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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 16:04 PM

PARAGUAY OTORGA REFUGIO ‘PROVISORIO’ A MARIO COSSÍO

Reporte. La Embajada en Asunción informó que el acusado se trasladó a Perú

Por La Razón

/ 25 de diciembre de 2010 / 05:00

Paraguay, vía la Comisión Nacional para Refugiados (Conare), concedió «refugio provisorio» al suspendido gobernador Mario Cossío, entretanto se resuelva una solicitud de asilo. Paralelamente, la embajada boliviana en Asunción reportó que el acusado se desplazó al Perú.    

La Conare, según informó ayer desde Montevideo la agencia de noticias AFP, señaló que «en cumplimiento de sus atribuciones expidió un documento de duración provisoria» que autoriza a Cossío a residir en ese país «hasta que su caso (pedido de asilo) sea resuelto». La Comisión está presidida por el secretario de Asuntos Consulares y Generales de la Cancillería paraguaya.

El cónsul del vecino país en Santa Cruz, Ramón Amado, en contacto con Fides, confirmó que la suspendida autoridad ingresó a Paraguay por Ciudad del Este del departamento de Alto Paraná, limítrofe con Argentina y Brasil, y que el jueves estuvo averiguando en la Cancillería los requisitos para tramitar un asilo o un refugio político.

El acusado por un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos fue suspendido de su cargo el 15 de diciembre. Dos días después apareció  en una entrevista televisiva y el jueves 23, en una audiencia judicial, su hija, Silvana, presentó un memorial en el que hizo conocer que su padre estaba fuera de Tarija. Ese día surgieron rumores sobre su fuga a Paraguay.

El primer secretario de la embajada boliviana en Asunción, Carlos Urquizo, informó a la red Erbol que tienen la información de que Cossío ingresó a territorio paraguayo y que el martes abordó una aeronave con destino al Perú. «Por información que tenemos, de acuerdo con las autoridades paraguayas de Migración, Cossío pasó por Paraguay rumbo al Perú el 21 de diciembre», dijo Urquizo.

En La Paz, el director de Extranjería de Migración, Boris Rodríguez, indicó que no recibió ningún reporte de los puestos fronterizos y de aeropuertos sobre la eventual salida del país del acusado. «Si es que hubiera salido de Bolivia, hubiera tenido que evadir los puntos fronterizos», afirmó.

Ante las versiones de que Cossío llegó al Perú vía Asunción, la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, sostuvo que es necesario verificar el lugar exacto de ubicación de la suspendida autoridad tarijeña para tramitar cooperación de instancias como la Policía Internacional (Interpol) para solicitar su aprehensión y eventual extradición.

Amado evitó señalar si el gobernador opositor permanece o no en Asunción. «En este momento no sabemos si sigue en Asunción, pero sí estuvo», insistió el diplomático. La Conare tiene un plazo de 90 días para aceptar o rechazar la petición de la suspendida autoridad boliviana. El presidente paraguayo, Fernando Lugo, tiene la última palabra en la resolución de trámites de asilo o refugio, explicó Amado.

Entre 2006 y 2009, Cossío  ejerció el cargo de prefecto del departamento de Tarija. El 10 de agosto del 2008 fue ratificado en el cargo en el referéndum revocatorio convocado por el Gobierno. El 4 de abril fue elegido como Gobernador de Tarija por un período de cinco años. Fue posesionado, junto a otros ocho gobernadores, el 30 de mayo, en la ciudad de Sucre.

La Fiscalía lo acusó por la compra irregular de asfalto; el caso es conocido como Imbolsur. El fiscal Gilbert Muñoz señaló que no tiene información oficial sobre la huida de Cossío, pero adelantó que el lunes tramitará  la declaratoria de rebeldía del acusado y la orden de aprehensión.

«El día lunes vamos a hacer que se lo declare rebelde; eso significa que inmediatamente se extienda un mandamiento de aprehensión que tiene vigencia a nivel nacional, la Policía tendrá que ver el tema. Si posteriormente se establece que está fuera del país, se puede tramitar su extradición», dijo el representante del Ministerio Público.

No se conoce con exactitud la fecha y la ruta que utilizó el suspendido gobernador para salir de Bolivia. Burló el control policial que, desde la fecha de su suspensión, se reforzó en los alrededores de su domicilio, además de la alerta en los puestos fronterizos. Cossío, se informó, no tenía arraigo que le impida abandonar Bolivia.

Primer gobernador suspendido

Suspensión
Mario Cossío se constituyó en el primer gobernador suspendido por el artículo 144 de la Ley de Autonomía, que prevé la suspensión a sola acusación fiscal. El suspendido gobernador tiene denuncias por más de $us 39 millones. 

