El MAS y Poder Autonómico Nacional (PAN) decidieron efectivizar en la Asamblea Legislativa tarijeña la suspensión temporal de Mario Cossío. El primer Gobernador electo que dejaría el cargo debido a una acusación formal de la Fiscalía, denuncia un «golpe de Estado».
El secretario de la Asamblea Legislativa Departamental tarijeña, José Amás, quien pertenece a PAN, aseguró ayer que la suspensión de Cossío es inminente. «Vamos a cumplir a cabalidad la suspensión del Gobernador e inmediatamente, en la misma sesión, vamos a designar al sustituto. Eso es inminente pues no podemos cambiar lo que dicta la ley», declaró.
Aunque la presidenta de la Asamblea tarijeña, Aloida Vilte (MAS), negó la existencia de un acuerdo previo entre el MAS y PAN para determinar la suspensión de Cossío, dijo que ambos partidos «siempre han estado trabajando juntos como alianza y en esto vamos a continuar».
En la línea de Amás, el asambleísta Marcelo Poma (MAS) indicó que la suspensión temporal de Cossío es inminente pues «la normativa indica ello».
La decisión de suspender a Cossío debe adoptarse por mayoría absoluta de la Asamblea departamental. Esto significa que 16 asambleístas de un total de 30, con los que cuenta esta instancia, deben votar a favor del alejamiento del Gobernador tarijeño. El MAS cuenta con 11 asambleístas, mientras que el PAN tiene cinco; el partido de Cossío, 11 y los representantes indígenas son tres.
El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías establece que los gobernadores, entre otras autoridades electas, «podrán ser suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra Acusación Formal».
Hoy a las 15.00 se reunirá la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija para conocer la acusación formal presentada en contra de Cossío por el fiscal Gilbert Muñoz. La autoridad del Ministerio Público sindicó a Cossío de cometer los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Supuestamente, durante la gestión 2006, el entonces prefecto no habría ejecutado una póliza de garantía ante el incumplimiento de contrato por parte de la empresa Imbolsur para la adquisición de cemento asfáltico destinado a la carretera Puerta El Chaco-Canaletas.
Cossío negó su participación en el contrato con la empresa Imbolsur. Argumentó que el Servicio Departamental de Caminos de Tarija (Sedeca), «una entidad desconcentrada», realizó la licitación para la provisión de cemento asfáltico. Cuando se evidenció el incumplimiento del contrato por parte de Imbolsur, el Sedeca instruyó el cobro de la boleta de garantía que ascendía a más de un millón de bolivianos, explicó.
Mario Cossío aseguró que entonces, en su calidad de prefecto de Tarija, instruyó un recurso jerárquico en el tiempo establecido por ley (90 días) que indicaba que la unidad jurídica del Sedeca procese la disolución del contrato con Imbolsur y se encargue del seguimiento a la ejecución de las boletas de garantía.
El Gobernador tarijeño reiteró ayer que su participación en el caso se enmarcó en la legalidad y que el MAS y el Gobierno central actúan para desestabilizar e interrumpir su gestión en la Gobernación tarijeña.
«Es un plan de derrocamiento de un gobierno autónomo constituido de manera democrática y del derrocamiento del primer Gobernador electo por voto popular. Y para ese derrocamiento se instrumentaliza a la justicia con operadores políticos dirigentes del partido de Gobierno», indicó Mario Cossío ayer en declaraciones a radio Erbol.
La autoridad recordó que el mes de noviembre, el senador opositor Luis Pedraza (Convergencia Nacional) dio a conocer, mediante grabaciones a asambleístas departamentales y ministros, que el MAS habría planeado «desestabilizar» el gobierno departamental tarijeño «jactándose de manejar fiscales y jueces».
Barajan posibles sucesores
El asambleísta René Valdez, de Camino al Cambio, partido del Gobernador de Tarija, dijo que se conoce «extraoficialmente» que los asambleístas Marcelo Poma y Lino Condori, ambos del MAS, se perfilan para suceder en el cargo a Mario Cossío, sin embargo, Poma dijo que «depende del consenso».
Gobierno niega que haya ‘persecución’
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, negó ayer que exista una persecución política hacia el gobernador tarijeño, Mario Cossío. «No hay una acción conspirativa, no hay ninguna persecución política, hay procesos judiciales», dijo.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización estipula en su artículo número 145 que, una vez que se cuente con una acusación formal en contra de una autoridad electa, el fiscal comunicará la suspensión al órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma que corresponda.
Una vez que se cumpla este paso, «se dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad acusada, designando, al mismo tiempo y en la misma resolución, a quien la reemplazará temporalmente» durante el enjuiciamiento respectivo.
El artículo 146 de la norma dice que «si concluido el juicio el juez determinare la inocencia de la autoridad procesada, en la misma sentencia dispondrá su restitución inmediata al cargo sin perjuicio de los recursos legales que la Constitución Política del Estado y las leyes franquean a las partes y al Ministerio Público».
José Amás (PAN):
‘La suspensión se va a dar’
«La suspensión de Mario Cossío se va a dar en cumplimiento a los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y nosotros hemos jurado cumplir y hacer cumplir las leyes, no podemos cambiar el criterio que dictamina la ley en el país. Como bancada del PAN vamos a actuar de manera disciplinada buscando a la persona idónea de consenso para sustituir y unificar al departamento».
Marcelo Poma (MAS):
‘La ley se acata’
«La normativa jurídica indica la suspensión de Mario Cossío, que tiene que entrar a juicio sin investidura y que debe designarse a un asambleísta departamental para que lo supla temporalmente en el cargo. No podemos interpretar las leyes, sólo acatarlas. Eso se hará el día de mañana (hoy) y esperamos que se realice en un ambiente de tranquilidad y entendimiento pues la ley se acata».