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sábado 27 nov 2021 | Actualizado a 13:11

Extradición de Cossío no es posible por ahora

Asunción. El pedido de refugio generó reacciones de tipo política

Posición. El gobernador tarijeño suspendido, Mario Cossío, en Asunción, explica su situación.

Por La Razón

/ 29 de diciembre de 2010 / 05:00

El «refugio provisorio» concedido al suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, suspende la tramitación de cualquier solicitud de extradición en su contra, hasta tanto se tome una decisión final sobre su pedido de refugio político, informó la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ante la Conare, Rodolfo Aseretto, explicó que el documento que se entregó al ciudadano boliviano le permite gozar de todos lo derechos que tiene un refugiado político. 

«Este señor (Cossío)  está amparado por la Ley 1938/02, que en su artículo 24 dice que la interposición de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado suspende la tramitación de cualquier solicitud de extradición hasta tanto sea resuelto el pedido de refugio por la Conare», afirmó Aseretto en declaraciones publicadas por el diario ABC, de Asunción.

La suspendida autoridad salió de Bolivia luego de que la Asamblea de Tarija, el 15 de diciembre, lo suspendiera del cargo en atención al pedido del fiscal Gilbert Muñoz, quien lo acusa de un daño económico de Bs 1,3 millones por la compra de asfalto. El 22 de diciembre, en Asunción, se le concedió el refugio provisorio.

La justicia, el lunes, declaró rebelde al acusado y ordenó su aprehensión nacional. Muñoz explicó que, a partir de la decisión judicial, la Fiscalía General tramitará la captura y extradición de la autoridad. «El pedido de refugio está en proceso de estudio,  mientras tanto tiene los mismos derechos que un refugiado. Esto hasta que el comité resuelva el tema», insistió el representante de NNUU.

La presencia y el pedido del gobernador suspendido en Paraguay también provocó repercusiones en el ámbito político. Según un reporte de ABC, existen «varios» partidos  de izquierda  que se manifestaron en contra de otorgar el refugio.

Para la diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Aída Robles,  no amerita dar asilo político al acusado, porque, según las informaciones que maneja, el ex funcionario está acusado de mala administración.

La legisladora, miembro de la  Conare, calificó la  situación de «complicada». En contraposición, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado paraguayo, Miguel Abdón Saguier (oficialista), consideró ayer que «el pedido de refugio debe ser concedido sin más trámite en base a las normativas consagradas en la ley general sobre refugiados». La Conare tiene 90 días para pronunciarse sobre la solicitud. Cossío se declaró un perseguido político.

Denuncia dictadura

Mario Cossío fue suspendido de su cargo el 15 de diciembre por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, debido a una acusación formal por parte del fiscal Gilbert Muñoz. Es acusado de más de una veintena de caso vinculados con la corrupción, que representarían un daño económico de más de 39 millones de dólares. En una entrevista concedida al periódico paraguayo ABC   denunció que fue derrocado por la dictadura y que su vida corría peligro en Bolivia.

«Yo sigo siendo gobernador. Me sacaron del cargo, pero sigo siendo gobernador. Me sacaron físicamente del cargo, pero ante la Constitución y ante la voluntad popular sigo siendo el gobernador. Lo que hay en Tarija hoy es un interventor impuesto por la dictadura», afirmó. También explicó que se le inició un proceso por no haber ejecutado una póliza de seguros que no excede los 190.000 dólares. Cossío está a la espera del resultado de su solicitud de refugio político.

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Cuarta ola

Se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2021 / 01:35

Hay indicadores preocupantes de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el territorio nacional. Después de tres eventos similares, se entiende que debería existir una estrategia para enfrentar una cuarta ola de la pandemia. No basta con insistir en que hay vacunas disponibles, se precisan orientaciones integrales claras y acuerdos concretos entre las instancias responsables.

Las noticias globales no son buenas acerca del control del COVID- 19. Europa está enfrentando un rápido aumento de contagios, se están endureciendo las medidas de restricción y en algunos países se está incluso imponiendo cuarentenas rígidas. En Sudáfrica ha aparecido una cepa nueva particularmente contagiosa y en América Latina empieza a incrementarse el número de casos positivos. Todo eso, en contextos en los que la cobertura de vacunación ya está en 60%.

