Nacional

domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 09:00

Se analiza porcentaje de incremento del prediario

El tema está en manos de autoridades del Gobierno y de las gobernaciones

Por La Razón

/ 29 de diciembre de 2010 / 05:00

El Gobierno y las gobernaciones estudian los porcentajes del posible incremento del prediario de los reclusos de los distintos recintos carcelarios. El prediario alcanza actualmente a 5,5 bolivianos y cubre el desayuno, el almuerzo y la cena.

La información fue proporcionada por el director general de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, quien informó de que las instituciones vinculadas con el tema se reunieron en Cochabamba, justamente, para estudiar la posibilidad de incrementar este presupuesto.

«Se han sentado las bases del pedido de la subida del prediario y en ese marco, los regímenes penitenciarios departamentales y las gobernaciones están haciendo el análisis respectivo», explicó, aunque evitó dar mayores detalles.

El prediario es el beneficio otorgado a cada uno de los privados de libertad para solventar gastos por concepto de desayuno, almuerzo y cena. Según Sueiro, existen 9.100 presos en los recintos carcelarios.

Aunque reconoció que hay diferentes necesidades en las cárceles del país que van desde la solución del hacinamiento hasta las refacciones que requiere la infraestructura carcelaria, informó de que no conoce el presupuesto asignado a Régimen Penitenciario para el 2011.

La autoridad fue posesionada en el cargo el 8 de diciembre. Reclusos de recintos carcelarios, como San Pedro de La Paz, se movilizaron en contra de la designación. Recordó que el 30 por ciento de la población carcelaria tiene sentencia ejecutoriada, mientras que el resto sólo detención preventiva.  Identificó a la retardación de justicia  como factor del hacinamiento.

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‘Caso cerrado’

Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte.

Por La Razón

/ 24 de octubre de 2021 / 00:52

Por distintos motivos y con diferentes efectos, tanto el Ministerio Público del país como la OEA de Almagro han dado por cerradas las investigaciones sobre las elecciones de octubre de 2019. Casi dos años después, la Fiscalía no encontró indicios de delitos electorales, en tanto que una secretaría de la OEA asegura que el proceso electoral “es imposible de reconstruir”.

Más allá del uso instrumental de la cuestión en el marco de la renovada disputa sobre los hechos del año 2019, el supuesto “fraude” se mantiene con vigor y distorsiones en la agenda pública y mediática. No parece, por tanto, un “caso cerrado”. Lo es formalmente en la Justicia boliviana, que ante la ausencia de elementos de prueba dictó el sobreseimiento de todos los exvocales electorales. Pero está lejos de serlo en el debate político y respecto al cuestionado papel de Almagro y sus operadores.

Pese al tiempo transcurrido desde las elecciones 2019, actores del oficialismo y de la oposición continúan empeñados en atizar la contienda en torno a dicho proceso. Debe recordarse que como efecto de la coyuntura crítica poselectoral, que derivó en el derrocamiento del expresidente Morales y la autoproclamación de un régimen provisorio, un acuerdo político dejó los comicios “sin efecto legal” (la anulación de elecciones no existe en nuestro ordenamiento jurídico). Pero los relatos continúan.

Como sea, la divergencia más profunda tiene que ver con el cada vez más opaco desempeño del secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA, Francisco Guerrero. Este señor fue el operador de Almagro en la Misión de Observación Electoral que un día después de las elecciones, sin esperar resultados oficiales, asentó la falacia del “cambio drástico en la tendencia de los resultados preliminares”, nunca probada en el cómputo, y anunció recomendaciones “de cara a una segunda vuelta” (sic).

Esa suerte de sentencia previa, que de entrada descalificó el proceso electoral y sus resultados, se expresó en el “Análisis de Integridad Electoral” realizado por el equipo de Almagro, que acorde al curso de la crisis política terminó planteando no segunda vuelta, sino nuevas elecciones. Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte de la OEA, suscrito por dos observadoras de la Unión Europea y exhibido como “prueba del fraude” por la oposición boliviana.

A estas alturas, parece improbable reconstruir de manera terminante e inequívoca el proceso electoral (los recuentos oficiales de actas no valen). Lo incuestionable hoy son los comicios 2020 (con abultada victoria del MAS-IPSP, incluidas las 226 mesas que a los “auditores” de la OEA les parecieron raras en 2019). Igual, por razones democráticas es fundamental esclarecer el papel de Almagro y los suyos en esta historia. Le hará bien a la OEA y su cada vez más residual “dignidad institucional”. 

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Confianza en los bancos

La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2021 / 01:23

La confianza en el sistema financiero es uno de los pilares de la estabilidad económica. Preocupa que personas inescrupulosas se estén dedicando a erosionarla manipulando eventos dolosos que habrían afectado a algunas entidades bancarias. La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente, despejando las dudas y asegurando que los afectados serán atendidos.

