

Por La Razón

/ 13 de mayo de 2022 / 02:07

Otra vez el país está de duelo por un hecho injustificable. La muerte de cuatro estudiantes universitarias en una asamblea es una señal de la crisis de esas instituciones. Es lamentable que un episodio que debería llevarnos a una evaluación serena del problema y una proyección de sus soluciones termine siendo politizado y sirva para expresar indignaciones de corto plazo sin resultados concretos para el conjunto de la sociedad.

Ya es usual que cada vez que sucede un hecho trágico, durante los días posteriores se produce una acumulación de lamentos, evaluaciones en urgencia sobre un problema que parece que recién apareció, búsqueda de culpables, reales o hipotéticos, o declaraciones contaminadas de hipocresía y oportunismo político. Se habla y se polemiza en los medios masivos de comunicación; sin embargo, pasados unos días, todo vuelve a la “normalidad” y pasamos a otro tema, hasta el próximo escándalo público.

El trágico fallecimiento de cuatro estudiantes y las decenas de heridos que se produjeron en la Universidad Autónoma Tomas Frías en Potosí debido a un acto delincuencial en una asamblea estudiantil, se suma a varios otros eventos graves que vienen manchando a las universidades públicas.

En marzo del año pasado, ya ocho estudiantes perdieron la vida debido a un accidente relacionado a peleas en una asamblea en la Universidad Pública de El Alto. Todos lamentaron el hecho, durante días se habló de la irresponsabilidad de los dirigentes y la lenidad de las autoridades; se planteó la urgencia de una reinstitucionalización y saneamiento de su gobernanza. Un año después, no hay visos de que se haya avanzado algo en ese sentido.

Lo cierto es que la degradación de la vida política en las universidades públicas es una realidad inocultable desde hace más de dos decenios, agravada por una desideologización que hace que los conflictos por los puestos en ese ámbito no sean entre corrientes políticas, sino entre grupos de poder que los generan en el marco de la pugna por los recursos e influencia que se ejerce desde ellos. El traspaso de recursos del IDH a los centros de estudiantes solo ha agravado ese mal endémico.

Por tanto, el problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio, que un día pueden ser oficialistas y en otro pueden ser punta de lanza de los opositores. En muchos casos el objetivo es mantenerse eternamente en sus puestos dirigenciales.

Aquí está el problema de fondo y tiene que ver con la distorsión de una autonomía y un sistema de gobernanza que fueron diseñados para aislar y proteger a esos centros de formación del control autoritario del Estado o de los partidos políticos, pero que se han transformado, en muchos casos, en una manera de evadir los controles y no rendir cuentas a la comunidad sobre la manera cómo se usan los recursos que todos les damos mediante nuestros impuestos.

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