Es evidente que el planeta está aún muy lejos de un escenario de superación de la pandemia. Parece que viviremos mucho más tiempo con el virus. La vacunación es una herramienta potente para administrar esa “nueva normalidad” pero no es una panacea, habrá frecuentes rebrotes con gran costo humano. Por tanto, hay que tener una estrategia permanente de prevención, restricciones parciales y asistencia médica reforzada de la enfermedad.

En el país, en la última semana los casos positivos han aumentado en un 21% y el número promedio diario de contagiados se va acercando a los 1.000. No hay ninguna señal que indique que esa tendencia se va a atenuar. Es probable que ya nos encontramos en una cuarta ola que podría tener su pico en cuatro a seis semanas si vemos lo que pasó en anteriores eventos. Hay pues riesgos importantes para la población que no se deben minimizar.

Se reconoce el esfuerzo gubernamental para conseguir vacunas. Hoy, ese no es el problema. Después de aumentar rápidamente, las coberturas de inmunización avanzan lentamente pese a la ampliación de la población que puede acceder a ellas. La debilidad de las entidades subnacionales en ese ámbito es evidente y no se resuelve. Frente a ese panorama, resultan insuficientes las llamadas de autoridades del Gobierno nacional a que se acelere el proceso. Se requieren acciones más claras y contundentes.

De igual manera, entendiendo el cansancio de todos, sorprende el debilitamiento de las campañas de comunicación y del esfuerzo preventivo. Las autoridades nacionales y locales repiten mecánicamente que debemos protegernos, pero no hay medidas masivas que acompañen esos llamados, ni a nivel central y menos aún en los gobiernos departamentales y municipales.

En resumen, se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas para preparar al país a un nuevo momento complicado de la pandemia. Esa será inevitablemente una prioridad nacional en los próximos meses. Se espera que todas las autoridades y la población en su conjunto colaboremos.

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Acabar con la violencia

Guardar silencio o mirar a otro lado cuando ocurren estos casos solo abona a perpetuar la violencia patriarcal.

Por La Razón

/ 26 de noviembre de 2021 / 00:46

Ayer se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que convoca a las personas a pensar en ello y reconocer el profundo costo que tiene para toda la sociedad y no solo para las víctimas de las innumerables formas de maltrato que caen sobre ellas. Como todos los años, sobraron los discursos y manifestaciones, pero ¿cuánto cambia?

En primer lugar, cambia año tras año la cifra de casos denunciados ante la Fiscalía: si en 2020 se conoció de 25.554 denuncias de mujeres contra sus agresores por violencia familiar o doméstica (más del 99% de los casos), económica, patrimonial y laboral, en 2021, hasta mediados de noviembre, se habían presentado 32.904 denuncias, sobre los mismos tipos de violencia más acoso político y violencia política contra las mujeres.

Los feminicidios, sin duda la peor de todas las formas de violencia contra las mujeres, también se incrementan año a año: si en 2020 se lamentó la pérdida de 103 vidas a manos de varones asesinos de mujeres, en lo que va de 2021 ya se contabilizan 99 casos y falta ver qué sucederá en las últimas semanas del año, cuando junto con las fiestas se multiplican los casos de agresión hacia mujeres de todas las edades.

Irónicamente quedan fuera de la estadística del Ministerio Público los casos de violencia sexual contra las mujeres, especialmente adolescentes y niñas, que en un gran porcentaje se agravan con embarazos no deseados. El caso de una niña en Yapacaní, semanas atrás, concitó gran atención mediática y provocó encendidos debates entre quienes “defienden” la vida del ser en gestación y quienes defienden los más elementales derechos de esa niña violada sexualmente y luego mediáticamente. La suma de violencias que recaen sobre la víctima fue ostensible y desgarradora.

La Ley 348, Contra todo Tipo de Violencia hacia las Mujeres, promulgada hace más de ocho años, reconoce y tipifica 16 tipos de violencia contra ellas, y sin embargo los colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de esta mitad de la población reclaman que no se cubren todas las posibles formas de agresión y, sobre todo, que la norma tiene deficiencias que pueden y deben ser enmendadas. La incapacidad del Estado para corregir y mejorar la norma debería ser considerada también una forma de violencia, evidentemente estructural.