En estas semanas han aparecido denuncias y rumores que se refieren a supuestos desfalcos de cuentas de clientes de algunos bancos del sistema. Obviamente eso ha generado preocupación y alarma en muchos ciudadanos. Las autoridades del sector han informado que se habrían producido ciertos eventos producto de “hackeos” de dispositivos móviles que los usuarios utilizan para acceder a sus cuentas, pero también han descartado que se trate de una vulneración grave de los sistemas informáticos de las entidades afectadas. La investigación estaría en curso.

Como muchos rumores dañinos, su origen es un hecho que se ha producido, pero que luego es magnificado y manipulado para afectar negativamente la reputación de bancos o de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

Este tipo de acciones son reprochables y muy peligrosas porque la solidez del sistema financiero se basa en la confianza de los depositantes de que sus recursos están bien resguardados. Cuando se generan sentimientos de inseguridad o de duda sobre este aspecto, se pueden inducir comportamientos apresurados que si se masifican podrían impactar gravemente en todo el sistema. En pocas palabras, se está jugando con fuego.

Justamente porque no es una cuestión menor y por sus riesgos para la economía, se precisa de una acción enérgica y oportuna de los responsables de las entidades afectadas y de las autoridades gubernamentales. En primer lugar, esclareciendo las situaciones y aportando información clara y certera sobre el número de eventos, su dimensión y las razones de su ocurrencia. La transparencia es un instrumento central en estos casos.

Por otra parte, se esperaría una actitud eficaz y rápida de las entidades involucradas para tranquilizar a sus clientes, prestarles toda la información que requieren y apoyar a los que podrían haber sido afectados. En un mundo en el que las percepciones son vitales para incidir en las actitudes y comportamientos, no se puede dejar las cosas al azar, hay que reforzar la sensación de escucha, protección y atención de los usuarios del sistema financiero.

Finalmente, estos eventos deberían servir también para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos reflexionemos sobre la prudencia que se debe guardar al compartir ciertos datos en redes y otros canales de información. Sería deplorable que las inquinas políticas irracionales produzcan daños que toda la sociedad va a lamentar.

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Legitimación de ganancias

Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

Por La Razón

/ 22 de octubre de 2021 / 01:36

Notablemente disminuida en comparación con el paro cívico de la semana pasada, ayer comenzó la segunda ronda de movilizaciones contra la normativa que establece el marco legal para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento de actividades terroristas. Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

El balance del primer día de paro se resume en que Potosí cumple con la medida de presión y los gremiales, divididos y mermados en número, marcharon en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, El Alto y Tarija; en casi todas las ciudades la Policía evitó bloqueos, y no se tienen noticias de mayores enfrentamientos. También destaca el firme apoyo del Comité pro Santa Cruz a los movilizados, pero claramente sin disponer sus recursos en público, como cuando convoca a la población a movilizarse.

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ofreció una interpretación extrema del contenido de la Ley 1368 y de su anexo, afirmando que la norma, promulgada el 28 de julio último, daría poco menos que poderes absolutos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para perseguir penalmente a cualquier ciudadano. Irónicamente, ese extremo se produjo en la gestión del ministro de Gobierno transitorio en 2020, y no hizo falta la existencia de la ley que hoy se rechaza para perpetrar el abuso.

El presidente de los cívicos cruceños salió nuevamente por sus fueros afirmando que no se trata de una actividad “política”, denotando su falta de capacidad para comprender el concepto; al frente, autoridades de gobierno afirmaron nuevamente que se trata de actividades “golpistas”. En la Asamblea Legislativa Plurinacional varios asambleístas llamaron al diálogo entre las partes, incluso uno de ellos mediante carta remitida al Presidente. Cabe preguntarse, sin embargo, si aún realizándose una negociación con los hoy movilizados, las autoridades estarán con su verdadero interlocutor.

Es evidente que la ley y su anexo nombran al sector gremialista, pero es necesario distinguir al comerciante que se gana la vida mediante su trabajo, asalariado o no, como vendedor de bienes de aquel que importa, en ocasiones de contrabando, esos bienes, y que a diferencia del primero, que subsiste como buenamente puede, goza de gran fortuna y la ostenta, por ejemplo en fiestas o en palacetes de sofisticada arquitectura.

El Gobierno falla ostensiblemente en su necesidad de instalar no solo una idea o un conjunto de ideas en el debate público que faciliten la gobernabilidad, sino también un espacio de diálogo donde proponer iniciativas y buscar consensos con los actores relevantes de la oposición, que han logrado apropiarse de una parte del debate público obteniendo apenas respuestas reactivas por parte del oficialismo, que o todavía cree tener la hegemonía en los sectores populares o no sabe cómo remediar la paulatina pérdida de ésta.

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Un año después

Las y los bolivianos debemos reafirmar que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles.

Por La Razón

/ 20 de octubre de 2021 / 02:11

Hace un año, contra todo pronóstico, el binomio presidencial del MAS-IPSP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta de votos. El contundente resultado (55%, 26 puntos más que el segundo) impidió que prosperara nuevamente la narrativa del “fraude”. Luego de un oscuro régimen provisorio, se retomó así la conformación del gobierno con la legitimidad de las urnas.

