La Asamblea de Santa Cruz terminó enfrentándose con el oficialismo en la Asamblea Legislativa, por aprobar una ley que, a diferencia de la Ley de Autonomías, condiciona la suspensión del gobernador a una sentencia ejecutoriada. El Gobierno abrió la posibilidad de enjuiciar a los que aprobaron.
El presidente en ejercicio, Álvaro García, aseguró que el contenido de la ley aprobada en la Asamblea Departamental de Santa Cruz no se enmarca en las competencias legislativas de las autonomías departamentales, por lo que esa disposición no tiene validez y podría generar una acción legal.
«Lo que sí hay que ver es que si la Asamblea Legislativa Plurinacional enjuicia o inicia algún tipo de acción jurídica (por la aprobación de esa norma); eso está por verse, lo vamos a estudiar en los siguientes días y, si corresponde, haremos (el proceso)», afirmó en una conferencia de prensa.
Los asambleístas departamentales del partido del gobernador Rubén Costas y sus aliados aprobaron una ley que establece que la suspensión del Gobernador y de los asambleístas sólo correrá cuando se dicte sentencia ejecutoriada. Esta disposición es contraria a la Ley de Autonomías, que condiciona la suspensión temporal del Gobernador a sola acusación fiscal.
El vicepresidente de la asamblea cruceña, Alcides Vargas, defendió la norma aprobada y aseguró que se enmarca en la Constitución Política del Estado y la propia Ley Marco de Autonomías, que permite —recordó— legislar para el ámbito departamental.
Para Vargas, si persisten las discrepancias sobre esta iniciativa legislativa departamental, el caso debe dilucidarse en el Tribunal Constitucional, que, de acuerdo con las previsiones del Tribunal Supremo Electoral, tendrá a sus nuevos miembros elegidos el segundo semestre del 2011.
El asambleísta departamental del MAS, Edwin Muñoz, aseguró que la ley aprobada el 1 de diciembre tiene el objetivo de proteger a Costas, quien enfrenta al menos tres demandas.
El Gobernador cruceño tiene un proceso por malversar 30 millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en el referéndum autonómico del 2008. García y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, también denunciaron a la autoridad por el delito de desacato.
«La bancada oficialista (del partido de Costas) ha aprobado esa ley con 14 votos. El objetivo que tiene es distraer y proteger a algunas autoridades que ya están procesadas y que están a las puertas de una acusación formal (para su suspensión)», expresó Muñoz.
El artículo 69 de la Ley de Autonomías refiere que los conflictos de asignación, transferencia, delegación o ejercicio de competencias que se susciten entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, o entre éstas, podrán resolverse por la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías. De no prosperar esta vía, el caso debe sustanciarse en el Tribunal Constitucional.
La Constitución prevé la vigencia de autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales. La autonomía departamental tiene la facultad de legislar. En opinión de García, la organización del nuevo Estado es compleja y provocará diferencias.
«Cuando se constituyen niveles de gobierno complejos, con facultades legislativas, siempre va a haber algún tipo de cruce de decisiones, aunque la Constitución es muy clara (en cuanto a competencias)», explicó. El Mandatario en ejercicio insistió en que la ley departamental no tiene valor legal, por lo tanto, afirmó, no tendrá ningún efecto político.
Juicios a Suárez y Cossío
Los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, también enfrentan procesos legales que podrían derivar en la suspensión del cargo. Cossío tiene más de una veintena de procesos por un daño económico de más de 39 millones de dólares.
Opinión
Carlos Cordero
‘Se presentará un conflicto jurídico’
De alguna manera (la ley cruceña) intenta colocar una especie de protección a las autoridades electas por el voto popular e impedir que por intereses políticos o del Gobierno —recurriendo a los mecanismos de la justicia— se pueda remover del cargo a autoridades electas. Es una disposición que nace en función a acciones que han ocurrido en el pasado, donde por simples acusaciones, a través de un fiscal, han suspendido a autoridades electas.
Seguramente esta decisión (de la Asamblea cruceña) va a generar un mayor tensionamiento y distancia entre el Gobierno central y algunos departamentos, que serán inmediatamente relacionados con intentos de proteger la corrupción y, por el otro lado, las asambleas defenderán sus decisiones amparadas en la autonomía.
Se va a presentar una controversia jurídica y un escenario de conflicto. Será un nuevo elemento de tensión y habrá que ver cómo la fuerza gubernamental termina por imponerse o si existe alguna resistencia desde las regiones.