Parece ocioso hacer recuento de las múltiples formas de violencia, la mayor parte de ellas naturalizadas y por tanto casi invisibles, y sin embargo es un ejercicio que debe hacerse en los medios y en cuanto espacio haya para la conversación y el debate. Es evidente que guardar silencio o mirar a otro lado cuando ocurren estos casos solo abona a perpetuar la violencia patriarcal. El Estado tiene grandes obligaciones al respecto, pero la sociedad en pleno debe exigir un nuevo contrato entre hombres y mujeres, en el que la igualdad sea el horizonte común y la violencia sea rechazada por todas y todos.

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Dos masacres sin justicia

Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:10

La coyuntura crítica de fines de 2019 dejó varios hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos, como fue documentado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin duda el más crítico para la convivencia en sociedad fueron las masacres de Sacaba y Senkata. La exigencia irrenunciable es verdad, reparación, justicia y no repetición.

Pocos días después del derrocamiento del expresidente Morales, el régimen inconstitucional de Áñez se estrenó con un decreto supremo de impunidad seguido de dos masacres. Según el informe del GIEI, “la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. El saldo fueron 20 muertes producidas por armas de fuego de la fuerza pública, ejecuciones sumarias, torturas y tratos inhumanos a los detenidos.

En el contexto de la “transición”, promovida y avalada por jefes de la oposición, la jerarquía católica y algunos diplomáticos, se instalaron eficazmente narrativas para ocultar, justificar y hasta legitimar las masacres. Los operadores mediáticos del régimen hablaron de enfrentamientos y de “fuego cruzado” donde hubo masacres. Y, según el guion de los exministros Murillo y López, informaron que los manifestantes “se mataron entre ellos” en Sacaba e “iban a hacer volar la planta de gas” en Senkata.

El robusto informe del GIEI (468 páginas) demostró de manera inequívoca que dichas narrativas fueron falsas. No hubo “enfrentamiento” entre la fuerza pública y “movimientos violentos”, sino graves violaciones de los derechos humanos. Además de las masacres, se produjeron torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Todo ello, en nombre de la “pacificación”. Y con la complicidad o silencio de diferentes actores.

Despejadas las mentiras sobre las masacres de Sacaba y Senkata, la exigencia irrenunciable como país es que haya reparación y justicia. Transcurridos dos años, la justicia no llega. Con una administración judicial en crisis, el Gobierno parece más empeñado en el ajuste de cuentas del “caso Golpe”. Y la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Áñez, que debiera aprobarse por unanimidad en la Asamblea Legislativa, tropieza con el deplorable veto de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad. La garantía de justicia y de no repetición pasan por enjuiciar y sancionar a los responsables con la máxima pena. En ello no caben relatos ni excusas. La premisa por supuesto es que se respeten los principios de presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso. El imperativo de convivencia democrática en sociedad es que nunca más en Bolivia se produzca una masacre en nombre de nada.

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Mujeres desempleadas

El Gobierno habla de grandes avances en el último año, pero también hay pendientes.

Por La Razón

/ 22 de noviembre de 2021 / 01:11

Es bien sabido que la combinación de falta de preparación con los rigores por la pandemia global del COVID-19 tuvo en 2020 un impacto generalizado sobre la economía y mucho más sobre el mercado laboral, particularmente en países como Bolivia, donde los puestos de trabajo formal son muy escasos. El Gobierno habla de grandes avances en el último año, pero también hay pendientes.

Entre esos pendientes destaca particularmente la situación de jóvenes y mujeres en edad de trabajar, dos sectores de la población que tienen preocupantes índices de desocupación. Según el Presidente del Estado, en 2020, la tasa de desocupación urbana tuvo su pico en 11,6% de personas en edad de trabajar sin empleo; había subido sin descanso desde octubre de 2019, cuando el indicador estaba en 4,3%; en septiembre de 2021 había llegado a 6,2%. Sin embargo, si el dato del desempleo se desagrega por sexo, resulta que 7,4% de las mujeres en edad de trabajar no tienen empleo, y si el análisis se realiza por edad, las y los jóvenes de 18 a 28 años de edad tienen un índice de desocupación de 9,8%.

Según un economista consultado por este diario, el principal obstáculo para la incorporación de más jóvenes en el mercado laboral está en su falta de experiencia; en el caso de las mujeres, la situación es mucho peor: son discriminadas en la selección de personal debido a los “costos laborales” asociados a su género, particularmente el embarazo y las protecciones que llegan con él para las mujeres asalariadas. La solución, dice, es crear incentivos, como por ejemplo eliminar la figura del salario mínimo.

El Presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia opina que el país debe recuperar al menos 400.000 empleos y atribuye el retraso en esta tarea a una visión “sesgada” del Gobierno que se rehúsa a acordar con el sector privado mecanismos de reactivación económica. El Gerente de la Cámara Nacional de Comercio coincide en la necesidad de esta articulación entre el sector público y el privado. Opina que es necesaria una “agenda de trabajo” que tenga el objetivo de “generar sostenibilidad y credibilidad en las familias para que pueda haber paz social”.

Si bien las propuestas parecen inclinarse al tradicional liberalismo, en el que el Estado participa lo menos posible, no es desdeñable la voluntad de los agentes privados por buscar acuerdos con el Gobierno para revertir la situación actual. Cabe, sin embargo, preguntarse si tal voluntad pasa por comprometerse a trabajar de manera mancomunada o simplemente dejar a cuenta del Estado algunos costos laborales.

Por su parte, el Estado, particularmente el Gobierno nacional, debe generar incentivos para el sector privado, no necesariamente a través de subsidios, sino a través de otros mecanismos que podrían favorecer la contratación de más jóvenes y más mujeres en las empresas, sin que ello ponga en riesgo la calidad de su empleo o su sostenibilidad en el tiempo.

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Los juristas y la reforma

Los juristas tienen a su favor una población que, en amplia mayoría, desconfía de la justicia y demanda su reforma.

Por La Razón

/ 21 de noviembre de 2021 / 00:24

Tras dos meses de bajo perfil desde que presentaron su propuesta de reforma de la justicia, el grupo de “juristas independientes” dio un nuevo paso: la imprimió. No está mal, aunque del libro al referéndum para la reforma constitucional hay todavía un trecho. La buena noticia es que este tipo de propuestas alienta el debate público sobre una reforma ya impostergable.

Antes de analizar la propuesta (hoy libro), es necesario situar desde dónde se habla. Los proponentes hacen un esfuerzo especial por representarse como “juristas independientes”. Tanto empeño parece demostrar que tal independencia, como ocurre con algunos operadores mediáticos, es una argucia. La mayoría de los juristas, algunos destacados en su campo, provienen de la oposición (hay hasta excandidatos). Claro que ello no invalida su propuesta, pero es bueno asumir la fuente con transparencia.

Veamos la propuesta. El diagnóstico es certero: tenemos una insoportable crisis terminal del sistema de administración de justicia. No es un dato de coyuntura ni algo simple. Aunque la crisis es de larga data, hoy el sistema está agotado. La justicia privilegia a unos pocos, los jueces están lejos de ser idóneos e independientes, hay retardación, en los juzgados prima la corrupción, el presupuesto asignado es insuficiente, en fin, hay abuso de la detención preventiva y hacinamiento carcelario.

¿Qué hacer? La propuesta supone una reforma parcial de la Constitución Política del Estado: modificar 12 artículos e incluir dos nuevos. Los ejes tienen que ver con la creación de jueces de paz para garantizar el acceso a la justicia, la revalorización de la justicia indígena a fin de asumir el pluralismo jurídico y un salto presupuestario con previsiones para su buena administración. Pero sin duda el núcleo propositivo está en la modificación del mecanismo de elección de las altas autoridades judiciales.

Los juristas no independientes proponen dos cambios de fondo. El primero es que, en lugar del actual proceso de preselección de postulantes a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se conforme una Comisión de Postulantes para la elaboración de ternas, de las cuales la Asamblea elige. El segundo cambio es que, en vez de la votación popular, el soberano se pronuncie en un referéndum ratificatorio o denegatorio (en rigor, se trata de un plebiscito). Comisión, Asamblea, urnas. Parece complicado.

Para lograr esta reforma, que pasa por modificar la Constitución, los proponentes apuestan por la iniciativa ciudadana. No quieren nada con el Estado ni, menos, con el Gobierno. La iniciativa requiere, nada menos, casi un millón y medio de firmas. Por ahora hay mil libros impresos y, entendemos, voluntad deliberativa. Los juristas tienen a su favor una población que, en amplia mayoría, desconfía de la justicia y demanda su reforma. Ojalá las propuestas se multipliquen, se conozcan y se debatan.

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