Los comicios de octubre de 2020 fueron la salida pacífica y democrática a la crisis políticoinstitucional de fines de 2019, producida tras las fallidas elecciones de ese año y el posterior derrocamiento del expresidente Morales. Convocados originalmente para mayo y postergados tres veces, se realizaron en un contexto de crisis múltiple, polarización y pandemia. Una vez más, la alta participación ciudadana en una jornada electoral sin incidentes demostró la fortaleza de los votos para elegir y decidir.

Para el MAS-IPSP, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca (que por primera vez desde 2005 sustituyó al binomio ganador Morales/ García Linera) tiene un sentido no solo electoral, sino en especial de recuperación de la democracia. La premisa es que, en noviembre de 2019, con la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, se produjo una ruptura del orden constitucional y democrático. Por supuesto la oposición asegura más bien que en 2019 cayó el régimen autoritario y prorrogativo de Evo.

Más allá de la persistente disputa de narrativas sobre la crisis de octubre y noviembre de 2019, lo cierto es que la democracia boliviana y su renovada institucionalidad electoral permitieron concurrir libremente a las urnas hace un año y decidir mediante el voto (no las botas, no el quiebre, no las masacres) la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Claro que no faltaron grupos antidemocráticos que pretendieron desconocer la voluntad ciudadana con el pedido de “junta militar”.

Hace poco, Bolivia celebró 39 años desde que, en octubre de 1982, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, transitamos a la democracia. Durante este período hubo coyunturas críticas, que derivaron en salidas políticas como el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo (1985), las sucesiones constitucionales tras las renuncias de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005), y la mencionada autoproclamación, declarada inconstitucional por el TCP, de Jeanine Áñez (2019).

Un año después de los comicios generales de 2020, las y los bolivianos debemos reafirmar sin condiciones que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles territoriales del Estado. Esa legitimidad de origen no necesariamente garantiza la legitimidad de ejercicio. Es importante asumir que la elección democrática es una condición necesaria, pero no suficiente: también hay que gobernar democráticamente, con deliberación pública y amplia participación ciudadana.

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18 años de impunidad

Lo que ha quedado pendiente ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia.

Por La Razón

/ 18 de octubre de 2021 / 00:19

Ayer se han recordado 18 años del día en que Gonzalo Sánchez de Lozada y los pocos ministros que se mantenían en su gabinete presentaron sus renuncias y huyeron del país. La precipitada huida y renuncia llegaron precedidas de seis semanas de movilizaciones populares que dejaron al menos 58 personas muertas y 400 heridas. El expresidente huido todavía no ha afrontado a la Justicia.

La sucesión de hechos que condujo a la renuncia del entonces presidente y su círculo más cercano puede rastrearse hasta inicios de septiembre de ese año, cuando coincidieron diversas movilizaciones y protestas locales, entre ellas el bloqueo de caminos en el altiplano por los campesinos que portaban un pliego de demandas de 72 puntos; la población alteña que rechazó los nuevos formularios catastrales; y las protestas conducidas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra de la venta de gas natural a EEUU y su exportación por un puerto chileno.

Un frustrado operativo para rescatar a un grupo de turistas varados en Sorata a causa de los bloqueos de caminos, que terminó con cinco muertos, fue la primera gota que derramó el vaso, ya lleno desde febrero de ese año, cuando una anterior movilización popular en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno había provocado sangrientos enfrentamientos, primero entre militares y policías y luego contra la población movilizada, que había comenzado a causar estragos en oficinas públicas y comercios del centro de La Paz.

Ya para octubre la situación del gobierno era desesperada y el entonces Presidente, apoyado por organismos multilaterales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que no renunciaría. Los intentos militares por poner un alto a las protestas fueron infructuosos y dejaron más personas muertas y heridas; pero el domingo 12 fue el más sangriento de todos, cuando el intento de llevar gasolina hasta la ciudad de La Paz en un convoy militar provocó la masacre de 26 personas.

Cinco días después, el viernes 17, presionado por una opinión pública crecientemente adversa, nuevas movilizaciones de sectores populares y una huelga de hambre protagonizada por la clase media, que en la víspera se había convertido en multitudinaria manifestación en contra del gobierno, Sánchez de Lozada huyó rumbo a EEUU dejando una carta de renuncia que fue transmitida por fax al Congreso Nacional.

En esa ocasión no hubo ruptura del orden constitucional, pues el entonces vicepresidente asumió el mando solo después de que el pleno de Congreso hubo aceptado la renuncia del mandatario huido; no solo hubo quórum reglamentario en el Congreso, tampoco un militar “acomodó” la banda presidencial al sucesor y se contemplaron todas las formalidades para el traspaso de mando. Lo que ha quedado pendiente, a causa de un deficiente manejo del aparato judicial desde entonces, ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia, donde se cometieron los crímenes que hasta hoy se le imputan.

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