La Fiscalía espera un informe de la Policía

La Fiscalía espera un informe del Comando de la Policía de Tarija sobre las previsiones que tomaron para vigilar y evitar la huida del suspendido gobernador Mario Cossío. Los uniformados vigilaban la casa del acusado de un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos.

El fiscal del caso, Gilbert Muñoz, recordó que solicitó a la Policía redoblar la vigilancia para evitar la fuga de Cossío. «La Policía, hasta el momento, no ha evacuado ningún informe», afirmó. El Gobernador fue suspendido del cargo por la Asamblea Legislativa, el 15 de diciembre. Desde entonces reapareció una sola vez y ayer se reveló que solicitó refugio político en Paraguay.

Fiscal pide detención de Lea Plaza

Hasta el cierre de edición no concluyó la audiencia de medidas cautelares del ex prefecto de Tarija, Mauricio Lea Plaza. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de la ex autoridad.

Lea Plaza, hombre de confianza del suspendido gobernador, Mario Cossío, es acusado, junto a los ex funcionarios públicos Bernardo Antezana y Jacob de la Cruz de un daño económico al Estado de ocho millones de bolivianos en la construcción de la presa El Molino.

También están involucrados en el caso Carlos Castrillo y Lourdes Hinojosa (funcionarios de la empresa supervisora de la obra MTCV Consultoras). El ex prefecto fue detenido a las 06.30 del jueves, en la puerta de su domicilio, mientras que el resto la tarde del miércoles. Una vez que prestaron sus declaraciones, la Fiscalía decidió llevarlos a audiencia de medidas cautelares.

«Durante la gestión 2007, Lea Plaza, por delegación del prefecto, firmó un contrato para la presa El Molino; éste sufre una modificación, se altera el objeto de la obra y se cambia la presa de hormigón compactado a arcilla compacta. Luego se firma un contrato modificatorio de precios y otro donde quedan sin efecto todas las modificaciones a la estructura», explicó el fiscal. Hasta el cierre de edición, 17.45, continuaba la audiencia cautelar de los acusados.

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Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

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A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

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Un censo histórico

Por La Razón

/ 24 de marzo de 2024 / 01:42

Como estaba previsto, ayer se realizó en Bolivia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Es un censo histórico que nos permitirá saber, a un año del Bicentenario, cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esta información es clave para el diseño de diferentes políticas públicas, así como para fines distributivos. Hay que esperar los datos con sensatez.

Según la tradición en el país, más allá de algunos imprevistos y hechos aislados, la jornada del operativo censal fue una nueva demostración de madurez cívica y participación ciudadana. Pese a la postergación de la fecha, que generó conflictividad regional en 2022, el Estado, a través del INE, cumplió con las actividades organizativas y logísticas requeridas para una movilización enorme en el territorio. Contó para ello con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

Pero se trató en especial de un día con protagonismo ciudadano. La visita a 5,8 millones de viviendas en el país fue posible por el trabajo de más de 750 mil censistas voluntarios, que desde primeras horas de la mañana se desplegaron en los lugares asignados en el marco de la cartografía actualizada. Y las personas y familias esperaron con expectativa para responder la boleta de 59 preguntas (diez más que en el censo 2012). Así, los intentos marginales por malograr el operativo fueron fallidos.

El censo 2024 es el duodécimo en nuestra historia (el cuarto en democracia) desde el primer recuento poblacional realizado en 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces el número de personas censadas en Bolivia fue de 1.088.768. Transcurridos 181 años, ese número subió a 10.059.856 en el último censo de 2012. En septiembre se contará con datos preliminares para saber cuántos somos en el presente. Se espera que esta información sea la base para la planificación pública de mediano y largo plazo.

Detrás de los datos estadísticos y lo que revelan en su desagregación con arreglo a diferentes variables, hay historias de vida, condiciones de existencia, flujos migratorios, situaciones personales y familiares, mucha diversidad. Los números no necesariamente expresan esa complejidad de la sociedad boliviana, pero son útiles para el necesario examen respecto a cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esa fotografía de hoy contribuye a trazar el rumbo del futuro. Ojalá sea con más derechos y menos desigualdades.

¿Por qué el censo 2024 es histórico? No solo porque es el recuento con el que llegaremos al Bicentenario de Bolivia, tampoco porque es el operativo más grande de nuestra historia, sino en especial porque se hace en un contexto de incertidumbre. Si esperamos con sensatez los resultados y los gestionamos con base en acuerdos y equilibrios (lejos de la polarización y de los desinformadores profesionales), este censo brindará algunas evidencias relevantes para mirarnos al espejo como país. No es poca cosa.

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Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

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En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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